EL SARAMPIÓN REGRESA Y NOS COBRA LA FACTURA

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Miércoles 18 de noviembre de 2026
Hay noticias que deberían encender todas las alarmas nacionales, pero terminan perdiéndose entre las declaraciones políticas, los escándalos de corrupción y las acostumbradas confrontaciones entre gobernantes y opositores. Ayer, martes 17 de noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que México perdió su reconocimiento como país libre de transmisión endémica del sarampión. Dicho de manera sencilla: una enfermedad que habíamos conseguido controlar hasta interrumpir su circulación habitual volvió a instalarse entre nosotros. No es cualquier cosa. Estamos hablando de un retroceso sanitario que debería preocuparnos mucho más que las discusiones estériles que diariamente ocupan la conversación pública.
Durante décadas, México construyó una importante infraestructura de prevención mediante campañas nacionales de vacunación, brigadas médicas y programas de vigilancia epidemiológica. Muchos recordamos aquellas jornadas en las escuelas primarias, cuando las autoridades sanitarias acudían a vacunar a los niños prácticamente salón por salón. No importaba demasiado quién gobernaba ni a qué partido pertenecía el presidente de la República. La vacunación era una política de Estado, sostenida durante distintos gobiernos. Sus resultados contribuyeron a que, en 2016, el continente americano recibiera la certificación de eliminación del sarampión. Diez años después, México aparece entre los países que han perdido ese reconocimiento. Algo evidentemente dejó de funcionar como debía.
La explicación técnica es contundente. Para la OPS, perder el estatus significa que una misma cadena de transmisión del virus permaneció activa durante por lo menos doce meses consecutivos. México lleva 21 meses enfrentando el brote iniciado en febrero de 2025. Hasta el pasado 12 de noviembre acumulaba 20 mil 701 contagios confirmados y 50 defunciones. No se trata, pues, de unos cuantos casos importados ni de una alarma exagerada. Son miles de personas enfermas y medio centenar de vidas perdidas por un padecimiento que puede prevenirse mediante vacunas. Detrás de cada fallecimiento hay una familia y una tragedia que ninguna estadística alcanza a describir.
Conviene aclarar algo importante: perder esta certificación no significa que todos los mexicanos estén expuestos de la misma manera ni que el sarampión se encuentre en cada comunidad. Tampoco quiere decir que las vacunas hayan dejado de funcionar. Significa que existen suficientes personas sin protección para permitir que el virus continúe transmitiéndose. Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿cómo llegamos a semejante situación después de tantos años de avances? Sería irresponsable atribuirlo todo a una sola administración, porque los problemas de cobertura, abastecimiento, seguimiento de esquemas y vigilancia sanitaria pueden acumularse durante varios años. Pero también sería inadmisible utilizar esa explicación para evadir las responsabilidades actuales.
El sarampión no es una simple enfermedad infantil que deba tomarse a la ligera. Se transmite con extraordinaria facilidad por el aire y puede ocasionar neumonía, inflamación cerebral y otras complicaciones graves. Los menores que no cuentan con sus dosis correspondientes figuran entre los grupos más vulnerables. La OPS recomienda coberturas de vacunación de al menos 95 por ciento con dos dosis para prevenir brotes. Cuando esa protección comunitaria presenta huecos, el virus encuentra oportunidades para propagarse. Por eso, el verdadero problema no está solamente en quienes enferman, sino también en las condiciones que permiten que aparezcan nuevos contagios.
Y aquí tenemos que aterrizar el asunto en Morelos. Nuestra entidad mantiene una intensa movilidad cotidiana con la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Guerrero. Miles de personas se trasladan diariamente por motivos laborales, comerciales, educativos y familiares. Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco, Jojutla y otros municipios participan de ese constante intercambio poblacional. Sería absurdo pensar que una enfermedad altamente contagiosa reconoce fronteras estatales. Sin embargo, también debemos evitar el alarmismo: que México haya perdido su reconocimiento internacional no significa, automáticamente, que Morelos enfrente una transmisión endémica. Lo que sí significa es que debemos fortalecer la prevención antes de que los problemas adquieran mayores dimensiones.
En este escenario, corresponde a las autoridades federales y estatales revisar con rigor la cobertura de vacunación, identificar a los sectores rezagados y garantizar la disponibilidad de biológicos. También resulta fundamental que los centros escolares participen en campañas informativas y que las familias verifiquen las cartillas de vacunación de sus hijos. En Morelos, la administración encabezada por Margarita González Saravia tiene la oportunidad de reforzar una estrategia preventiva coordinada con la Secretaría de Salud federal, sin esperar a que aumenten los contagios para actuar. La prevención cuesta recursos, ciertamente, pero las hospitalizaciones, las complicaciones médicas y las pérdidas humanas tienen un costo infinitamente mayor.
Hay otro aspecto que merece especial atención: la desinformación. En los últimos años han proliferado mensajes que cuestionan, sin fundamentos científicos, la seguridad o utilidad de las vacunas. Las redes sociales permiten que cualquier ocurrencia adquiera apariencia de verdad y llegue a miles de personas. Combatir esas falsedades requiere información clara, personal médico capacitado y autoridades capaces de generar confianza. Pero tampoco basta con responsabilizar a quienes rechazan las vacunas. Si una familia quiere inmunizar a sus hijos y no encuentra dosis, personal o servicios accesibles, estamos frente a una falla institucional que debe corregirse.
La OPS ha señalado que México podrá recuperar su reconocimiento cuando consiga interrumpir durante al menos doce meses consecutivos la transmisión endémica del virus, cumpliendo además los requisitos de vigilancia y verificación internacional. El gobierno mexicano se ha fijado el año 2028 como objetivo. Ojalá lo consiga. Pero sería un error convertir semejante propósito en otra meta burocrática destinada a producir boletines triunfalistas. La verdadera victoria no consistirá en recuperar un documento expedido por un organismo internacional, sino en lograr que ningún niño quede desprotegido por falta de vacunación y que disminuyan sustancialmente los riesgos de nuevos brotes.
Quienes llevamos varias décadas observando la vida pública mexicana sabemos que los avances sanitarios nunca deben darse por garantizados. Erradicar o eliminar la transmisión habitual de una enfermedad exige esfuerzos enormes; permitir su regreso puede ocurrir cuando se descuidan tareas elementales. Hoy México enfrenta una advertencia que no admite colores partidistas. No se trata de golpear al gobierno federal ni de absolver a quienes tuvieron responsabilidades anteriores. Se trata de exigir resultados, presupuesto suficiente, vigilancia y continuidad institucional. Porque un país que permite el regreso sostenido de enfermedades prevenibles no solamente pierde una certificación internacional: pone en riesgo parte del patrimonio sanitario construido durante generaciones. Y esa factura, lamentablemente, la terminan pagando las familias mexicanas.
