MILITARES EN LA SSPC: LA ESTRATEGIA FALLIDA QUE MORELOS YA NO RESISTE
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 22 de abril de 2026
Hace quince años, el 10 de abril de 2011, el diario La Jornada (nacional) advertía con datos duros lo que ocurría en Morelos tras la llegada de un militar a la Secretaría de Seguridad en mayo de 2009: los robos subieron 7 por ciento, los secuestros 160 por ciento, los homicidios 15 por ciento y se registraron 433 ejecuciones hasta diciembre de 2010. El gobernador panista Marco Adame había apostado por el general Gastón Menchaca Arias. Hoy, con la gobernadora morenista Margarita González Saravia, la historia podría repetirse casi al pie de la letra.
Este 22 de abril de 2026 se confirma el relevo en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sale el abogado Miguel Ángel Urrutia Lozano y entra el general de brigada José Luis Bucio Quiroz, excomandante de la 24ª Zona Militar en Cuernavaca. El mismo militar que hace apenas meses coordinaba operativos federales en el estado ahora asumiría el mando civil de la policía estatal. La apuesta por el uniforme verde oliva se renueva, como si el tiempo no hubiera pasado.
Los números de 2025 y el primer trimestre de 2026 son implacables. Morelos cerró el año pasado como líder nacional en extorsión, segundo en homicidios, feminicidios y robo de vehículos. En los primeros tres meses de 2026 los homicidios dolosos aumentaron 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, sumando 282 casos. En marzo, el estado aportó el 6.4 por ciento de los homicidios del país y se ubicó entre las siete entidades que concentran la mitad de las muertes violentas. La extorsión sigue disparada y la percepción de inseguridad supera el 90 por ciento en varias encuestas.
Bucio Quiroz no es un desconocido. Llegó a la 24ª Zona Militar en mayo de 2024 en medio de una “guerra declarada” entre células del crimen organizado. Coordinó con la SSPC de entonces y, pese a ello, la violencia no cedió. Ahora regresa, pero ya no desde el cuartel, sino desde el despacho de la SSPC. Es el tercer militar en menos de dos años que ocupa un puesto clave en la seguridad morelense, ya sea como comandante zonal o como titular estatal.
La experiencia de 2009-2011 debería haber sido lección suficiente. Con Gastón Menchaca Arias, en el gobierno de Adame, llegaron otros generales a puestos clave: Gilberto Toledano Sánchez en Seguridad Privada y Rafael García Aguilar como subsecretario operativo. Aun así, las mantas de amenaza, las ejecuciones y las protestas ciudadanas se multiplicaron. El asesinato de Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia, en marzo de 2011, se convirtió en símbolo de un estado que se desangraba pese a la presencia castrense.
Ni siquiera en el ámbito municipal ha funcionado la fórmula. En la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) de Cuernavaca han desfilado varios militares. Años atrás estuvo el general Manuel Farfán Carriola, cuyo paso resultó un fracaso; tiempo después fue asesinado en una emboscada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, apenas 33 días después de asumir como director de Seguridad Pública en esa ciudad. El más reciente, el capitán retirado Guillermo García Delgado, asumió en febrero de 2025 y salió en enero de 2026 entre señalamientos de ineficacia y bajos resultados en materia de seguridad.
Los especialistas lo advirtieron entonces y la realidad lo confirma ahora. Javier Oliva Posada, de la UNAM, señalaba que los gobernadores confunden la disciplina militar con la vocación policial. Los militares están formados para distinguir amigo del enemigo y para matar si es necesario; los policías, para proteger la vida y el patrimonio de los ciudadanos. Erubiel Tirado Cervantes, de la Universidad Iberoamericana, lo resumía con crudeza: traer más militares no resuelve el problema, solo lo disfraza.
La militarización recurrente expone a las Fuerzas Armadas a un desgaste innecesario. Cuando los resultados no llegan —y en Morelos no han llegado— la sociedad señala a la institución castrense, no a la falta de policías profesionales. Se improvisa, se desprestigia la carrera policial y se posterga la formación de mandos civiles capacitados, con carrera, con vocación y con valores de servicio.
Mientras tanto, las medidas estructurales siguen pendientes: reestructurar el sistema de justicia, evaluar con independencia las estrategias de seguridad, dignificar el salario y la preparación de los policías estatales y municipales, y atacar las causas profundas de la violencia. Ninguna de ellas se resuelve con un cambio de uniforme en la titularidad de la SSPC.
Morelos, una vez más, podría ser laboratorio de una receta que ya falló. Con Bucio Quiroz al frente, el gobierno estatal apostaría de nuevo por la disciplina militar en lugar de construir policía civil profesional. Los morelenses, que ya vivieron este capítulo en 2009 y han visto repetirse el patrón en Cuernavaca con Farfán y García Delgado, tienen derecho a preguntarse cuánto más tendrán que esperar para que la seguridad deje de ser un experimento castrense y se convierta en una política de Estado con resultados reales.
La historia no se repite por casualidad. Se repite porque se ignora. Y en Morelos, la inseguridad no es un problema de falta de generales; es la consecuencia de no haber construido nunca una verdadera policía.
