Rocha Moya vuelve: la prueba de fuego para Sheinbaum
LA CRÓNICA DE MORELOS
Viernes 21 de agosto de 2026
E D I T O R I A L
El regreso del gobernador de Sinaloa, después de que la FGR dijo no encontrar elementos para proceder en su contra, no cancela la acusación presentada en Estados Unidos. Para Claudia Sheinbaum, el desafío rebasa a Rubén Rocha Moya: está en juego la credibilidad de su promesa de no encubrir a nadie y, al mismo tiempo, una relación bilateral cada vez más condicionada por narcotráfico, seguridad, soberanía y confianza.
Rubén Rocha Moya regresó este viernes 21 de agosto a la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia y eligió una frase destinada a cerrar políticamente el expediente: “regreso con la frente limpia y en alto”. El gobernador sostiene que compareció ante la Fiscalía General de la República y que la investigación mexicana no encontró elementos mínimos para atribuirle una conducta delictiva. Pero una declaración de inocencia, por solemne que sea, no resuelve el problema público. En México ya no basta con proclamarse limpio cuando existe una acusación formal abierta en otro país, cuando hay funcionarios y exfuncionarios señalados en el mismo expediente y cuando el caso se encuentra incrustado en uno de los capítulos más delicados de la relación con Estados Unidos.
El punto que no puede borrarse es que el 29 de abril de 2026 la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. El Departamento de Justicia sostiene —como acusación, no como sentencia— que habrían conspirado con dirigentes del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos a cambio de sobornos y respaldo político. La presunción de inocencia debe respetarse, desde luego; pero también debe respetarse el derecho de la sociedad a preguntar cómo puede existir una distancia tan grande entre la conclusión de la justicia mexicana y la imputación que permanece abierta del otro lado de la frontera.
La FGR prácticamente cerró la puerta penal en México para Rocha y los demás señalados al informar que no encontró elementos suficientes para proceder. Eso tiene consecuencias jurídicas internas, pero no desaparece por decreto el expediente estadounidense. Una exoneración o falta de elementos en México no obliga al Departamento de Justicia de Estados Unidos a retirar sus cargos. Ahí está el verdadero problema: dos sistemas de justicia observando los mismos nombres y llegando, por ahora, a conclusiones radicalmente distintas. Cuando eso ocurre entre países que comparten una frontera de más de tres mil kilómetros, una agenda antidrogas, intercambio de inteligencia, extradiciones y cooperación militar y policial, el asunto deja de ser doméstico.
Claudia Sheinbaum se colocó ella misma una vara alta. El 30 de abril, al reaccionar a la acusación estadounidense, declaró: “nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, aunque exigió pruebas claras y rechazó cualquier injerencia extranjera. Esa posición es jurídicamente defendible y políticamente comprensible: México no puede aceptar como verdad automática todo lo que diga Washington. Pero tampoco puede convertir la soberanía en un escudo retórico para evitar preguntas incómodas. La soberanía se fortalece cuando las instituciones nacionales investigan mejor que las extranjeras, no cuando simplemente desacreditan lo que viene de fuera.
Cada caso que permanece políticamente intocable pone a prueba aquella promesa presidencial. Y ahí comienza el problema de imagen para Sheinbaum. La Presidenta corre el riesgo de convertirse, un día sí y otro también, en el pararrayos de personajes vinculados al movimiento gobernante: unos ya fuera del poder formal y otros todavía en funciones. Cada conferencia matutina utilizada para responder por gobernadores, exfuncionarios, dirigentes, familiares o figuras heredadas del sexenio anterior consume capital político propio. Gobernar implica asumir herencias, pero llega un momento en que una administración necesita distinguir con claridad entre la continuidad de un proyecto y la protección de sus costos.
La herencia del régimen anterior pesa precisamente porque Morena construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa de superioridad ética. Durante años se dijo que el problema de México no era solamente la corrupción, sino la impunidad de una élite que se protegía a sí misma. Si ahora el reflejo del nuevo poder consiste en cerrar filas primero y preguntar después, la diferencia moral que sostuvo el discurso de la transformación comienza a erosionarse. No hace falta demostrar una culpabilidad para advertir ese desgaste. Basta observar cómo cada señalamiento serio termina convertido inmediatamente en una batalla entre “los nuestros” y “los adversarios”, en vez de convertirse en una exigencia compartida de esclarecimiento.
El caso Sinaloa es particularmente peligroso porque Estados Unidos ha endurecido su política frente a los cárteles y frente a quienes, desde cargos públicos, presuntamente les facilitan operaciones. La acusación contra un gobernador mexicano en funciones marcó un precedente extraordinario. Si Washington conserva información, testimonios, colaboradores o evidencias que México considera insuficientes, la presión no necesariamente desaparecerá porque la FGR haya concluido que aquí no existen elementos para proceder. Puede reaparecer en solicitudes judiciales, restricciones migratorias, revelaciones procesales, testimonios en cortes estadounidenses o negociaciones bilaterales. Y cada nuevo dato obligaría a Palacio Nacional a volver a explicar por qué México vio una cosa y Estados Unidos otra.
Ese desacuerdo puede contaminar terrenos que van mucho más allá de Rocha Moya. México y Estados Unidos necesitan cooperar contra el fentanilo, el tráfico de armas, el lavado de dinero y las redes criminales transnacionales; necesitan además preservar la confianza política en momentos de enorme sensibilidad comercial y diplomática. Cuando uno de los dos gobiernos sospecha que el otro protege, minimiza o no investiga suficientemente a funcionarios señalados, la cooperación de inteligencia se vuelve más difícil y la confianza se erosiona. La peor salida sería que Washington pretendiera imponer su jurisdicción sobre México; pero también sería un error que México confundiera la defensa legítima de su soberanía con la negativa sistemática a revisar información incómoda.
Rocha vuelve al Palacio de Gobierno y tiene derecho a ejercer el cargo mientras el marco jurídico mexicano se lo permita. También tiene derecho a defender su honor. Pero el regreso administrativo no equivale a una absolución histórica ni política. Las preguntas sobre Sinaloa —la violencia desatada después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el asesinato de Héctor Melesio Cuén, las irregularidades detectadas en la primera investigación estatal y las acusaciones estadounidenses— siguen formando parte de un expediente público que no se cierra con una frase. La reciente detención de Fausto Corrales, testigo clave en los hechos de julio de 2024, demuestra además que todavía existen piezas en movimiento.
Hace décadas se atribuye al periodista Roberto Blanco Moheno una frase que, por desgracia, conserva una inquietante vigencia: “En México pasa todo, pero no pasa nada”. Sería devastador que esa sentencia terminara describiendo también esta etapa. Claudia Sheinbaum prometió que nadie sería encubierto; ahora necesita demostrar que la lealtad política nunca estará por encima del esclarecimiento. No se trata de condenar sin pruebas a Rocha Moya ni a ningún otro funcionario, sino exactamente de lo contrario: de investigar de manera tan sólida, transparente y convincente que no quede espacio para la sospecha de protección. Si México quiere exigir respeto a Estados Unidos, primero debe producir confianza en sus propias instituciones. De lo contrario, cada expediente que se cierre aquí y permanezca abierto allá seguirá golpeando la credibilidad presidencial, la relación bilateral y la promesa de que esta vez, cuando pase algo, también pase algo.
