Jojutla, una cárcel al límite: más de 700 internos hacinados en un espacio para unos 150
La cárcel de Jojutla enfrenta uno de los problemas más graves del sistema penitenciario de Morelos: más de 700 personas privadas de la libertad permanecen concentradas en instalaciones diseñadas para albergar apenas alrededor de 150. En términos prácticos, el centro opera con una población cercana a cinco veces su capacidad original, una presión que rebasa por mucho el simple problema de falta de espacio.
Las propias autoridades penitenciarias reconocieron la existencia de hacinamiento y sobrepoblación después de la riña registrada el pasado 7 de septiembre. El enfrentamiento entre grupos de internos obligó a desplegar fuerzas de seguridad y dejó varios lesionados, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales. Posteriormente fueron reubicados nueve internos considerados líderes de grupos al interior del penal.
Las cifras disponibles dimensionan el problema. En julio pasado, el Observatorio de Prisiones reportaba para Jojutla una capacidad de 132 personas y una población de 689, lo que representaba un hacinamiento superior al 420 por ciento. Para septiembre, autoridades penitenciarias señalaron que la población había llegado ya a 703 internos y situaron la capacidad aproximada del inmueble en 150 espacios. Cualquiera de las dos referencias conduce a la misma conclusión: la cárcel está severamente rebasada.
El problema tampoco se limita a Jojutla. El propio Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030 reconoce que el sistema penitenciario morelense arrastra sobrepoblación, insuficiencia de infraestructura y falta de personal especializado. Con datos correspondientes a noviembre de 2024, el gobierno estatal contabilizaba 3 mil 744 internos frente a una capacidad instalada de 2 mil 582 lugares: mil 162 personas por encima de la capacidad disponible.
La situación adquiere mayor relevancia porque la sobrepoblación puede dificultar la separación adecuada de internos, incrementar las tensiones, complicar las tareas de custodia y reducir las posibilidades reales de desarrollar programas de reinserción. La reciente disputa registrada en Jojutla encendió precisamente las alertas sobre la gobernabilidad interna y llevó a las autoridades a realizar traslados hacia Atlacholoaya.
Morelos ha comenzado una reorganización de su infraestructura penitenciaria. Apenas en agosto fueron trasladadas 305 mujeres privadas de la libertad al nuevo Cereso Femenil de Cuernavaca y se anunciaron modificaciones en otros centros. Sin embargo, el caso de Jojutla demuestra que permanece pendiente uno de los problemas más delicados: qué hacer con una prisión cuya población rebasa varias veces los espacios para los cuales fue construida.
Más allá de contener riñas o trasladar a quienes son identificados como generadores de conflictos, el desafío será reducir el hacinamiento y recuperar condiciones adecuadas de seguridad y control. Con más de 700 internos concentrados donde deberían estar alrededor de 150, Jojutla se ha convertido en el ejemplo más evidente de una crisis penitenciaria que Morelos tendrá que atender antes de que la sobrepoblación vuelva a traducirse en violencia.
