¿TERRORISMO O NARCOTERRORISMO? LO QUE OCURRIÓ EN SINALOA TIENE NOMBRE
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Domingo 22 de noviembre de 2026
La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, desató una demostración de violencia criminal que rebasó la resistencia a un operativo militar. Los bloqueos carreteros, vehículos incendiados, ataques armados y la muerte de cuatro soldados mexicanos obligan a plantear una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo seguiremos llamando enfrentamientos entre autoridades y delincuentes a acciones organizadas para aterrorizar a la población y desafiar al Estado?
Lo ocurrido entre la noche del viernes 20 y el sábado 21 de noviembre de 2026 en Guasave y otros municipios sinaloenses constituye algo más grave que una reacción del crimen organizado ante la captura de uno de sus principales dirigentes. Fue una movilización armada destinada a impedir que las instituciones mexicanas cumplieran con su obligación de detener a un presunto narcotraficante de alta peligrosidad.
Las fuerzas especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional capturaron a Fausto Isidro Meza Flores, identificado como dirigente de una estructura criminal vinculada con los Beltrán Leyva. También fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José “N”, identificado como operador financiero. En total, las autoridades reportaron ocho detenciones.
La reacción de sus integrantes se extendió más allá de Guasave. Hubo bloqueos con vehículos incendiados, agresiones a fuerzas federales y alteraciones de la circulación en Ahome, la zona de Guamúchil y Navolato. Los delincuentes intentaron cerrar caminos, dificultar los desplazamientos militares y frustrar la extracción del detenido. La población civil quedó atrapada en un escenario de miedo e incertidumbre.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó la muerte de los cuatro militares y reconoció su valentía. Explicó que el grupo armado intentó impedir la captura de su jefe y confirmó que en el enfrentamiento murieron siete agresores. Asimismo, informó sobre el aseguramiento de un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano, además de otras armas.
Son instrumentos de una capacidad destructiva extraordinaria. Su utilización o posesión por organizaciones criminales demuestra que no estamos hablando de simples delincuentes que se enfrentan ocasionalmente a la policía, sino de estructuras con capacidad para desarrollar operaciones violentas coordinadas contra las fuerzas del Estado.
En estas circunstancias, llamar a los hechos narcoviolencia, narcobloqueos o reacción del crimen organizado resulta descriptivamente correcto, pero insuficiente para explicar su dimensión social y política. Lo sucedido tuvo características de una estrategia de intimidación colectiva: utilizar la violencia para obstaculizar una decisión de la autoridad, sembrando miedo entre miles de ciudadanos.
Y cuando una organización criminal incendia vehículos, paraliza vías de comunicación, dispara contra militares y convierte a comunidades enteras en rehenes del miedo, es legítimo preguntarse si estamos frente a conductas que también podrían configurar el delito de terrorismo.
La diferencia entre causar terror y cometer terrorismo
El artículo 139 del Código Penal Federal mexicano contempla el terrorismo cuando se realizan actos violentos contra personas o bienes que provocan alarma, temor o terror entre la población, con la finalidad de atentar contra la seguridad nacional, presionar a una autoridad o particular, u obligarlo a tomar determinada decisión.
Esta definición merece especial atención. No exige necesariamente una motivación religiosa o ideológica, como muchas personas suelen imaginar. Lo fundamental es la combinación de violencia, intimidación colectiva y una finalidad específica. Por tanto, las acciones de una organización criminal pueden ser investigadas como terrorismo si reúnen los elementos establecidos por la ley.
¿Acaso no intentaron los delincuentes de Sinaloa presionar a las autoridades mexicanas para impedir la detención de su jefe? ¿No recurrieron al incendio de vehículos, los ataques armados y los bloqueos para obstaculizar la actuación del Ejército? ¿No provocaron miedo entre miles de ciudadanos que tuvieron que resguardarse, suspender sus actividades y abandonar las calles?
La respuesta a esas preguntas permite sostener, cuando menos, que existen elementos suficientes para exigir que la Fiscalía General de la República examine una posible configuración del delito de terrorismo, además de homicidio, delincuencia organizada, delitos relacionados con armas y explosivos y otras conductas que resulten acreditadas.
Eso no significa que jurídicamente ya esté demostrado el terrorismo: corresponde al Ministerio Público investigar la finalidad de los ataques y a los tribunales determinar la responsabilidad penal.
Lo que dijo el embajador estadounidense
Aquí adquiere relevancia el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
El diplomático lamentó la muerte de los cuatro soldados mexicanos y describió la intervención como una operación contra redes de cárteles y terroristas en Sinaloa. Su declaración no fue casual: refleja la posición estadounidense de considerar a determinados cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Desde febrero de 2025, Estados Unidos incluyó a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en esa categoría. Sin embargo, esa designación estadounidense no implica automáticamente que todos los integrantes de esas organizaciones hayan cometido el delito de terrorismo conforme a la legislación mexicana.
También debe reconocerse que la situación tiene consecuencias políticas delicadas. México necesita combatir a estas organizaciones mediante sus propias instituciones, preservar su soberanía y fortalecer la cooperación internacional, sin confundir la clasificación jurídica del terrorismo con una autorización para intervenciones extranjeras.
Guasave: una ciudad sometida al miedo
Los testimonios y reportes del sábado muestran claramente la dimensión de lo ocurrido. Guasave amaneció con calles prácticamente vacías, negocios cerrados, automóviles calcinados y casquillos dispersos. Se suspendieron actividades comerciales, servicios y operaciones del transporte. En algunos puntos, personas que circulaban por las carreteras tuvieron que buscar refugio ante las balaceras.
Los bloqueos afectaron durante horas importantes vías de comunicación, particularmente la carretera federal México 15. Fue hasta la noche del sábado cuando Protección Civil reportó la liberación de las vialidades de Guasave.
Esa es precisamente una de las características más perversas de este tipo de violencia: convertir a la población civil en instrumento indirecto de presión contra las autoridades. No es indispensable atacar deliberadamente a cada ciudadano para aterrorizar a una comunidad. Basta con demostrar que una organización armada tiene capacidad para paralizar ciudades, bloquear carreteras y hacer que la gente tema por su vida.
Los cuatro militares mexicanos que murieron cuando se dirigían a reforzar la seguridad de Guasave merecen, desde luego, un reconocimiento nacional. Pero su sacrificio también debe conducir a una reflexión sobre el poder de fuego, la organización territorial y la capacidad de respuesta de los grupos criminales.
La captura de un dirigente constituye un avance importante para las instituciones de seguridad. No obstante, sería un error confundir la detención del jefe con la desaparición de su estructura delictiva. El verdadero reto consiste en desarticular sus redes de financiamiento, armamento, corrupción, reclutamiento y control territorial.
Hay que llamar a las cosas por su nombre
Por eso considero que lo ocurrido en Sinaloa puede describirse periodísticamente como violencia narcoterrorista, siempre que se precise que hablamos de una caracterización de sus métodos y no de una sentencia judicial.
El término narcoterrorismo permite señalar la utilización del terror por organizaciones vinculadas al tráfico de drogas para defender sus intereses, conservar territorios o presionar a las autoridades. No constituye, por sí solo, una clasificación penal autónoma que sustituya los delitos previstos en la legislación mexicana.
La pregunta de fondo es si vamos a seguir aceptando que grupos criminales impongan su voluntad mediante el miedo, mientras las instituciones y la sociedad normalizan expresiones como narcobloqueos, enfrentamientos y hechos violentos.
Porque cuando una organización criminal tiene capacidad para incendiar caminos, paralizar ciudades, desafiar militarmente al Estado y sembrar pánico entre familias enteras, ya no estamos solamente ante un problema de narcotráfico. Estamos frente a una estrategia de terror al servicio del poder criminal.
Y esa realidad exige una respuesta del Estado a la altura de su gravedad, con inteligencia, prevención, investigación criminal, procuración de justicia y aplicación rigurosa de la ley. Sin minimizar lo ocurrido, pero tampoco utilizando etiquetas penales que todavía deben demostrarse.
El terror no deja de ser terror porque quienes lo siembran se dediquen al narcotráfico.
