LA INCONGRUENCIA COMO NORMA: CONGRUENCIA, TRAICIÓN Y EL DOBLE RASERO DE LA 4T
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 15 de julio de 2026
La congruencia en política se define como la coherencia entre lo que se dice, se promete y se hace; la aplicación consistente de principios, leyes y valores sin importar quién sea el beneficiado o el perjudicado. Es alinear discurso con acción y medir con el mismo rasero a aliados y adversarios. La incongruencia, en cambio, es la hipocresía elevada a sistema: decir una cosa y hacer otra, defender la soberanía cuando conviene y relativizarla cuando no, aplicar “gracia y ley” a los amigos y “todo el peso de la ley” (o más) a los enemigos.
¿Existe la congruencia en la política? En su forma pura, casi nunca. La política es, por esencia, una actividad cruel de poder, alianzas, supervivencia y cálculo. Como advirtió Maquiavelo en El Príncipe, el gobernante debe parecer virtuoso, pero actuar según lo que exige la realidad del poder. “Los fines justifican los medios” no es una frase inventada por él, pero sí su legado más duradero. Winston Churchill lo resumió con brutal honestidad: “No tenemos amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes”.
¿Por qué es tan difícil la congruencia? Porque la política premia la flexibilidad pragmática y castiga la rigidez moral. Supervivencia: mantenerse en el poder exige pactos, traiciones calculadas y alianzas temporales. Destrucción del adversario: las instituciones (justicia, Congreso, medios) se usan como armas selectivas. Mentira estratégica: el electorado responde a narrativas, no siempre a hechos. Clientelismo: “A los amigos todo, a los enemigos la ley” es una máxima vieja en México y en muchas democracias. Cuando se está en el poder, la tentación de aplicarla es casi irresistible.
La historia está llena de ejemplos: desde los pactos de Napoleón o Bismarck hasta líderes latinoamericanos que combatieron la corrupción ajena y toleraron (o practicaron) la propia. La congruencia absoluta suele ser un lujo de quienes no tienen poder real o de quienes ya lo perdieron.
El caso de la 4T: ¿mismo rasero o doble estándar? La Cuarta Transformación llegó al poder con un discurso fuerte de moralidad, combate a la corrupción, defensa de la soberanía nacional y “no más privilegios”. Sin embargo, en la práctica, muestra patrones claros de incongruencia al tratar de forma distinta a gobernadoras de oposición y de su propio movimiento.
El caso Maru Campos (Chihuahua)
En abril de 2026 se desmanteló un importante narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. El operativo contó con la participación de agentes extranjeros (identificados como de la CIA). Dos agentes estadounidenses fallecieron en un accidente de tránsito posterior, junto con funcionarios mexicanos. La gobernadora panista María Eugenia “Maru” Campos defendió el operativo como un golpe contra el crimen organizado.
El gobierno federal (4T) reaccionó con dureza: acusó a Campos de permitir injerencia extranjera sin autorización ni conocimiento del Ejecutivo federal, violando la Ley de Seguridad Nacional y la soberanía. Se impulsó un juicio político en su contra, se exigieron explicaciones públicas y se generó una narrativa de traición a la patria. Sheinbaum y Morena enfatizaron que “no puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo” sin conocimiento oficial.
El caso Marina del Pilar Ávila (Baja California)
Recientemente salieron a la luz revelaciones (incluyendo audios) de que la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila ofreció a supuestos agentes estadounidenses colaborar (proporcionar información o asistencia) a cambio de que el gobierno de EE.UU. no procediera en su contra ni la detuviera (en el contexto de problemas con su visa y posibles investigaciones). La respuesta del gobierno federal fue muy distinta: se minimizó como un “diálogo privado” o llamada personal, se aclaró que no implicaba agentes operando en territorio mexicano ni afectando la seguridad nacional, y se defendió que no vulneraba principios de soberanía. Morena contrastó explícitamente ambos casos: la presencia de agentes extranjeros actuando en Chihuahua era injerencia grave; el ofrecimiento de colaboración de Marina del Pilar era algo explicable y no comparable.
El mismo rasero… ¿o no?
Aquí radica la incongruencia más evidente:
Cuando una gobernadora de oposición permite (o se ve involucrada en) la participación de agentes extranjeros en un operativo contra el narco → injerencia intolerable, juicio político, ataque frontal.
Cuando una gobernadora aliada ofrece colaboración a agentes extranjeros para evitar su propia detención o problemas legales → diálogo privado, no afecta seguridad nacional, se protege y se relativiza.
Ambos casos involucran cooperación (o intento de ella) con autoridades estadounidenses en temas de seguridad y narco. Ambos tocan la soberanía. Sin embargo, el tratamiento mediático, político y legal es diametralmente opuesto según el color partidista de la gobernadora.
Esto no es congruencia. Es la aplicación selectiva de principios según la conveniencia política: “a los míos, gracia y ley; a los otros, todo el peso de la ley (y de la narrativa)”.
La política mexicana, como la de casi todo el mundo, sigue siendo un campo de batalla donde la congruencia es la excepción y el doble rasero la regla. La 4T, a pesar de su retórica transformadora y moralizante, no ha escapado a esta dinámica ancestral. Pretender lo contrario es precisamente lo que genera mayor incongruencia: vender pureza mientras se practica el pragmatismo maquiavélico de siempre.
La ciudadanía puede exigir consistencia, pero mientras la política siga siendo lucha por el poder y no ejercicio de principios universales, la incongruencia seguirá siendo la norma, no la excepción. Maquiavelo, al final, sigue teniendo razón.
