LAS DESAPARICIONES EN MÉXICO: UNA PLAGA QUE ACECHA A MORELOS
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 5 de marzo de 2026
En México, las desapariciones de personas representan una crisis multifacética que se clasifica principalmente en dos tipos según la legislación vigente: las desapariciones forzadas, donde intervienen agentes del Estado o particulares con su aquiescencia, y las desapariciones cometidas por particulares, sin participación directa gubernamental pero a menudo ligadas al crimen organizado.
Estas categorías abarcan desde secuestros por motivos políticos hasta aquellos impulsados por economías ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión o la trata de personas.
De acuerdo con datos oficiales, el país acumula más de 116 mil personas desaparecidas o no localizadas desde 1950, con un incremento drástico desde 2006, cuando la militarización de la seguridad pública exacerbó el problema. Esta realidad no solo viola derechos humanos fundamentales, como la libertad y la integridad, sino que genera un trauma colectivo en familias y comunidades, convirtiendo a México en una enorme tumba clandestina.
Históricamente, las desapariciones forzadas en México han sido un instrumento de represión estatal, particularmente durante la llamada “guerra sucia” de las décadas de 1960 a 1980, donde la Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, y diversas corporaciones policiales jugaron un rol central en la detención, tortura y desaparición de opositores, estudiantes, guerrilleros y críticos del régimen.
En aquellos años, la desaparición era una herramienta de control político: quien se enfrentaba al poder podía simplemente “desaparecer” sin dejar rastro.
En Morelos, esa lógica también operó. Quienes vivieron esos tiempos recuerdan frases escalofriantes que circulaban entre gobernadores y sus adversarios: “¿Por dónde se quiere ir? ¿Por Tres Marías o por Amacuzac? Pero váyase y que no lo vuelvan a ver por aquí”. Era el mensaje implícito de que la disidencia podía costar la vida y el olvido.
Hoy, aunque el perfil de las desapariciones ha cambiado, el uso político del tema persiste, especialmente en Morelos. Cada nuevo caso o cada cifra que sube se convierte en munición para los opositores al gobierno en turno. Las desapariciones se mencionan no solo para exigir justicia, sino también para atacar, deslegitimar y desgastar al adversario político. Lo que en otros tiempos era una práctica estatal encubierta, ahora se transforma en arma de campaña: se acusa al gobierno de omisión, de complicidad o de encubrimiento, y se repite el señalamiento hasta convertirlo en narrativa dominante.
Esta instrumentalización, aunque a veces parte de un dolor legítimo, diluye la urgencia de soluciones reales y convierte una tragedia humanitaria en moneda de cambio electoral.
En Morelos la crisis actual combina varios factores: la presencia de grupos del crimen organizado que reclutan, secuestran y desaparecen para el narcomenudeo, la extorsión o la trata; la debilidad institucional; y la impunidad que permite que los casos queden en el limbo. Familias enteras buscan a sus desaparecidos en fosas clandestinas, barrancas y caminos olvidados, mientras el discurso oficial y el opositor se enzarzan en una guerra de comunicados y conferencias.
Lo que antes era una desaparición ordenada desde el escritorio de un funcionario, hoy muchas veces ocurre en operativos de grupos armados que actúan con total libertad en territorios donde el Estado brilla por su ausencia.
La suma de todo esto dibuja un panorama desolador: México y Morelos no solo enfrentan una emergencia de derechos humanos, sino también una herida abierta que se infecta cada vez que se usa el dolor ajeno como ariete político.
Mientras las familias siguen buscando, mientras los números crecen y mientras la trata de personas se convierte en una de las formas más crueles y lucrativas de desaparición, urge pasar del señalamiento al acuerdo.
Porque las desapariciones no se resuelven con discursos ni con campañas de desprestigio: se resuelven con inteligencia, coordinación, valentía institucional y, sobre todo, con la voluntad de que nadie más tenga que preguntar por dónde se fue alguien para no volver a verlo.
