Cuautla no necesita otro plan que termine en el archivo
LA CRÓNICA DE MORELOS
Lunes 31 de agosto de 2026
Morelos tiene memoria. A lo largo de las últimas décadas hemos visto desfilar programas, operativos, estrategias y planes gubernamentales presentados como la respuesta definitiva a problemas que parecían intolerables. Llegan funcionarios, se despliegan patrullas, aparecen elementos federales, se anuncian inversiones, se toman fotografías y durante algunas semanas pareciera que ahora sí toda la fuerza del Estado se concentrará sobre el problema. Después disminuyen los reflectores, cambian las prioridades y muchas veces todo termina diluyéndose. Lo deseable —y necesario— es que el Plan Cuautla no forme parte de esa larga colección de esfuerzos efímeros.
Porque esta vez Cuautla llegó demasiado lejos como para permitir una simulación. La extorsión dejó de ser solamente una cifra dentro de las estadísticas criminales para convertirse en un fenómeno capaz de modificar la vida económica y social de la ciudad. Comerciantes amenazados, transportistas sometidos a presiones, negocios que bajan sus cortinas y ciudadanos obligados a convivir con el miedo construyeron durante años un escenario que finalmente llamó la atención del Gobierno federal. La propia presidenta Claudia Sheinbaum comprometió públicamente una intervención para devolver seguridad a los cuautlenses, y el asunto terminó colocado entre las prioridades del gabinete nacional de seguridad.
Eso cambia completamente la dimensión del compromiso. El Plan Cuautla no es solamente otro programa diseñado desde una oficina estatal. En él participan directamente las estructuras federales de seguridad y existe presencia de la Defensa y la Guardia Nacional, además del trabajo de inteligencia encabezado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch. Cuando semejante aparato institucional se concentra sobre un municipio, los resultados esperados necesariamente tienen que estar a la altura del despliegue.
Y después apareció el expediente que terminó por demostrar hasta dónde podía llegar la descomposición: la detención del entonces alcalde Jesús Corona Damián. No estamos hablando de un señalamiento menor ni de una disputa política doméstica. Corona fue detenido en mayo dentro del Operativo Enjambre y posteriormente un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada y extorsión. Las investigaciones federales lo relacionan con integrantes de una estructura criminal que operaba en el oriente de Morelos. Será la justicia la que determine finalmente su responsabilidad, pero políticamente el episodio dejó una pregunta estremecedora: ¿qué ocurre cuando quienes deberían proteger al municipio terminan investigados precisamente por posibles relaciones con quienes lo extorsionan?
Ahí radica la verdadera importancia del Plan Cuautla. No basta con llenar calles de uniformes ni organizar jornadas médicas, ferias del empleo o actividades de proximidad social. Todo eso puede resultar útil y ayudar a reconstruir confianza, pero la prueba definitiva está en otra parte: que el comerciante deje de pagar derecho de piso; que el transportista pueda trabajar sin recibir amenazas; que disminuyan los homicidios; que ningún empresario tenga que cerrar por miedo y que las estructuras criminales pierdan capacidad para influir sobre autoridades, policías y decisiones municipales.
Por eso también resulta paradójico que, mientras el gobierno anuncia una ampliación territorial del plan y busca incorporar a ayudantes municipales, continúen ocurriendo episodios como las detonaciones registradas recientemente en las inmediaciones de la base de la Ruta 8. Un ataque no invalida por sí mismo toda una estrategia de seguridad, sería injusto afirmarlo. Pero sí recuerda que la delincuencia sigue teniendo capacidad de hacerse presente, incluso mientras existe un despliegue extraordinario de autoridades federales y estatales.
La seguridad pública tiene además una característica incómoda para cualquier gobierno: sus resultados no pueden medirse solamente desde las oficinas. Puede haber cientos de operativos, miles de recorridos, reuniones diarias y estadísticas favorables, pero si comerciantes y transportistas siguen pagando extorsiones, el éxito será difícil de sostener. El indicador más importante del Plan Cuautla estará en las calles, no en los boletines.
También sería un error pensar que semejante despliegue puede mantenerse indefinidamente. Tarde o temprano disminuirá la presencia extraordinaria de fuerzas federales y entonces llegará quizá la prueba más importante: saber si durante este periodo se construyeron instituciones municipales capaces de sostener la seguridad por sí mismas. De nada serviría recuperar temporalmente determinados territorios si, después de retirarse los reflectores, los mismos grupos vuelven a ocuparlos.
Cuautla necesita, por ello, una estrategia de Estado y no una temporada de seguridad. Necesita inteligencia permanente, investigaciones financieras, policías confiables, ministerios públicos eficaces, protección para quienes denuncian y una persecución sistemática de las redes de extorsión. Desarticular al sicario sin tocar al cobrador, al operador financiero, al funcionario protector o al beneficiario final significa dejar intacta buena parte del problema.
La intervención federal ofrece una oportunidad extraordinaria. Pocas veces durante los últimos años Cuautla había concentrado semejante atención de los gobiernos federal y estatal. Existe compromiso presidencial, participación directa del gabinete de seguridad y una sociedad que, después de todo lo padecido, necesita recuperar la confianza. Precisamente por eso sería imperdonable desperdiciar esta coyuntura.
Cuautla no merece otro montaje efímero ni otro programa que dentro de algunos meses termine convertido en recuerdo, estadística o carpeta archivada. El éxito del Plan Cuautla no se medirá por cuánto tiempo permanezcan soldados, guardias y funcionarios recorriendo sus calles, sino por el día en que ya no sea necesaria una movilización extraordinaria para que un comerciante pueda abrir su negocio, un transportista pueda trabajar y una familia pueda salir sin miedo.
Ese debería ser el objetivo final. No acostumbrar a Cuautla a vivir protegida por un operativo, sino conseguir que vuelva a vivir sin necesitarlo.
