Cuernavaca bajo la firma de los vándalos: urge castigar y obligar a reparar
No debemos confundir el arte urbano con el vandalismo. El primero requiere talento, autorización y un espacio adecuado; el segundo consiste en ensuciar o dañar fachadas, monumentos, cortinas comerciales, mobiliario urbano y propiedades particulares sin consentimiento de sus dueños. Lo que está ocurriendo en numerosos puntos de Cuernavaca pertenece claramente a la segunda categoría.
Las pintas clandestinas ofrecen una imagen deprimente de la ciudad y revelan una preocupante pérdida de respeto por los bienes públicos y privados. Sus autores —muchos de ellos adolescentes y jóvenes— actúan con la certeza de que difícilmente serán sorprendidos y, aun si son detenidos, probablemente no estarán obligados a reparar el daño. La escasa presencia policial, incluso en el Centro Histórico, termina convirtiéndose en una invitación a la impunidad.
Quienes pagan los platos rotos son los propietarios y poseedores de los inmuebles. Borrar una pinta implica comprar pintura, solventes y materiales, además de contratar mano de obra. Una fachada rehabilitada puede ser vandalizada nuevamente en cuestión de horas, mientras el responsable desaparece sin pagar un solo peso. La autoridad abandona al ciudadano y le transfiere el costo de una conducta que debió prevenir y sancionar.
La degradación resulta especialmente vergonzosa en el primer cuadro de Cuernavaca. Basta comparar su imagen con la conservación de otros centros históricos del país para advertir nuestro deterioro. Fachadas manchadas, mobiliario destruido, basura, comercio desordenado y calles descuidadas proyectan una capital sin autoridad. No puede hablarse seriamente de promoción turística mientras permitimos que la carta de presentación de Morelos parezca territorio abandonado.
En otras entidades ya existen instrumentos para combatir estas conductas. En la Ciudad de México, pintar o dañar bienes públicos o privados sin autorización constituye una infracción cívica que puede derivar en multa, arresto o trabajo comunitario; cuando existe daño patrimonial, el asunto puede llegar al Ministerio Público. En Jalisco, las afectaciones realizadas mediante pintas pueden ser perseguidas como daño en propiedad ajena, además de las sanciones contempladas en reglamentos municipales. El principio es elemental: quien destruye, limpia; quien daña, paga.
Cuernavaca necesita un programa permanente que combine vigilancia, cámaras, denuncia inmediata, aplicación efectiva de los reglamentos y reparación obligatoria. Si los responsables son menores de edad, sus padres o tutores deben responder por los daños, sin excluir jornadas comunitarias para limpiar las superficies afectadas. El gobierno estatal y el Ayuntamiento también tendrían que habilitar espacios legales para murales y expresiones artísticas, dejando perfectamente clara la diferencia entre creación y destrucción.
La seguridad pública continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de las dos administraciones de José Luis Urióstegui Salgado. La ENSU del Inegi reportó que en septiembre de 2025 el 84.2 por ciento de los habitantes de Cuernavaca consideraba inseguro vivir en la ciudad. Las pintas vandálicas no son el problema más grave, pero sí constituyen la señal cotidiana de que nadie vigila y nada sucede. Recuperar Cuernavaca comienza también por algo tan básico como impedir que una minoría siga destruyendo, con absoluta impunidad, lo que pertenece a todos.
FOTOS: OJOS CIUDADANOS/MARTÍN PÉREZ
