¿UN COCHE BOMBA NO ES TERRORISMO?
LA CRÓNICA DE MORELOS
Martes 1 de septiembre de 202
E D I T O R I A L
La discusión jurídica puede prolongarse cuanto quieran los especialistas, pero para los habitantes de Ojocaliente, Zacatecas, la realidad fue brutalmente sencilla: un vehículo cargado con explosivos detonó frente a instalaciones policiales, lesionó por lo menos a once personas y causó daños en decenas de inmuebles. Hubo estruendo, fuego, destrucción y civiles aterrorizados. Si eso no busca sembrar miedo en la población, intimidar a las autoridades y demostrar que el crimen puede golpear donde quiera, entonces habrá que preguntarnos qué entiende el Estado mexicano por terror.
Es verdad que no todo acto violento puede calificarse automáticamente como terrorismo. El Código Penal Federal exige acreditar elementos específicos, entre ellos el uso de explosivos para producir alarma, temor o terror en la población, además de pretender atentar contra la seguridad nacional, presionar a una autoridad u obligarla a tomar una determinación. La motivación y el propósito deben investigarse. Pero tampoco resulta aceptable utilizar la prudencia jurídica como refugio político para reducir el atentado a un episodio más de “violencia entre grupos criminales”.
El coche bomba representa un salto cualitativo en la capacidad de fuego de la delincuencia organizada. No estamos hablando solamente de pistoleros que atacan a un adversario específico. Se trata de artefactos cuyo radio de destrucción no distingue entre policías, comerciantes, automovilistas, niños o familias completas. A ello se suma el empleo creciente de drones cargados con explosivos y minas terrestres. Zacatecas registró un ataque de este tipo en 2024, seis en 2025 y ya suma diez durante 2026. La tendencia no admite maquillajes.
También es necesario deshacer una falsa disyuntiva: un atentado puede provenir del crimen organizado y, al mismo tiempo, emplear métodos terroristas. La condición de narcotraficante no elimina la intención de sembrar terror. Por el contrario, los grupos criminales recurren a estos instrumentos para doblegar autoridades, paralizar comunidades, controlar territorios y advertir a sus enemigos —incluido el Estado— que poseen capacidad para provocar destrucción masiva.
Negarse siquiera a discutir la clasificación de estos ataques tendría consecuencias graves. Si oficialmente todo continúa siendo presentado como una disputa delincuencial, el gobierno corre el riesgo de normalizar los coches bomba del mismo modo en que durante años se normalizaron las ejecuciones, las desapariciones, las fosas clandestinas y los cuerpos abandonados en las carreteras. Cada nueva modalidad criminal termina incorporándose al paisaje nacional hasta que aparece otra todavía más violenta.
El gobierno federal debe informar con claridad quién fabricó el artefacto, qué explosivos fueron utilizados, cuál era el objetivo y si se pretendía obligar a las autoridades a liberar detenidos, suspender operativos o modificar alguna decisión. No basta con capturar a los autores materiales. Es indispensable establecer quién ordenó el atentado, quién proporcionó los componentes y qué estructura criminal tiene capacidad para repetirlo.
La pregunta, por tanto, no puede evadirse mediante tecnicismos: ¿la explosión de un coche bomba frente a instalaciones policiales, con civiles lesionados y decenas de edificios dañados, no genera terror entre inocentes? Claro que lo genera. Corresponderá a fiscales y jueces determinar si jurídicamente configura terrorismo, delincuencia organizada o ambos delitos. Pero política y socialmente estamos frente a una advertencia inequívoca: los criminales mexicanos ya no solamente disputan territorios a balazos; ahora también pretenden gobernarlos mediante el terror.
