LAS GRANJAS: EL PERITAJE QUE DEFINIRÁ DE CUÁNTO SERÁ EL CHEQUE
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 27 de agosto de 2026
La intervención de especialistas de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de la explosión ocurrida el pasado 6 de agosto en la colonia Las Granjas representa, en principio, un avance importante. Peritos en incendios y explosiones, química, ingeniería automotriz, mecánica, electricidad y delitos ambientales revisaron los vehículos involucrados y el lugar del siniestro. No se trata de diligencias menores: sus conclusiones podrían determinar no solamente las causas de la tragedia, sino quién deberá responder penal, administrativa y económicamente por sus consecuencias.
El comunicado de la Fiscalía General de Morelos emitido ayer miércoles, sin embargo, no aporta resultados concretos. No revela cuál es la principal hipótesis, si la unidad presentaba alguna falla, si su mantenimiento era adecuado, si se cumplieron los protocolos de seguridad o si hubo negligencia atribuible al conductor, a la empresa propietaria o a terceros. En una primera lectura, ese silencio puede interpretarse como falta de avances. Pero también existe otra posibilidad que no debe descartarse: la Fiscalía puede estar reservando información para no alertar a la gasera, a sus abogados y a las compañías aseguradoras.
En investigaciones de esta naturaleza, revelar anticipadamente un dictamen, una hipótesis o una posible responsabilidad puede conceder ventajas a quienes buscarán defenderse. La empresa y las aseguradoras seguramente contarán con equipos jurídicos, especialistas y peritos propios para combatir las conclusiones oficiales, repartir responsabilidades o reducir el monto de las indemnizaciones. Por ello, la reserva ministerial puede ser comprensible e incluso necesaria, siempre que se utilice para fortalecer el expediente y no para esconder su inmovilidad.
El caso recuerda una escena de la película El vuelo, en la que, después de un accidente aéreo con víctimas mortales, el dueño de la compañía pregunta a sus abogados: “¿De cuánto será el cheque que deberé firmar?”. La frase retrata con crudeza la lógica empresarial posterior a una tragedia. Mientras las familias cuentan muertos, lesionados, viviendas destruidas y patrimonios perdidos, las corporaciones, los despachos y las aseguradoras comienzan a calcular riesgos, responsabilidades y costos. El dolor humano entra entonces en una fría hoja contable.
Eso puede estar ocurriendo alrededor de Las Granjas. Para las víctimas, la explosión significó heridas, miedo, daños materiales y la alteración de sus vidas. Para la gasera y las aseguradoras, en cambio, el problema podría resumirse en establecer hasta dónde llega su responsabilidad, cuánto costaría reconocerla y qué argumentos permitirían reducirla. Cada palabra del dictamen pericial puede representar millones de pesos, porque no es lo mismo una falla mecánica imprevisible que un mantenimiento deficiente, la omisión de medidas de seguridad o la operación de una unidad que no cumplía con la normatividad.
De ahí la importancia de la intervención federal. Los peritajes deben precisar el origen de la fuga, las condiciones mecánicas del vehículo, el funcionamiento de sus válvulas y sistemas de seguridad, el historial de mantenimiento y las circunstancias que provocaron la explosión. También deberán establecer si existió alguna irregularidad ambiental o incumplimiento de las disposiciones aplicables al transporte de materiales peligrosos. No basta con saber qué explotó; es indispensable determinar por qué explotó, quién pudo evitarlo y quién dejó de hacerlo.
La reserva de información, no obstante, tiene límites. Una cosa es proteger las diligencias y otra permitir que el sigilo se convierta en una zona de oscuridad permanente. La Fiscalía puede abstenerse de revelar datos capaces de comprometer el caso, pero debe informar periódicamente sobre el avance general de las investigaciones, la situación jurídica de los involucrados y las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las víctimas. La secrecía procesal no debe servir como pretexto para que transcurran las semanas y los meses sin consecuencias.
También será necesario vigilar que los eventuales acuerdos reparatorios no terminen convirtiéndose en una salida cómoda para la empresa. Firmar un convenio no equivale necesariamente a reparar el daño. La verdadera reparación ocurre cuando el dinero llega a las víctimas, las viviendas son reconstruidas, los gastos médicos quedan cubiertos y existe una compensación proporcional a las pérdidas y afectaciones sufridas. Los documentos pueden anunciar soluciones; solamente los pagos y las acciones concretas las vuelven realidad.
Por ahora, la intervención de la FGR merece ser considerada una señal positiva, aunque todavía no constituye una garantía de justicia. La prueba decisiva llegará cuando los dictámenes se traduzcan en responsabilidades, sanciones e indemnizaciones efectivamente pagadas. Hasta entonces deberá mantenerse una vigilancia crítica sobre las autoridades, la gasera y las aseguradoras. Porque al final, detrás del lenguaje técnico de los peritajes y los expedientes, permanece la pregunta de aquella película: ¿de cuánto será el cheque y quién estará obligado a firmarlo? Pero en Las Granjas existe otra pregunta todavía más importante: ¿cuándo llegará ese cheque a manos de quienes realmente sufrieron la tragedia?
