¿COMBATIR LA VIOLENCIA O ESCONDERLA DE LAS REDES?
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Sábado 3 de octubre de 2026
La intención parece difícil de cuestionar: después del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la integración de un grupo de trabajo para preparar, desde la próxima semana, un decreto que establezca obligaciones a las plataformas digitales para detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia. El propósito declarado es impedir que las redes sociales se conviertan en espacios donde se glorifiquen agresiones, se promuevan ataques o adolescentes encuentren comunidades capaces de alimentar conductas violentas. El problema comenzará cuando alguien tenga que definir exactamente qué deberá desaparecer de internet.
Porque una cosa es incitar a matar y otra, completamente diferente, informar que alguien fue asesinado. Una cosa es publicar instrucciones para cometer una agresión, glorificar a sus autores o convocar a otros a imitarlos, y otra mostrar periodísticamente las consecuencias de la violencia que padecemos. Esa frontera tendrá que quedar perfectamente establecida. La propia presidenta ha dicho que la regulación debe hacerse sin “rayar en la censura”, mientras el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha precisado que se pretende actuar contra contenidos y comentarios que “inciten directamente a la violencia”. Esa palabra —directamente— puede terminar siendo fundamental.
Pongamos el problema en Morelos. Este sábado, en pleno centro de Jiutepec, se registró un nuevo ataque armado frente a un establecimiento de la avenida Insurgentes, provocando además el acordonamiento de una zona de intensa circulación. ¿Qué hacemos los medios digitales ante acontecimientos semejantes? Los informamos. Publicamos que hubo disparos, explicamos dónde ocurrió el ataque, mostramos el despliegue policiaco y, cuando existen imágenes periodísticamente pertinentes, documentamos lo sucedido. No estamos promoviendo la violencia: estamos informando que la violencia existe. Y ocultarla no conseguiría que desapareciera de nuestras calles.
Ahí aparece el riesgo que deberá evitar el decreto presidencial. El artículo 7 de la Constitución establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio y prohíbe restricciones indirectas destinadas a impedir su transmisión y circulación. Por eso una regulación demasiado amplia, ambigua o dependiente exclusivamente de algoritmos podría provocar algo particularmente peligroso: que las plataformas, para evitar sanciones, prefieran borrar de más. Una fotografía de un operativo, el video de una balacera, una investigación sobre sicarios o una nota acerca de un homicidio podrían terminar atrapados por filtros automáticos concebidos originalmente para perseguir contenidos completamente distintos.
También existe, sin embargo, el otro extremo y sería irresponsable ignorarlo. Hay contenidos digitales cuyo propósito no es informar: celebran matanzas, convierten agresores en personajes admirables, hostigan víctimas, convocan a cometer delitos o crean comunidades alrededor de la fascinación por determinados ataques. Precisamente el Gobierno federal ha señalado que busca detectar amenazas creíbles, patrones y posibles llamados a cometer actos violentos, y que una simple consulta o expresión en redes no significa automáticamente que alguien vaya a delinquir. Esa diferenciación es indispensable.
Por eso la discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra del decreto. La pregunta verdaderamente importante será qué contenido podrá retirarse, quién tomará esa decisión, mediante qué procedimiento y qué posibilidades existirán para impugnar un retiro equivocado. Tendrían que existir excepciones inequívocas para contenidos periodísticos, documentales, educativos, académicos, históricos y de denuncia. También deberán existir criterios públicos y transparentes. De lo contrario, el combate contra la incitación a la violencia podría terminar afectando accidentalmente la posibilidad de documentar la violencia.
México tiene razones suficientes para preocuparse por lo que niños y adolescentes encuentran en determinados rincones de internet. Pero también tiene demasiada violencia en sus calles como para permitir que una regulación mal diseñada termine escondiéndola de las pantallas. Las plataformas deben diferenciar entre quien dice “hazlo” y quien informa “esto ocurrió”. Parece una diferencia elemental, pero de cómo quede escrita en el decreto dependerá una parte fundamental de esta discusión. Porque combatir la apología y la incitación a la violencia es necesario; convertir la violencia real en una realidad que los periodistas no podamos mostrar sería otra cosa muy distinta.
