MORELOS: LOS MUERTOS QUE EL ESTADO TODAVÍA NO PUEDE NOMBRAR
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 31 de agosto de 2026
Por Guillermo Cinta Flores
Este domingo 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares y colectivos caminaron nuevamente por las calles de Cuernavaca. Salieron de El Calvario y llegaron al memorial instalado en los corredores del Palacio de Gobierno. Llevaron fotografías, pancartas y veladoras, pero, sobre todo, cargaron una exigencia elemental: que el Estado busque a los desaparecidos y devuelva la identidad a los muertos que permanecen convertidos en números, expedientes, muestras genéticas o restos almacenados.
La marcha vino a confirmar que Morelos sigue atrapado en una crisis forense que no comenzó ayer.
El 15 de junio de 2021 relaté lo ocurrido durante el sexenio de Marco Adame Castillo, cuando Pedro Luis Benítez encabezaba la entonces Procuraduría General de Justicia. La acumulación de cadáveres en el Servicio Médico Forense de la avenida Emiliano Zapata alcanzó tal grado que las larvas producidas por la descomposición llegaron al área donde se expedían las cartas de antecedentes no penales.
La emergencia sanitaria estalló públicamente en mayo de 2010. La cámara frigorífica del Semefo había sufrido una falla y funcionaba con el apoyo de una máquina para fabricar cubos de hielo. Tres bolsas se rompieron al movilizar los cadáveres y las larvas cayeron al piso. Después, cuando el escándalo trascendió, los cuerpos fueron retirados y el anfiteatro quedó liberado. Pero nunca se explicó de manera satisfactoria cuántos eran, quiénes eran, qué estudios se les practicaron ni a qué fosas fueron trasladados.
Aquella pregunta sigue persiguiendo a Morelos: ¿cuántas personas buscadas por sus familias terminaron sepultadas por la propia autoridad como desconocidas? No se trata de una sospecha disparatada. En Tetelcingo apareció el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien estaba plenamente identificado y, aun así, fue enviado por la Fiscalía a una fosa irregular junto con más de un centenar de cadáveres. El caso permitió descubrir una práctica institucional marcada por la negligencia, el ocultamiento y la pérdida de información forense.
En 2021, cuando escribí aquella columna, se anunció la inhumación de 378 cuerpos concentrados en el Semefo de Cuautla, dentro de un universo de más de 600 cadáveres y restos no identificados almacenados en instalaciones forenses de Morelos. Los colectivos, entre ellos Regresando a Casa, exigieron que antes de cada inhumación se realizaran necropsias completas, toma de muestras genéticas, registros fotográficos, odontológicos, antropológicos y dactilares. Parecía abrirse una posibilidad para devolver a centenares de personas con sus familias.
Cinco años después, las buscadoras volvieron a las calles para denunciar que el problema está lejos de resolverse. Durante la movilización de este domingo señalaron que alrededor de 400 cuerpos han sido exhumados de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla, y exigieron reconocer a cada uno como persona y sujeto de derechos, no como un simple indicio ministerial. También reclamaron que se les devuelva nombre, historia, familia y circunstancias de muerte.
Las cifras retratan el tamaño del fracaso. En Tetelcingo fueron recuperados 119 cuerpos y solamente 15 habían sido identificados; en Jojutla, las diferentes etapas de intervención acumulaban más de 228 cuerpos, pero apenas dos identificaciones, según datos difundidos al comenzar los trabajos de 2026. La desproporción es aterradora: se exhuman cuerpos, se recuperan restos y se toman muestras, pero la identificación avanza con una lentitud incompatible con el dolor de las familias.
Tomar una muestra de ADN no significa haber identificado a una persona. Falta procesarla, obtener el perfil genético, incorporarlo a bases confiables y confrontarlo con las muestras proporcionadas por familiares. Cuando cualquiera de esos pasos se retrasa, se pierde o se realiza deficientemente, la autoridad produce una segunda desaparición: primero desaparece la persona en manos de criminales o agentes del Estado; después desaparece dentro de los archivos, frigoríficos y fosas administradas por las instituciones.
La crisis ha atravesado gobiernos panistas, perredistas y morenistas; procuradores y fiscales han ido y venido, mientras las madres continúan excavando, marchando y aportando muestras. Cambian los discursos, los funcionarios y las siglas partidistas, pero permanece una estructura forense incapaz de ofrecer resultados suficientes. La Fiscalía actual tiene la obligación de transparentar cuántos cuerpos y restos permanecen bajo su resguardo, cuántos cuentan con perfiles genéticos procesados, cuántos han sido confrontados y cuántos han regresado verdaderamente a casa.
Los muertos no son propiedad de la Fiscalía ni material acumulable en una bodega. Cada cuerpo tiene personalidad jurídica, identidad, vínculos familiares y una historia interrumpida. Mientras Morelos no pueda decir quiénes son las personas que enterró en Tetelcingo, Jojutla y otros panteones ministeriales, la crisis forense seguirá siendo algo más grave que una deficiencia técnica: será la evidencia de un Estado que, después de no proteger a los vivos, tampoco ha sabido respetar ni devolver el nombre a sus muertos.
