La disyuntiva de Margarita González Saravia: entre la contención de la crisis en la UAEM y el riesgo de un colapso institucional

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se encuentra ante una delicada disyuntiva en medio de la crisis de gobernabilidad que azota a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), agravada por los recientes feminicidios de estudiantes universitarias —como los casos de Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez— y la desaparición de Stephany Alondra Contreras Galarza, alumna de Nutrición.

Esta situación no solo genera indignación y movilizaciones estudiantiles masivas, sino que pone en jaque el liderazgo de Margarita como la primera mujer en el cargo, al exponer fallas en seguridad y respuesta institucional. Internamente, en la UAEM operan fuerzas divididas —estudiantiles, sindicales y académicas— que podrían presionar al Consejo Universitario para impulsar la destitución de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, acusada de negligencia y reacción tardía, lo que complicaría aún más el panorama político para la mandataria estatal si la crisis escala sin resolución efectiva.

LA CRÓNICA DE MORELOS elaboró un análisis prospectivo detallado sobre la crisis de gobernabilidad que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), agravada por los recientes feminicidios de estudiantes universitarias y la desaparición de Stephany Alondra Contreras Galarza. En este ejercicio se exploran tres escenarios —posible, probable y catastrófico— que evalúan la delicada disyuntiva en la que se encuentra la gobernadora Margarita González Saravia: desde la posibilidad de contener la crisis mediante acciones coordinadas y diálogo con la comunidad universitaria, hasta el riesgo de un colapso institucional que podría erosionar gravemente su liderazgo y derivar en presiones internas en el Consejo Universitario para la destitución de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.

ESCENARIO POSIBLE

En este escenario, la gobernadora Margarita González Saravia logra contener la crisis mediante un enfoque proactivo y colaborativo. Tras la desaparición de Stephanye Alondra Contreras Galarza y los feminicidios recientes, el gobierno estatal acelera la implementación de un proyecto integral de seguridad para la universidad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y demás instituciones de los tres órdenes de gobierno. Esto incluye mayor presencia policial en el campus de Chamilpa, protocolos de alerta temprana para desapariciones y programas de prevención de violencia de género, financiados con recursos estatales. Las protestas estudiantiles, que han incluido tomas de la Rectoría y marchas en Cuernavaca, se disipan gradualmente al ver avances concretos, como la localización rápida de Alondra (asumiendo un desenlace positivo) y progresos en las investigaciones de los feminicidios. La gobernadora mantiene diálogos abiertos con la comunidad universitaria, lo que fortalece su imagen como líder sensible, evitando un desgaste mayor en su administración. Sin embargo, persisten críticas en redes sociales y medios locales por el aumento general de feminicidios en Morelos, pero no escalan a un conflicto nacional. El resultado es una estabilización temporal de la gobernabilidad en la UAEM, con reformas menores que satisfacen a la mayoría de los involucrados.

ESCENARIO PROBABLE

Aquí, la crisis se prolonga con una intensidad media, generando presión política sostenida sobre la gobernadora. La desaparición de Alondra se suma a los feminicidios, exacerbando la percepción de inseguridad en la UAEM, donde ya se reportan asaltos, agresiones y secuestros en zonas aledañas. Las movilizaciones estudiantiles continúan, con paros indefinidos, bloqueos en avenidas clave y demandas de renuncia tanto a la rectora como a funcionarios estatales por negligencia. González Saravia responde con mensajes públicos de solidaridad y condenas a la violencia, pero las críticas por el incremento de desapariciones y feminicidios bajo su mandato se intensifican, señalándola de falta de empatía y acción efectiva. El gobierno logra algunos avances, como reuniones con colectivos de buscadoras y un aumento en el presupuesto para seguridad universitaria, pero no resuelve los casos rápidamente, lo que mantiene el descontento. Políticamente, esto erosiona su popularidad, obligándola a alianzas con el gobierno federal para apoyo en investigaciones, pero sin llegar a una destitución o renuncia. La UAEM enfrenta una gobernabilidad frágil, con posibles suspensiones académicas y un impacto en la matrícula, mientras el estado ve un leve repunte en la violencia de género sin cambios estructurales profundos. Las fuerzas internas en el Consejo Universitario generan debates intensos sobre la rectora, pero sin llegar a una destitución inmediata.

ESCENARIO CATASTRÓFICO

En el peor caso, la crisis escala a un caos generalizado que amenaza la estabilidad del gobierno estatal. Si Alondra no es localizada con vida, su caso se convierte en el detonante de protestas masivas, uniendo a estudiantes de la UAEM con colectivos feministas, familiares de víctimas previas y la sociedad civil en Morelos. Las movilizaciones se radicalizan, con vandalismo en instalaciones universitarias y estatales, bloqueos prolongados en Cuernavaca y Cuautla, y posibles enfrentamientos con fuerzas de seguridad. La gobernadora enfrenta acusaciones de negligencia grave, con llamados nacionales a su renuncia desde oposición y medios. Sus intentos de diálogo fallan, percibiéndose como insuficientes, lo que genera un vacío de autoridad en la UAEM, con renuncia masiva de directivos y suspensión indefinida de clases. Las fuerzas internas logran que el Consejo Universitario impulse y concrete la destitución de la rectora por mayoría, agravando el descontrol institucional. Políticamente, esto podría derivar en una intervención federal, escándalos de corrupción en la Fiscalía y un colapso en la imagen de González Saravia, forzando su dimisión o un juicio político. El impacto económico incluye pérdidas por parálisis universitaria y turismo afectado, mientras Morelos se convierte en símbolo nacional de fracaso en seguridad de género, con posibles brotes de violencia social extendida.

PERO EXISTIRÍA ADEMÁS UNA VERTIENTE DECIDIDA Y DE RESPUESTA INMEDIATA 

La gobernadora Margarita González Saravia opta por colocarse de manera absoluta y sin dilación al lado de la base estudiantil y las mujeres de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Reconociendo la gravedad de los feminicidios de jóvenes universitarias, así como la desaparición de Stephanye Alondra Contreras Galarza, la mandataria declara públicamente su solidaridad incondicional, se presenta en las asambleas estudiantiles, marcha junto a las alumnas y familiares de las víctimas, y anuncia medidas urgentes: instalación inmediata de un gabinete de crisis con participación directa de colectivos feministas y representantes estudiantiles, incremento exponencial de recursos para seguridad en el campus, creación de una comisión especial de búsqueda y justicia con voz de las afectadas, y un compromiso explícito de revisar y transparentar todas las investigaciones en curso. Esta postura rompería con cualquier percepción de distancia institucional, posicionándola como aliada directa de las demandas de las mujeres universitarias y transformando la crisis en una oportunidad para demostrar liderazgo feminista y sensibilidad ante la violencia de género, aunque ello implique confrontar resistencias internas en el gobierno estatal y en la propia estructura universitaria.