MORELOS: QUE LA BOLETA NO SEA OTRA PUERTA PARA EL CRIMEN

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 21 de agosto de 2026

La advertencia de Edgar Maldonado Ceballos llega con suficiente anticipación para que nadie pueda alegar sorpresa en 2027: los partidos políticos tienen la obligación política —y debería decirse también moral— de investigar a fondo a quienes pretendan convertir en candidatos. No basta con revisar si cumplen los requisitos formales de elegibilidad. En un estado golpeado durante décadas por la convivencia, la tolerancia y, en demasiados episodios, la presunta colusión entre poder público y delincuencia, postular sin revisar antecedentes, relaciones, patrimonio, redes de financiamiento y entorno cercano equivale a jugar a la ruleta rusa con los ayuntamientos y el Congreso.

El secretario de Gobierno formuló el llamado este jueves 20 de agosto, en Palacio de Gobierno, de cara a la elección del 6 de junio de 2027. Su planteamiento es sencillo: los partidos deben impedir que lleguen a las boletas personas con antecedentes delictivos o posibles relaciones con grupos criminales. La frase puede parecer obvia. No lo es. En Morelos, lo obvio ha sido demasiadas veces ignorado hasta que una orden de aprehensión, un cateo o una fotografía incómoda terminan sustituyendo los filtros que debieron aplicarse antes de una candidatura.

El antecedente inmediato es la Operación Enjambre. La estrategia federal, iniciada en 2024 y extendida a Morelos, dejó de ser una abstracción cuando tocó las puertas de gobiernos municipales. En mayo de 2026 fueron detenidos el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro; el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, y funcionarios de Cuautla. Después fue detenido el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián. Las investigaciones federales describieron una red de extorsión y protección institucional vinculada en la región oriente con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, identificado como operador del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa. Antes, en marzo, el operativo había alcanzado a funcionarios de Amacuzac por extorsión agravada, en un caso donde también apareció un presunto enlace de la Familia Michoacana.

Conviene subrayar una cautela indispensable: una detención no es una sentencia y toda persona imputada conserva la presunción de inocencia. Pero para los partidos la vara debe estar colocada antes del proceso penal. Un instituto político no necesita esperar una condena firme para decidir que alguien con relaciones inexplicables, señalamientos consistentes, enriquecimiento incompatible con sus ingresos o cercanía documentada con actores criminales no es una apuesta razonable para representar a la ciudadanía. La selección de candidatos no es un juzgado; es una decisión de confianza pública.

Por eso el exhorto de Maldonado no debería convertirse en una declaración para el archivo. Si los partidos quieren tomarlo en serio, tendrán que construir filtros reales: revisión patrimonial y fiscal; búsqueda de antecedentes judiciales y administrativos; análisis de empresas, socios y contratistas; verificación de posibles conflictos de interés; revisión de redes de financiamiento; entrevistas de entorno y, sobre todo, mecanismos internos capaces de decir “no” aunque el aspirante tenga votos, dinero, estructura territorial o padrinos.

Morelos carga, además, con una historia que vuelve especialmente grave cualquier negligencia. Desde hace décadas el estado pelea contra la imagen de ser refugio, corredor o residencia de criminales de alto perfil. Esa fama no nació de una campaña de desprestigio: se alimentó de episodios concretos que marcaron generaciones y que dañaron la confianza en las instituciones.

En los años noventa, durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea, la entidad vivió una crisis de secuestros que terminó por exhibir la infiltración de las propias corporaciones encargadas de combatirlos. La prensa de la época documentó la detención de Armando Martínez Salgado, jefe del grupo antisecuestros de la Policía Judicial, y el encarcelamiento de mandos y funcionarios relacionados con secuestros y otros delitos. La Jornada reportó que entre 1994 y 1997 organizaciones civiles calculaban casi 400 plagios en Morelos; en 1998, la indignación social por la impunidad y la sospecha de complicidad institucional era ya un asunto nacional. La frase del entonces presidente Ernesto Zedillo, quien habló de impedir que Morelos siguiera siendo un “nido” de criminales, quedó como una cicatriz política de aquella época.

También por Morelos transitaron o se asentaron nombres que formaron parte del imaginario más oscuro del narcotráfico y el secuestro: Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”; Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”; Daniel Arizmendi, “El Mochaorejas”. Años después, el Cártel de los Beltrán Leyva consolidó una presencia que convirtió a Cuernavaca en centro de operaciones. El 16 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leyva, “El Jefe de Jefes”, murió durante un enfrentamiento con la Marina en el conjunto residencial Altitude, en plena capital morelense. La escena hizo visible, de la manera más brutal, que los grandes capos no estaban en una sierra remota: podían vivir detrás de las bardas de los fraccionamientos de la ciudad de la eterna primavera.

La muerte de Beltrán Leyva no trajo paz. La fragmentación de su organización abrió disputas entre células y grupos como Los Rojos y Guerreros Unidos, y la violencia se diversificó hacia la extorsión, el secuestro, el cobro de piso y los homicidios. Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han descrito cómo esa fragmentación reconfiguró el mapa criminal. Es decir: Morelos no enfrenta únicamente la presencia de grandes cárteles; enfrenta también redes locales capaces de mezclarse con economías municipales, policías, permisos, obra pública, comercio, transporte y campañas.

Ese es el punto central de la discusión rumbo a 2027. La delincuencia organizada no necesita ganar una elección con sus propias siglas. Le basta con capturar a quien la gana. Puede financiar, intimidar, negociar o infiltrarse. Y un presidente municipal ofrece algo que para una organización criminal vale muchísimo: información, policías, territorio, licencias, contratos, capacidad de omisión y acceso cotidiano a la vida económica de una comunidad. Por eso revisar candidatos no es una exquisitez ética. Es una medida elemental de seguridad pública.

La responsabilidad, desde luego, no termina en los partidos. Las autoridades electorales, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y corporaciones de seguridad necesitan canales legales de intercambio de información que permitan detectar riesgos sin convertir el proceso electoral en una cacería política. Los filtros deben ser serios, verificables y apartidistas. De otro modo, la legítima exigencia de depuración podría degenerar en vetos discrecionales o expedientes usados para eliminar adversarios.

Aquí aparece inevitablemente Omar García Harfuch. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal ha encabezado la estrategia que dio continuidad a la Operación Enjambre y, en julio, explicó que en Morelos se reforzaron las capacidades federales de inteligencia e investigación para romper redes de protección institucional de la delincuencia organizada. Para un funcionario con vínculos biográficos públicos con Cuernavaca y Morelos, la tarea tiene además una dimensión simbólica: apaciguar la casa es también enfrentar una reputación criminal que el estado arrastra desde hace demasiado tiempo.

García Harfuch nació en Cuernavaca el 25 de febrero de 1982, aunque otros reportes periodísticos posteriores consignaron una aclaración atribuida al propio funcionario en el sentido de que nació en la Ciudad de México. La fecha no está en disputa; el lugar aparece de manera contradictoria en fuentes públicas. Esa discrepancia no elimina el vínculo que durante años ha sido asociado públicamente con Morelos ni reduce la responsabilidad institucional que hoy tiene como secretario federal.

En cualquier caso, el compromiso de García Harfuch con Morelos es doble en un sentido más profundo que el acta de nacimiento: por responsabilidad nacional y por una cercanía biográfica que forma parte de su perfil público. La federación no puede permitir que la entidad vecina de la capital del país siga funcionando como laboratorio de infiltración municipal. Si Enjambre demostró que es posible seguir el dinero, las relaciones y las cadenas de protección hasta las oficinas públicas, el siguiente paso es impedir que esas redes se regeneren en las urnas.

Eso exige continuidad. No sirve detener a un alcalde si, tres años después, el partido que lo postuló vuelve a seleccionar candidatos con el mismo método: popularidad, capacidad de movilización, dinero para la campaña y cero preguntas incómodas. Tampoco sirve que las dirigencias nacionales se deslinden cuando estalla el escándalo. Las candidaturas tienen autores. Alguien firma, alguien negocia, alguien avala, alguien decide que el riesgo vale la pena. La rendición de cuentas debe alcanzar también a quienes abren la puerta.

Los partidos deberían publicar, antes del registro formal, protocolos mínimos de debida diligencia y comprometerse a documentar que los aplicaron. No se trata de revelar información reservada ni de sustituir a las fiscalías. Se trata de elevar el costo político de la irresponsabilidad. Si mañana un candidato resulta vinculado a una organización criminal, la dirigencia tendría que poder explicar qué revisó, qué encontró y por qué decidió postularlo. Hoy, con demasiada frecuencia, la respuesta es una mezcla de sorpresa fingida y deslinde oportunista.

Morelos merece romper el ciclo. Su ubicación estratégica, su cercanía con la Ciudad de México, sus corredores hacia Guerrero y el centro del país y la debilidad histórica de algunos gobiernos municipales lo han convertido en territorio codiciado por organizaciones criminales. Pero la geografía no es destino. Tampoco lo es la historia. El estado puede dejar de ser noticia por capos escondidos, jefes antisecuestros convertidos en acusados, alcaldes detenidos o funcionarios bajo sospecha. Para ello necesita instituciones que no esperen a que el delito se instale en el palacio municipal para reaccionar.

La elección de 2027 será, en ese sentido, una prueba mucho más seria de lo que parece. No bastará con contar votos: habrá que cuidar quién llega a pedirlos. Maldonado Ceballos puso el tema sobre la mesa con meses de anticipación. Ahora corresponde a los partidos demostrar si entendieron el mensaje o si volverán a mirar hacia otro lado hasta que llegue el siguiente operativo federal.

La democracia no se defiende solamente el día de la jornada electoral. Se defiende antes, cuando una dirigencia decide a quién le entrega sus siglas; cuando pregunta de dónde viene el dinero; cuando investiga las compañías, amistades y lealtades de un aspirante; cuando prefiere perder una elección antes que ganar un municipio para entregárselo, consciente o inconscientemente, al crimen. Si Morelos quiere sacudirse de una vez la vieja imagen de territorio infestado por delincuentes, el primer filtro debe colocarse antes de imprimir las boletas. Y esta vez nadie podrá decir que no estaba advertido.