CUANDO APARECE LO IMPREVISIBLE: GOBERNAR TAMBIÉN ES SABER MANEJAR LAS CRISIS
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Lunes 14 de septiembre de 2026
Gobernar no consiste únicamente en ejecutar programas, administrar presupuestos o cumplir una agenda previamente diseñada. Gobernar significa también estar preparado para aquello que nadie esperaba. Las crisis aparecen en cualquier país, estado o municipio sin solicitar permiso y, cuando irrumpen, ponen a prueba algo que ningún organigrama garantiza: la pericia política de quienes ejercen el poder. Un buen manejo de crisis exige información confiable, rapidez para decidir, coordinación institucional, comunicación clara, definición de responsabilidades, sensibilidad frente a las víctimas y, sobre todo, capacidad para evitar que la emergencia termine convertida en una crisis de gobernabilidad.
Hace muchos años, durante un diplomado que cursé en la Universidad Iberoamericana sobre prospectiva, teoría de escenarios y diseño de la comunicación política, escuché al doctor Leonardo Curzio hablar precisamente de la variable impredecible. Es aquello que rompe abruptamente el escenario sobre el cual se habían construido decisiones, estrategias y expectativas. La Biblia expresa una idea semejante cuando habla del “suceso imprevisto” que alcanza a los seres humanos. En política ocurre exactamente igual: se puede planear mucho, construir escenarios y establecer protocolos, pero siempre permanecerá abierta la posibilidad del acontecimiento capaz de modificarlo todo en cuestión de horas.
Lo recuerdo porque en 1993, cuando México comenzaba a mirar hacia la sucesión de Carlos Salinas de Gortari, amigos míos vinculados a La Carpeta Púrpura construyeron distintos escenarios sobre lo que podía ocurrir durante aquel complicado relevo presidencial. Entre las hipótesis extremas apareció incluso la posibilidad de un magnicidio y las graves consecuencias políticas que provocaría. Nadie podía saber entonces que el 23 de marzo de 1994 sería asesinado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. No adivinaron el futuro —la prospectiva seria no pretende hacerlo—; hicieron algo diferente y mucho más útil: imaginaron escenarios disruptivos para comprender anticipadamente sus posibles consecuencias. Ésa es precisamente una de las obligaciones de quienes gobiernan.
Morelos acaba de recibir dos recordatorios brutales de esa realidad. Primero, el incendio del mercado Adolfo López Mateos; después, el artero asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la joven estudiante española que realizaba una estancia académica en nuestra entidad. Son acontecimientos completamente diferentes, pero tienen algo en común: irrumpieron inesperadamente, modificaron la agenda pública y obligaron al aparato gubernamental a reaccionar con enorme rapidez. En el segundo caso, además, la tragedia trascendió inmediatamente las fronteras estatales y nacionales, colocando nuevamente el nombre de Morelos bajo una atención que nadie hubiera deseado.
Sería mezquino no reconocer que la gobernadora Margarita González Saravia y sus principales colaboradores han salido al paso de ambos acontecimientos. Eso también debe decirse. Manejar adecuadamente una crisis comienza precisamente por dar la cara, reunir información, coordinar instituciones, atender a los afectados y evitar vacíos que rápidamente terminan ocupados por rumores, especulaciones y desinformación. Pero comparecer y comunicar constituyen solamente la primera etapa. Una crisis no se resuelve cuando desaparece de los titulares: se resuelve cuando las instituciones producen resultados.
Y ahí está la enorme responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Morelos en el caso Claudia. No bastarán comunicados, condolencias, reuniones diplomáticas ni promesas de investigación exhaustiva. La Fiscalía tendrá que identificar al responsable, detenerlo, construir una investigación jurídicamente sólida y llevar ante los tribunales elementos suficientes para que el crimen no quede impune. El asesinato de Claudia colocó a Morelos en el escenario internacional y, precisamente por ello, la respuesta institucional será observada dentro y fuera de México. No hay margen para investigaciones improvisadas ni para conclusiones precipitadas sobre el móvil.
Pero aquí aparece una reflexión todavía más incómoda. Es probable que, debido a la enorme resonancia del caso, se despliegue toda la capacidad institucional disponible para localizar al asesino de Claudia. Qué bueno que así sea. Lo verdaderamente injusto sería que esa misma capacidad no estuviera disponible para todas las víctimas. Detrás de numerosos feminicidios existen madres, padres, hijos y hermanos que llevan meses o años esperando exactamente lo mismo: saber quién mató a su familiar y conseguir justicia. La nacionalidad, la repercusión mediática o la intervención diplomática jamás deberían determinar la intensidad con que el Estado investiga un asesinato.
Algo semejante ocurre, guardando todas las proporciones, con el incendio del mercado Adolfo López Mateos. En las horas posteriores a una tragedia existe una enorme presión para anunciar soluciones inmediatas, pero un principio elemental del manejo de crisis consiste en no prometer aquello que material, jurídica o financieramente no podrá cumplirse. Los daños deberán cuantificarse, las responsabilidades establecerse y los apoyos definirse con claridad. Reconstruir, rehabilitar o indemnizar cuesta dinero, y Morelos se encuentra ya en el último tramo de un ejercicio fiscal cuyas disponibilidades están severamente comprometidas. La solidaridad gubernamental debe expresarse con hechos, pero también con responsabilidad presupuestal.
Porque otro componente esencial del manejo profesional de una crisis es administrar expectativas. Una autoridad pierde credibilidad cuando promete cien y posteriormente solamente puede entregar veinte. Es preferible explicar desde el principio qué puede hacerse inmediatamente, qué necesitará modificaciones presupuestales y qué deberá programarse para 2027. La emergencia exige velocidad, pero nunca debe convertirse en pretexto para la improvisación administrativa. Mucho menos para contratos opacos, gastos injustificados o decisiones tomadas al calor de la presión pública. Las crisis requieren rapidez; precisamente por eso necesitan también controles.
Los próximos días permitirán saber si estamos solamente frente a una buena reacción inicial o ante un verdadero manejo de crisis. En el mercado López Mateos, los indicadores serán concretos: atención a damnificados, evaluación de daños, recursos disponibles, rehabilitación y cumplimiento de compromisos. En el caso Claudia serán todavía más contundentes: identificación, captura y procesamiento del responsable. Y después vendrá la prueba moral más difícil para las instituciones de procuración de justicia: demostrar que semejante despliegue no está reservado únicamente para aquellos crímenes que alcanzan dimensión internacional.
La variable impredecible siempre volverá a aparecer. Ningún gobernante puede impedir todos los incendios, accidentes, conflictos, desastres o crímenes que ocurrirán durante su administración. Lo que sí puede exigírsele es estar preparado para responder cuando aparezcan. Ahí se distingue la administración rutinaria del verdadero ejercicio de gobierno. Morelos atraviesa nuevamente esa prueba. Hay que reconocer lo que se está haciendo correctamente, señalar aquello que deba corregirse y exigir resultados donde no existe posibilidad de concesiones. Particularmente en el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, la conclusión solamente puede ser una: no más impunidad para ella, pero tampoco para las otras mujeres cuyos nombres quizá nunca llegaron a los grandes titulares.
