PARO EN LA UAEM: DE LA INDIGNACIÓN LEGÍTIMA AL IMPASSE INSOSTENIBLE
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 12 de marzo de 2026
La resistencia estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) parece haber llegado a un punto de agotamiento argumentativo tras varias semanas de paro indefinido. Lo que inició como una legítima exigencia de justicia por los feminicidios de compañeras como Kimberly Ramos y Karol Toledo, y demandas de mayor seguridad en el campus, derivó en una postura rígida que incluye la destitución de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.
Sin embargo, los argumentos centrales —falta de diálogo y respuestas tardías— han perdido fuerza ante la realidad de que los canales de comunicación con las más altas autoridades universitarias y estatales permanecen abiertos. Los exhortos al diálogo no se han detenido, y la insistencia en mantener el paro sin avances concretos empieza a evidenciar una resistencia que, más que fuerza, revela desgaste.
La anunciada “mega-marcha” de este miércoles, presentada como un evento masivo que demostraría el respaldo mayoritario al movimiento, no cumplió con las expectativas. Lejos de congregar a miles en una demostración imponente, la movilización resultó modesta en comparación con las marchas iniciales y con las convocatorias del 8M. Esta menor convocatoria refleja un enfriamiento en el apoyo amplio: la comunidad universitaria, que agrupa a alrededor de 40 mil personas entre estudiantes, docentes y administrativos, no se ha volcado masivamente a las calles. Al contrario, el paro ha generado fatiga visible entre quienes priorizan el retorno a clases y la continuidad académica, lo que debilita la narrativa de un movimiento unificado y representativo.
En la UAEM coexisten hoy tres vertientes claras dentro de la comunidad universitaria. Una primera, que respalda a la Rectoría y a la doctora Viridiana León Hernández, valora los intentos de diálogo y las medidas ya anunciadas en materia de seguridad y protocolos contra la violencia. Una segunda, minoritaria pero vocal, insiste en la renuncia inmediata de la rectora como condición sine qua non, incluso cuando las demandas de fondo (justicia por las víctimas y prevención) trascienden el ámbito estrictamente universitario y requieren coordinación con instancias federales. La tercera, posiblemente la más numerosa, está integrada por estudiantes, profesores y personal administrativo que anhelan regresar a las aulas: el paro indefinido ya afecta semestres, titulación y el futuro profesional de miles, sin que se vislumbren soluciones proporcionales al costo académico.
Los argumentos para sostener el paro se han reducido a consignas repetitivas y a la exigencia de dimisión, mientras que las respuestas institucionales —mesas de diálogo ofrecidas, descartes de represalias y llamados a levantar la medida— han sido consistentes pero ignoradas o desestimadas. Este desbalance erosiona la legitimidad del movimiento: cuando una protesta prolongada no logra avances tangibles y, en cambio, genera división interna y afectación generalizada, pierde capacidad de convocatoria y persuasión. La resistencia, al aferrarse a posiciones maximalistas sin flexibilidad, parece haber agotado su repertorio retórico y su momentum inicial.
Es tiempo de que la resistencia estudiantil evalúe con realismo el balance: los canales de diálogo están ahí, las autoridades no han cerrado la puerta y la gran mayoría de la comunidad universitaria optaría por el retorno a clases si se garantizara un proceso constructivo. Mantener el paro por inercia o por orgullo podría convertir una causa justa en un obstáculo para el propio bienestar colectivo.
El verdadero avance no vendrá de la confrontación prolongada, sino de mesas donde se concreten protocolos de seguridad, justicia efectiva y respuestas institucionales. La UAEM necesita recuperar su esencia académica; prolongar el impasse solo beneficia a quienes prefieren el caos a la solución.
