Grúas con convenio, cobros de escándalo: denuncian “tarifazos” de hasta 10 mil pesos en Cuautla
Balo León y Grúas Cárdenas son las únicas empresas con convenio vigente para prestar servicios relacionados con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla. Sin embargo, ciudadanos han denunciado cobros que pueden alcanzar los 10 mil pesos por el arrastre, traslado y permanencia de vehículos en un corralón que, según los testimonios, se encontraría fuera del municipio, aparentemente en Yautepec.
Las quejas han sido difundidas por el periodista Paco Cedeño en su página de Facebook, donde personas afectadas han relatado una operación que consideran abusiva: después de que agentes de Tránsito ordenan el retiro de una unidad, comienza un recorrido costoso y complicado para recuperarla. El automovilista debe pagar la infracción correspondiente, cubrir el servicio de grúa y liquidar el confinamiento, sin que siempre reciba desde el principio información clara sobre las tarifas, el domicilio del depósito o el procedimiento para inconformarse.
Uno de los casos divulgados refiere que inicialmente se pretendió cobrar 18 mil pesos por el arrastre de un vehículo y, ante la negativa del propietario, la cantidad habría sido reducida a 10 mil pesos. La posibilidad de “negociar” una tarifa de semejante manera aumenta las sospechas sobre la inexistencia —o al menos la falta de exhibición— de un tabulador oficial, público y obligatorio. Si el cobro puede disminuir miles de pesos en cuestión de minutos, la pregunta elemental es quién fija realmente el precio y bajo qué fundamento.
La afectación tampoco se limita a los habitantes de Cuautla. Al concentrar esta ciudad buena parte de los servicios, comercios y vialidades de la región oriente, automovilistas de Ayala, Yecapixtla, Atlatlahucan, Yautepec y otros municipios colindantes pueden quedar atrapados en el mismo procedimiento. El problema se agrava cuando el vehículo es llevado a un depósito ubicado en otra localidad, porque el ciudadano debe invertir más tiempo y dinero para conocer su situación y recuperarlo.
El encargado de despacho de la dependencia municipal, identificado oficialmente como el policía segundo Manuel Nieto Sotelo, confirmó desde el 4 de agosto que el Ayuntamiento mantiene convenios únicamente con Grúas Balo León y Grúas Cárdenas. También señaló que, desde su llegada al cargo, instruyó a los elementos para solicitar exclusivamente los servicios de esas dos compañías en los asuntos correspondientes a la corporación municipal.
Nieto Sotelo exhortó a quienes se consideren afectados a presentar denuncias ante las instancias competentes y aseguró que la Secretaría proporcionará la información requerida para cualquier investigación. Aclaró además que, cuando un vehículo está relacionado con un hecho delictivo, corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar qué empresa interviene, de acuerdo con sus propios convenios.
La respuesta oficial, sin embargo, resulta insuficiente. Pedir a las víctimas que denuncien no releva al Ayuntamiento de su obligación de vigilar a empresas que trabajan bajo un convenio municipal. Si existen señalamientos reiterados contra sus prestadores, el gobierno debe revisar de oficio cada caso, transparentar los contratos, publicar el tabulador autorizado, identificar plenamente los corralones utilizados y explicar qué controles aplica para impedir cobros arbitrarios.
Tampoco basta con asegurar que solamente dos compañías están autorizadas. Precisamente por contar con el aval del Ayuntamiento, Balo León y Grúas Cárdenas deben quedar sometidas a una supervisión más estricta, no a una especie de patente de corso. La autoridad tendría que informar cuántos servicios les han sido asignados, cuánto cobran por kilómetro, qué tarifa aplican por día de confinamiento, quién recibe los pagos y si expiden comprobantes fiscales con el desglose correspondiente.
Los hechos denunciados por Paco Cedeño “rayan en la extorsión”, según la expresión utilizada por ciudadanos inconformes; jurídicamente, corresponderá a las autoridades determinar si se configura ese u otro delito. Pero, aun sin adelantar responsabilidades penales, los cobros desproporcionados y la falta de transparencia representan un problema administrativo y de protección al consumidor que el gobierno municipal no puede reducir a una recomendación genérica de “presentar la denuncia”.
El alcalde sustituto Salvador Molina y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tienen frente a sí una decisión sencilla: hacer públicos los convenios y poner orden en el servicio, o cargar con la sospecha de que los operativos de tránsito también sirven para alimentar un negocio privado. En Cuautla, una infracción o un accidente no deberían convertirse en una condena económica dictada por una grúa y ejecutada dentro de un corralón.
La problemática provocada por gruyeros abusivos no es nueva: se ha repetido durante décadas sin que ninguna autoridad consiga —o quiera— ponerle freno definitivo. Sobre estos convenios pesa históricamente la sospecha de beneficiar a funcionarios corruptos, algunos vinculados con corporaciones policiacas, mediante la asignación discrecional de servicios y el cobro de tarifas infladas. En Cuautla, ciudadanos y comunicadores sostienen que incluso comandantes de la Secretaría de maalt Seguridad y Protección Ciudadana estatal estarían involucrados en la imposición de estos “tarifazos”; se trata de un señalamiento grave que debe investigarse y documentarse, pero que no puede ser ignorado ni despachado con el cómodo argumento de que las víctimas deben limitarse a denunciar.
