Dos protestas sacuden al IEBEM; Gobierno ratifica a Franco Ruiz y revisará presuntas irregularidades en promoción docente
La llegada de Carlos Franco Ruiz a la dirección general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) quedó marcada por dos conflictos magisteriales que convergieron este miércoles 7 de octubre en las instalaciones del organismo, aunque con demandas diferentes. Mientras un grupo de trabajadores exige reconsiderar el nombramiento del nuevo titular, otro reclama irregularidades en el proceso de Promoción Horizontal 2026, particularmente en la validación de documentos que influyen en la asignación de puntajes y beneficios salariales.
Frente a las protestas, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, fue categórico al señalar que Carlos Franco Ruiz no será removido del cargo, con lo cual la administración estatal descartó atender una de las principales exigencias de los inconformes. La postura oficial coloca al nuevo director ante el desafío de recuperar la estabilidad institucional y atender los reclamos del magisterio, apenas iniciado su encargo.
El segundo frente de inconformidad está relacionado con la llamada Promoción Horizontal, un mecanismo federal que permite a los maestros de educación básica obtener incrementos salariales sin abandonar sus funciones docentes ni tener que ascender a puestos directivos. Para acceder a estos beneficios, los participantes deben acreditar diversos requisitos y elementos de evaluación, entre ellos su preparación profesional, experiencia y actividades de formación continua. Los puntajes obtenidos, junto con los criterios de asignación y la disponibilidad presupuestal, determinan quiénes pueden recibir los incentivos económicos.
El conflicto surgió por cuestionamientos sobre la valoración de cursos, diplomados y constancias presentados por los profesores. La controversia adquirió mayor relevancia después de conocerse que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), con sede en la Ciudad de México, había advertido posibles irregularidades en documentación relacionada con estos procedimientos. La situación abrió interrogantes sobre la autenticidad de determinados comprobantes, los mecanismos utilizados para validarlos y las responsabilidades de las instancias que intervinieron en su revisión.
Uno de los aspectos que ameritan una investigación más profunda es la posibilidad de que algunas constancias hubieran sido expedidas o validadas irregularmente. Versiones periodísticas señalan que alrededor de mil documentos habrían sido rechazados y que algunos comprobantes similares fueron aceptados en procesos de años anteriores. Sin embargo, no existe hasta ahora información pública suficiente para establecer si hubo falsificación, expedición indebida, comercialización de constancias o errores administrativos, ni para atribuir responsabilidades concretas.
La Secretaría de Educación estatal confirmó que recibió una notificación de USICAMM federal sobre posibles irregularidades documentales. De confirmarse que determinadas constancias fueron utilizadas sin cumplir los requisitos legales, el problema podría trascender las inconformidades salariales y obligar a revisar los procedimientos mediante los cuales se otorgaron incentivos en ejercicios anteriores. También sería necesario determinar si hubo funcionarios involucrados o docentes afectados que actuaron de buena fe.
En medio de este escenario, los manifestantes también demandaron la destitución de Olivia Corrales Arriaga, responsable del área estatal relacionada con USICAMM, a quien cuestionan por su conducción administrativa. La inconformidad, por tanto, no se limita a los resultados de las evaluaciones, sino que alcanza el funcionamiento de las oficinas encargadas de procesar y validar la documentación magisterial.
Durante una reunión celebrada este miércoles, Franco Ruiz ofreció revisar individualmente los expedientes de los docentes inconformes, mediante el Departamento de Actualización Magisterial del IEBEM. Según un comunicado oficial, el propósito es integrar propuestas debidamente sustentadas y remitirlas a USICAMM federal para solicitar que se consideren los elementos correspondientes en la asignación de puntajes. El ofrecimiento representa una ruta de atención, pero no garantiza la modificación de los resultados ni la obtención de los incentivos reclamados.
La controversia adquiere especial importancia porque la Promoción Horizontal se encuentra sujeta a procedimientos y plazos federales. Los participantes cuentan con mecanismos de reconsideración respecto de las resoluciones, por lo que será necesario aclarar qué efectos concretos podrá tener la nueva revisión anunciada por el IEBEM.
Así, Carlos Franco Ruiz enfrenta dos desafíos simultáneos: responder a quienes cuestionan su llegada y esclarecer las posibles anomalías en un procedimiento que incide directamente en los ingresos de numerosos trabajadores de la educación. Mientras el Gobierno estatal mantiene firme su nombramiento, permanece abierta una interrogante de mayor alcance: si la autoridad federal detectó documentación irregular, ¿quién la expidió, quién la validó y cómo llegó a formar parte de los expedientes oficiales del magisterio morelense?
A este escenario se suma la advertencia de un posible movimiento de “brazos caídos” por parte de los trabajadores administrativos del IEBEM, anunciado por Irving Pineda, dirigente de este sector laboral, como parte de las inconformidades surgidas al interior de la institución. La medida implicaría la suspensión de actividades sin abandonar necesariamente los centros de trabajo, lo que podría afectar diversos trámites y servicios administrativos relacionados con la educación básica en Morelos. De concretarse, representaría un nuevo frente de presión para Carlos Franco Ruiz, quien apenas asumió la dirección general del organismo y enfrenta ya diversos conflictos laborales y magisteriales.
