DEL LUTO A LOS FILTROS: LA UAEM REGRESA A CLASES ENTRE MEMORIA, TENSIÓN Y UNA SEGURIDAD AÚN POR PROBAR
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 18 de agosto de 2026
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos arrastra una herida profunda que no se cierra con el simple paso del tiempo. En menos de un año, tres estudiantes universitarias fueron víctimas de feminicidio: Aylín Rodríguez Fernández, de Psicología, desaparecida en abril de 2025 dentro del campus Chamilpa; Kimberly Joselin Ramos Beltrán, de 18 años y alumna de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, cuyo cuerpo fue localizado en marzo de 2026 tras desaparecer el 20 de febrero; y Karol Toledo Gómez, también de 18 años, estudiante de Derecho en la sede de Mazatepec, desaparecida el 2 de marzo del mismo año.
Estos crímenes no solo extinguieron vidas prometedoras, sino que destaparon una crisis de inseguridad que llevaba años incubándose en los pasillos y alrededores de la máxima casa de estudios de Morelos.
Ante la indignación acumulada, el movimiento autodenominado Resistencia Estudiantil surgió con fuerza a partir del 2 de marzo de 2026. Lo que comenzó como una exigencia de justicia y protocolos efectivos se transformó en una confrontación abierta con la Rectoría encabezada por Viridiana Aydeé León Hernández. Estudiantes ocuparon el Campus Chamilpa y la Torre de Rectoría, paralizando actividades en múltiples unidades académicas. Las mesas de diálogo se tensaron: hubo denuncias de presiones institucionales, irrupciones de grupos contrarios en facultades como Medicina y Enfermería, y acusaciones mutuas de criminalización y falta de empatía.
La toma de instalaciones se prolongó casi dos meses —exactamente 61 días— hasta que, el 2 y 3 de mayo, la Resistencia entregó formalmente el campus en un acto notariado, no sin antes advertir que el paro académico virtual y el seguimiento de los acuerdos continuarían.
Esa ocupación forzó a la universidad a sentarse a negociar un pliego petitorio centrado en seguridad, no represalias y transparencia. Los acuerdos de finales de abril permitieron el regreso gradual a clases virtuales, pero dejaron claro que la confianza estaba rota. La Rectoría se vio obligada a comprometerse con mejoras estructurales, mientras los estudiantes insistían en que entregar las instalaciones no significaba entregar la lucha.
El conflicto expuso no solo la vulnerabilidad de más de 40 mil jóvenes, sino también las fisuras internas de la comunidad universitaria: entre quienes priorizaban el regreso inmediato a las aulas y quienes consideraban que sin garantías reales de protección no había condiciones dignas para estudiar.
Este lunes 17 de agosto de 2026, más de 40 mil estudiantes de las 48 unidades académicas ubicadas en 20 municipios regresaron a clases presenciales sin incidentes mayores. Desde antes de las 6 de la mañana, Seguridad Universitaria y Protección Civil activaron filtros con lectura de códigos QR de credenciales físicas y digitales, controlaron el acceso de las rutas 1 y 13 del transporte público y reportaron cero contratiempos hasta la tarde. El Campus Norte en Chamilpa y el Campus de la Salud en Volcanes operaron con normalidad, y las vialidades cercanas no sufrieron congestionamientos extremos. Es el inicio de una nueva etapa marcada por medidas reforzadas de control y prevención.
La trascendencia de estas medidas —lectores QR en accesos, más de mil cámaras, botones de emergencia, incremento de personal de vigilancia y paradas autorizadas— radica en que por fin responden, al menos en el papel, a las demandas que costaron sangre y meses de paro. Representan un intento institucional de recuperar la confianza y generar mejores condiciones para la vida académica cotidiana.
Sin embargo, habremos de esperar para saber si realmente funcionan. La delincuencia, como ha demostrado una y otra vez en Morelos y en todo el país, siempre parece saber más sobre cómo evadir cualquier cantidad de medidas de prevención: encuentra puntos ciegos, se adapta a la tecnología y explota las debilidades humanas y estructurales que ningún filtro digital puede eliminar por completo.
El regreso presencial es un alivio necesario, pero no una victoria definitiva. Mientras se lea el código QR de cada estudiante, la memoria de Aylín, Kimberly y Karol debe permanecer viva como recordatorio de que la seguridad no se improvisa ni se compra con dispositivos. Solo el tiempo, la vigilancia ciudadana y el cumplimiento estricto de los compromisos firmados dirán si la UAEM ha aprendido la lección o si, una vez más, la prevención quedará rebasada por quienes no respetan ni la vida ni el derecho a estudiar en paz.
