SINALOA Y LA FRASE QUE ABRE UNA PREGUNTA INCÓMODA: ¿EL PROBLEMA FUE LA INJERENCIA DE EU O EL PODER QUE YA TENÍA EL CÁRTEL?
LA CRÓNICA DE MORELOS
EDITORIAL
Martes 22 de septiembre de 2026
Hay frases presidenciales que merecen algo más que una lectura apresurada. Claudia Sheinbaum dijo el domingo, precisamente desde Culiacán, que “la injerencia no resuelve los problemas” y que “la injerencia provoca violencia”. Este lunes fue todavía más lejos: sostuvo que Sinaloa constituye una demostración de que el injerencismo, al provocar el rompimiento de un grupo delictivo, generó la situación de violencia que hoy padece esa entidad. El planteamiento merece analizarse con cuidado porque conduce a una pregunta incómoda: ¿el problema fundamental fue que Estados Unidos intervino para desarticular una estructura criminal o que esa estructura había acumulado tal poder que romperla podía incendiar prácticamente a un estado?
La secuencia a la que se refiere la Presidenta es conocida. La llegada de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, en julio de 2024, estuvo seguida por la ruptura entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa y una prolongada escalada de violencia. Sheinbaum sostiene que aquella actuación unilateral estadounidense debilitó las instituciones mexicanas y desencadenó el enfrentamiento criminal. Incluso recordó este lunes que Sinaloa registraba menos de un homicidio diario antes de aquella fractura. Pero aceptar esa relación temporal no resuelve la cuestión central: ¿cómo llegó una organización criminal a adquirir semejante capacidad militar, territorial, económica y de control para que la caída de uno de sus jefes pudiera alterar de esa manera la vida de millones de personas?
Y aquí aparece Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no formuló una acusación menor: el 29 de abril imputó al gobernador y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Los fiscales estadounidenses sostienen —y debe subrayarse que son acusaciones que tendrán que demostrarse ante un tribunal— que funcionarios habrían protegido a dirigentes del Cártel, entregado información sensible y utilizado corporaciones policiales para facilitar operaciones criminales. En el caso específico de Rocha Moya, la acusación sostiene que Los Chapitos incluso habrían contribuido a favorecer su llegada a la gubernatura mediante intimidación de adversarios y que posteriormente habría existido protección a esa facción. Rocha y los demás acusados conservan la presunción de inocencia.
Por eso las palabras pronunciadas por Sheinbaum entre domingo y lunes adquieren otra dimensión política. Mientras Washington está poniendo sobre la mesa una acusación judicial sobre una presunta penetración del narcotráfico en estructuras gubernamentales sinaloenses, Palacio Nacional coloca el acento sobre el injerencismo estadounidense y la ruptura del Cártel. No son necesariamente argumentos incompatibles: México puede defender su soberanía y exigir que cualquier investigación extranjera se canalice por mecanismos legales de cooperación. Pero tampoco debería desaparecer del debate la otra pregunta: si autoridades sinaloenses colaboraron o no con organizaciones criminales y qué están haciendo las instituciones mexicanas para esclarecerlo. Ése es el asunto que no puede quedar sepultado debajo de la bandera de la soberanía.
Hay algo todavía más inquietante en la expresión presidencial sobre el “rompimiento de un grupo delictivo”. Un Estado no puede aspirar a la tranquilidad mediante la conservación del equilibrio entre organizaciones criminales. La reducción de la violencia constituye, por supuesto, una obligación gubernamental, pero también lo son el desmantelamiento de las estructuras criminales, la investigación de sus redes financieras y la persecución de cualquier servidor público que eventualmente las proteja. Si romper un cártel desencadena una guerra, el problema no es solamente quién provocó la ruptura: también debemos preguntarnos quién permitió que aquel cártel se volviera suficientemente poderoso para convertir su división interna en una crisis de seguridad pública.
La soberanía mexicana debe defenderse siempre. También frente a Estados Unidos. Pero soberanía no puede convertirse en sinónimo de silencio ante las acusaciones que involucren a integrantes del poder político mexicano. Washington deberá probar lo que afirma sobre Rocha Moya y los otros acusados, y México tiene derecho a exigir pruebas y respeto absoluto a sus instituciones. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de investigar por su cuenta. Porque quizá la pregunta decisiva de Sinaloa no sea solamente quién rompió al Cártel, sino algo mucho más profundo y perturbador: ¿cómo consiguió el Cártel tanto poder, durante tantos años y frente a tantas autoridades, para que romperlo terminara rompiendo también la paz de Sinaloa?
