Embarazo infantil en Morelos: 65 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres; lanzan estrategia nacional
El embarazo infantil continúa siendo una grave problemática de salud pública y vulneración de derechos en Morelos. Durante 2025 fueron registrados 65 nacimientos de madres de entre 10 y 14 años de edad, mientras que otros 977 correspondieron a adolescentes de 15 a 17 años, de acuerdo con las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En conjunto, mil 42 niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años fueron registradas como madres en la entidad, una situación que exige fortalecer las medidas de prevención, protección y atención a posibles víctimas de violencia sexual.
Ante este panorama, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) puso en marcha la estrategia nacional “Niñas Sí, Madres No”, que pretende combatir el embarazo infantil, las uniones forzadas y la violencia sexual mediante acciones coordinadas en todos los municipios del país, incluidos los 36 de Morelos. Lorena Villavicencio, titular del organismo, advirtió que durante 2025 aproximadamente ocho mil niñas mexicanas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres, lo que representa un promedio de 22 casos diarios.
Las cifras estatales permiten dimensionar el problema. Según la Estadística de Nacimientos Registrados 2025 del INEGI, además de los 65 casos correspondientes a niñas de 10 a 14 años, en Morelos se contabilizaron 180 nacimientos de madres de 15 años, 334 de adolescentes de 16 y otros 463 de jóvenes de 17 años. Aunque la tasa estatal para el grupo de 10 a 17 años se ubicó en ocho nacimientos por cada mil mujeres, por debajo del promedio nacional de 9.6, esta diferencia no disminuye la gravedad de los embarazos ocurridos durante la infancia. Debe precisarse que se trata de nacimientos registrados durante 2025, algunos de los cuales pudieron haber ocurrido en años anteriores.
El Consejo Nacional de Población (Conapo) considera la fecundidad en niñas de 10 a 14 años como una emergencia de salud pública y una violación de derechos humanos, frecuentemente relacionada con situaciones de violencia sexual. Sus consecuencias pueden incluir complicaciones obstétricas, abandono escolar, dependencia económica y reproducción de condiciones de pobreza. Por ello, las autoridades están obligadas a investigar posibles delitos y garantizar atención médica, psicológica y jurídica, sin revictimizar a las menores.
En Morelos ya existe un mecanismo institucional para enfrentar esta problemática. El pasado 11 de agosto, el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) aprobó una ruta de trabajo para integrar la Estrategia Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes. El acuerdo contempla diagnósticos, coordinación entre dependencias y participación de instituciones académicas y organizaciones civiles. Sin embargo, el nuevo programa nacional plantea un desafío adicional: convertir esos acuerdos en medidas concretas de detección temprana y protección efectiva de las niñas en cada municipio.
Uno de los componentes centrales de “Niñas Sí, Madres No” será la aplicación de la llamada Ruta NAME, un mecanismo de atención y protección integral para niñas y adolescentes embarazadas o madres menores de 15 años. Su instrumentación requiere coordinación entre escuelas, instituciones de salud, fiscalías y sistemas DIF, con el propósito de detectar situaciones de violencia, facilitar el acceso a la justicia y garantizar la continuidad educativa. Durante la presentación nacional también se informó que el 80 por ciento de las niñas de 10 a 14 años que fueron madres no asistían a la escuela, circunstancia que evidencia la importancia de evitar la exclusión educativa.
La problemática representa igualmente un reto para las instituciones morelenses encargadas de proteger a la infancia, particularmente ante la necesidad de identificar a los responsables de posibles agresiones sexuales y evitar que las víctimas queden desprotegidas. El lanzamiento de la estrategia nacional abre así una interrogante sobre la capacidad de las autoridades estatales y municipales para garantizar que las niñas permanezcan en las aulas, reciban atención oportuna y puedan desarrollar sus proyectos de vida sin violencia.
El desafío para Morelos no consiste únicamente en reducir las estadísticas de embarazo infantil, sino en impedir que nuevas niñas vean interrumpida su infancia y asegurar que detrás de cada caso exista una respuesta institucional efectiva.
