Coche-bomba en Zacatecas: terrorismo que las autoridades aún no llaman por su nombre
La explosión de un automóvil cargado con material explosivo frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, reúne elementos para ser investigada como un posible acto de terrorismo, y no únicamente como otra agresión atribuible a la delincuencia organizada. El atentado dejó al menos siete personas heridas —entre ellas una mujer policía—, dañó once vehículos y dos patrullas, además de afectar las instalaciones de la corporación.
En México, el terrorismo está definido en el artículo 139 del Código Penal Federal. Comete este delito quien utilice intencionalmente explosivos, armas de fuego, sustancias peligrosas, incendios o cualquier otro medio violento contra personas, bienes o servicios públicos o privados, y con ello provoque alarma, temor o terror entre la población. Pero la ley exige un elemento adicional: que el propósito sea atentar contra la seguridad nacional, presionar a una autoridad o particular, u obligarlo a tomar determinada decisión.
El ataque en Ojocaliente cumple, al menos inicialmente, con buena parte de esos componentes: hubo un explosivo colocado deliberadamente dentro de un vehículo, personas lesionadas, daños a bienes públicos y una comandancia policial como blanco. Lo que deberán determinar las investigaciones es la finalidad de los responsables: si pretendían intimidar a la corporación, obligarla a modificar sus operativos, responder a alguna detención o enviar una advertencia directa al gobierno.
La legislación mexicana no establece que el terrorismo deba ser cometido necesariamente por organizaciones políticas, religiosas o extranjeras. Por ello, el hecho de que detrás del atentado pudiera encontrarse un grupo del narcotráfico no impide jurídicamente que la conducta sea clasificada como terrorista, siempre que se demuestre la intención de producir terror y presionar a la autoridad. El delito contempla penas de entre 15 y 40 años de prisión, independientemente de las condenas correspondientes por lesiones, daños, homicidio en grado de tentativa, delincuencia organizada o posesión de explosivos.
Hasta ahora, las autoridades no han identificado públicamente a los autores ni precisado el móvil. No obstante, reducir lo sucedido a un episodio más de violencia criminal significaría ignorar la dimensión del ataque. Un coche-bomba detonado frente a una institución policial es una forma de intimidación contra el Estado y contra la población: jurídicamente falta que la Fiscalía lo demuestre; materialmente, el terror ya fue sembrado.
