NUNCA MÁS UN CUAUTLA: PARTIDOS, CIERREN LA PUERTA A LOS CÓMPLICES DEL CRIMEN
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Viernes 21 de agosto de 2026
Lo que se destapó en Cuautla no es un simple escándalo municipal. Es la prueba sangrante de cómo el poder local se convierte en herramienta de extorsión cuando se mezcla con el crimen organizado. Funcionarios del ayuntamiento, con la anuencia del alcalde detenido Jesús Corona Damián, clausuraban negocios y luego exigían hasta 200 mil pesos para “levantar” los sellos. Comerciantes de la central de abasto, empresarios y transportistas vivían bajo una doble tenaza: la cuota delincuencial y la cuota oficial. No era corrupción aislada. Era un esquema de saqueo institucionalizado que asfixió la economía local, cerró locales y sembró terror.
Esto nunca más debe repetirse. Punto. No hay matices ni justificaciones. Cuando un servidor público usa el sello oficial para extorsionar, deja de ser funcionario y se convierte en cómplice del crimen. Y cuando ese esquema opera con la protección o la mirada cómplice del alcalde, el municipio entero se convierte en botín.
El Operativo Enjambre y la intervención federal han empezado a desmantelar esa red, y la dinámica comercial comienza a recuperarse. Pero la herida sigue abierta: la confianza se destruyó y el mensaje quedó grabado a fuego: el poder municipal puede ser tan peligroso como el delincuente de la esquina.
Hoy, el secretario de Gobierno de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, puso el dedo en la llaga con claridad. Exigió a los partidos políticos que revisen a fondo a quienes aspiran a candidaturas en 2027 y que impidan postular a personajes con antecedentes delictivos o posibles vínculos con grupos criminales. No es un consejo piadoso. Es una advertencia de Estado. Alcaldes, exalcaldes, funcionarios y hasta excandidatos han caído en investigaciones por nexos con la delincuencia. Maldonado lo dijo sin rodeos: la responsabilidad de limpiar las listas es de las dirigencias partidistas. Ellos son quienes deciden a quién le ponen el logo y a quién le abren la puerta al poder.
El proceso electoral constitucional arranca el próximo 10 de septiembre. Las elecciones serán el 6 de junio de 2027. Quedan meses, no años, para que los partidos demuestren si aprendieron la lección de Cuautla o si van a seguir apostando a perfiles manchados por conveniencia, votos o dinero. Si vuelven a postular a quienes operaron esquemas de cuotas, clausuras amañadas o protección a células criminales, no solo traicionan a la ciudadanía: se convierten en cómplices activos de la misma podrida que hoy se investiga.
No hay espacio para tibieza. Los partidos que pretendan lavar la cara a estos personajes con el argumento de “presunción de inocencia” mientras los ponen en las boletas estarán apostando contra Morelos. La ciudadanía ya pagó el precio en Cuautla: negocios cerrados, familias intimidadas, economía local golpeada. Esa factura no se puede volver a cobrar desde las presidencias municipales, las sindicaturas o las diputaciones.
Maldonado Ceballos ha marcado la línea. Ahora toca a los partidos cumplirla o asumir el costo político y moral de ignorarla. Porque si en 2027 vuelven a aparecer en las listas los mismos perfiles que convirtieron el poder público en máquina de extorsión, la responsabilidad no será solo de ellos: será de quienes les abrieron la puerta. Cuautla no puede convertirse en el modelo a exportar. Nunca más.
