La SCJN avala revisar a candidatos: partidos de Morelos tendrán que decidir si abren sus listas al escrutinio
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este lunes el mecanismo de verificación de integridad de candidaturas, diseñado para detectar posibles riesgos de vínculos entre aspirantes a puestos de elección popular y actividades delictivas, una resolución que adquiere especial relevancia en Morelos cuando los partidos comienzan a perfilar a quienes competirán por alcaldías, diputaciones y otros cargos en las elecciones de 2027.
Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 84/2026, promovida por el PRI, el Pleno determinó que este procedimiento no viola el derecho constitucional a ser votado porque no representa un nuevo requisito de elegibilidad, no impide registrar una candidatura y tampoco equivale a una sanción o declaración de responsabilidad penal. Su objetivo, estableció la Corte, es preventivo: proporcionar información para que partidos y aspirantes conozcan posibles factores de riesgo antes de formalizar una postulación.
El mecanismo permite cruzar información disponible en instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero. Entre las dependencias involucradas se encuentran la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el INE ha señalado además la participación de fiscalías estatales. El análisis busca establecer si existe un “riesgo razonable” relacionado con actividades delictivas.
Sin embargo, existe una característica fundamental: la revisión es voluntaria. El partido debe solicitarla y la persona aspirante tiene que otorgar su consentimiento. Incluso cuando la evaluación encuentre elementos de riesgo, el mecanismo no cancela automáticamente la candidatura: corresponderá al partido decidir si mantiene o retira la postulación, mientras las autoridades competentes podrán continuar las investigaciones que correspondan.
La resolución coloca el tema directamente sobre la mesa política de Morelos. Apenas el 29 de septiembre, la presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá, llamó a los partidos a revisar cuidadosamente los perfiles que presentarán en 2027 y evitar postulaciones relacionadas con la delincuencia organizada. Desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal también se había exhortado a los institutos políticos morelenses a blindar sus candidaturas y asumir la responsabilidad de verificar los antecedentes de quienes pretendan aparecer en las boletas.
La importancia no es menor. En Morelos estarán en disputa 239 cargos locales: 20 diputaciones, 33 presidencias municipales, 33 sindicaturas y 153 regidurías. El INE calcula además una participación potencial cercana a 1.6 millones de electores y ha señalado que el desarrollo de la elección requiere coordinación entre autoridades electorales y las instituciones encargadas de la seguridad.
Con el fallo de la Suprema Corte desaparece, por ahora, la discusión sobre la constitucionalidad del mecanismo y comienza otra mucho más política: ¿qué partidos de Morelos estarán dispuestos a someter voluntariamente a sus aspirantes a la verificación de integridad? La respuesta podría convertirse incluso en un elemento de presión pública durante la definición de candidaturas.
Porque si el procedimiento está disponible, fue declarado constitucional y permite consultar información de inteligencia, financiera y ministerial sin cancelar derechos políticos ni sustituir investigaciones penales, la negativa de algún partido a utilizarlo inevitablemente podría generar cuestionamientos. Rumbo a 2027, las encuestas, la popularidad y la capacidad electoral seguirán pesando para definir candidatos en Morelos; pero después de la resolución de la Corte, la integridad de quienes pretendan aparecer en las boletas tendrá una herramienta concreta para ser revisada antes de que sea demasiado tarde.
