La pirotecnia del deslinde: de Guadalajara a Cuernavaca
LA CRÓNICA DE MORELOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 30 de julio de 2026
El humo de las tragedias en México comparte un componente común que no viene en la pólvora ni en los hidrocarburos: el gas del deslinde burocrático.
Tras la fatal explosión de un polvorín este miércoles en el poblado de Ocotepec, que cobró la vida de una mujer y dejó varios heridos, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, se apresuró a trazar una línea en la arena legal. Con una frialdad política pasmosa, aseguró que el Ayuntamiento no tiene competencias para inspeccionar, autorizar o supervisar estos inmuebles, arrojando la responsabilidad de manera exclusiva al ámbito federal.
Esta retórica del “no me toca” no es nueva; es el guion perenne de la administración pública mexicana cuando los sistemas de prevención fallan y los escombros todavía están calientes.
Es imposible no sentir un eco de cinismo histórico al escuchar estas declaraciones. Quienes recuerdan las trágicas explosiones en Guadalajara de 1992 —provocadas por la acumulación de gasolina de Pemex en el drenaje municipal— recordarán también que el gran juego de las autoridades de los tres niveles fue el mutuo señalamiento de culpas. Al final, a pesar de la devastación de kilómetros de calles y cientos de vidas perdidas, el tendido de impunidad fue perfecto: los funcionarios municipales y federales imputados terminaron en libertad sin condenas definitivas. La única consecuencia real fue política, cobrada mediante la presión social que obligó a la renuncia del entonces gobernador jalisciense y el entonces alcalde tapatío.
En Cuernavaca el libreto se repite con variantes locales. Legalmente, el alcalde se ampara en que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) el control absoluto de los permisos de la pólvora. Y tiene razón técnica. Sin embargo, escudarse en la exclusividad federal para justificar la inacción preventiva roza la omisión de funciones básicas.
¿Acaso los municipios no son soberanos para dictar los usos de suelo? ¿No posee el ayuntamiento la facultad de verificar licencias de funcionamiento comerciales o de aplicar medidas de mitigación de riesgo mediante Protección Civil? Un polvorín operando en una zona densamente poblada representa una amenaza directa a la vida de los ciudadanos que el gobierno local juró proteger. Si el municipio detecta un riesgo de tal magnitud, su obligación mínima es intervenir en lo local o denunciar de inmediato ante las fuerzas federales, no cruzarse de brazos a esperar el estallido.
El anuncio del munícipe de descartar revisiones preventivas para identificar otros almacenes clandestinos o irregulares es, quizás, la declaración más preocupante. Es la institucionalización de la apatía. Se asume que el gobierno local es un espectador que solo aparece para acordonar la zona y contar los daños, lavándose las manos en el río de las competencias compartidas.
Si la lección de Guadalajara en el siglo pasado fue que la dilución de responsabilidades garantiza la impunidad, lo de Ocotepec demuestra que no hemos aprendido nada. Mientras los alcaldes sigan gobernando con el código penal en una mano para evadir culpas, y la indiferencia en la otra, las tragedias anunciadas seguirán ocurriendo a las puertas de sus palacios municipales. Al final del día, para los deudos de las víctimas, la división de órdenes de gobierno importa poco; lo único real es la ausencia que deja la explosión y el vacío que provoca un gobierno que decide no prevenir.
#Local | Luego de la explosión en un polvorín del poblado de Ocotepec que dejó un saldo de una persona sin vid4 y dos lesionadas, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, aseguró que el Ayuntamiento no tiene competencias para inspeccionar, autorizar o supervisar… pic.twitter.com/gZC06yEWU7
— Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) July 30, 2026
