LA SOMBRA DE LOS “ASUNTOS RELEVANTES”: ¿JUSTICIA SELECTIVA O NECESIDAD INSTITUCIONAL?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Miércoles 15 de julio de 2026
E D I T O R I A L
Ulises Lara López presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR tras solo seis meses en el cargo, argumentando motivos personales.
Durante su gestión, esta unidad se ocupó de casos de alto perfil como las acusaciones de narcotráfico contra funcionarios sinaloenses, incluida la investigación al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por señalamientos del Departamento de Justicia de EE.UU., la presunta infiltración de agentes de la CIA en operativos en Chihuahua, la Operación Enjambre en Morelos vinculada al Cártel de Sinaloa y financiamiento de campañas, la transferencia a Estados Unidos del piloto de la aeronave en que fue “secuestrado” Ismael “El Mayo Zambada”, el desmantelamiento de la red de lavado “Del Caballito” y el centro de reclutamiento del CJNG en Jalisco.
Estos expedientes quedan pendientes y su traspaso a un sucesor aún no se define, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad y profundidad de las pesquisas en temas de impacto nacional.
La figura de un fiscal especializado en “asuntos relevantes” busca concentrar recursos, adecuado manejo y coordinación en delitos complejos que trascienden lo ordinario: corrupción de altos funcionarios, crimen organizado transnacional, violaciones a derechos humanos de escala masiva o casos con implicaciones políticas y diplomáticas.
En México, esta estructura responde a la necesidad de una respuesta institucional ágil ante fenómenos que desbordan las fiscalías ordinarias. Sin embargo, su opacidad en la selección de casos y la discrecionalidad en su asignación alimentan percepciones de que se trata de una herramienta para priorizar lo mediático o políticamente sensible, dejando en segundo plano miles de carpetas de ciudadanos comunes.
En otras latitudes, figuras análogas existen bajo nombres como fiscal especial o fiscal independiente en Estados Unidos, donde se designan fiscales para evitar conflictos de interés en investigaciones contra altos funcionarios, como en los casos Watergate, Iran-Contra o las pesquisas recientes contra expresidentes. En países europeos y latinoamericanos también operan unidades especializadas en anticorrupción o crimen organizado, que se justifican por la complejidad probatoria, el riesgo de interferencia política y la necesidad de autonomía.
Lo común es que estos mecanismos incluyan salvaguardas: nombramientos transparentes, plazos definidos, rendición de cuentas y criterios objetivos para definir “excepcionalidad”.
Los casos excepcionales deberían caracterizarse por su magnitud (impacto en la estabilidad institucional o miles de víctimas), complejidad (redes internacionales, lavado sofisticado o encubrimiento estatal) y riesgo de impunidad por conflicto de interés ordinario. No por el estatus del imputado, sino por la dificultad intrínseca del hecho.
Un homicidio doloso, una extorsión o una desaparición forzada son para la víctima “asuntos de vida o muerte”, tan relevantes como cualquier narcolaboratorio. La distinción jerárquica solo se legitima si fortalece, y no sustituye, el acceso universal a la justicia.
Al final, la equidad exige que los fiscales sirvan a todos por igual, sin distinciones de clase, poder o visibilidad mediática. Un “asunto relevante” no debe opacar la relevancia absoluta del Estado de Derecho para el ciudadano común.
La renuncia de Lara López invita a reflexionar: ¿fortalece esta figura la independencia judicial o consolida una justicia de dos velocidades? La respuesta definirá si México avanza hacia una procuración de justicia inclusiva o perpetúa la brecha entre los casos que importan y aquellos que, lamentablemente, siguen esperando.
