MORELOS: SEIS GOBIERNOS Y UNA INSEGURIDAD QUE NUNCA SE HA IDO

OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 8 de octubre de 2026

Desde el sexenio de Sergio Estrada Cajigal Ramírez (2000-2006) hasta los primeros dos años de la administración de Margarita González Saravia, he observado un fenómeno recurrente en Morelos: la inseguridad pública se convirtió en uno de los principales instrumentos del discurso político, tanto de quienes ejercen el poder como de sus adversarios. Cambian los gobernadores, los partidos, los responsables de las instituciones y las estrategias anunciadas, pero el problema permanece. A veces disminuyen los homicidios, los secuestros o las extorsiones; después vuelven a repuntar. Son vaivenes que he seguido durante más de dos décadas y que permiten establecer una conclusión incómoda: ningún gobierno ha conseguido resolver estructuralmente la inseguridad en nuestra entidad.

Durante las administraciones de Sergio Estrada Cajigal, Marco Antonio Adame Castillo, Graco Ramírez Garrido Abreu, Cuauhtémoc Blanco Bravo y ahora Margarita González Saravia, la violencia ha ocupado un lugar central en la conversación pública. En determinados momentos, los opositores encontraron en ella el argumento más contundente para cuestionar a los gobernantes. Y no siempre se trató de oportunismo político. Muchas denuncias correspondían a realidades dolorosamente comprobables: asesinatos, secuestros, desapariciones, extorsiones y territorios donde las organizaciones criminales adquirieron una influencia inadmisible. Sin embargo, también hubo quienes aprovecharon cada episodio violento para construir la percepción de que el estado entero se encontraba al borde del colapso, independientemente de lo que mostraran las tendencias estadísticas.

Aquí entra un concepto que abordé en mi columna del pasado 6 de agosto: la securitización. Según los planteamientos de la Escuela de Copenhague, encabezada por Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde, determinados problemas públicos pueden ser presentados como amenazas extraordinarias que justifican respuestas igualmente extraordinarias. En Morelos hemos visto cómo esa lógica se instala una y otra vez. Un incremento de homicidios provoca declaraciones alarmantes, anuncios de operativos especiales, despliegues de fuerzas federales y promesas de recuperar la tranquilidad. Después sobreviene cierta normalización del discurso, hasta que una nueva escalada criminal vuelve a encender las alarmas. La emergencia termina convertida en costumbre.

Conviene hacer una precisión fundamental: la utilización política de la inseguridad no significa que la inseguridad sea imaginaria. Los muertos existen, las familias desplazadas existen, los comerciantes extorsionados existen y las víctimas de desaparición también. Sería irresponsable reducir semejante tragedia a una simple confrontación de narrativas. Lo que sostengo es que, alrededor de una problemática auténtica, se ha desarrollado una disputa permanente por el control de la percepción ciudadana. Los gobiernos procuran demostrar avances, mientras sus adversarios enfatizan retrocesos. Unos destacan las reducciones porcentuales; otros exhiben los crímenes más estremecedores. Y en medio de esa confrontación queda una sociedad que exige resultados, no solamente explicaciones.

También sería incorrecto afirmar que los cinco gobiernos mencionados enfrentaron circunstancias idénticas o tuvieron exactamente los mismos resultados. Cada administración encontró una configuración criminal distinta, con organizaciones que surgieron, se fragmentaron, desaparecieron o modificaron sus actividades. La incidencia delictiva tampoco ha seguido una línea ascendente ininterrumpida. He visto periodos de relativa contención, seguidos de nuevas oleadas de violencia. Pero esas oscilaciones no deben confundirse con soluciones definitivas. Que disminuyan los homicidios durante algunos meses no significa necesariamente que se haya debilitado el control territorial de los delincuentes. Tampoco un repunte aislado permite concluir, por sí solo, que toda una estrategia haya fracasado.

Hay otro elemento que merece atención. En Morelos, la inseguridad ha sido utilizada recurrentemente para desgastar gobiernos, modificar correlaciones políticas y alimentar expectativas electorales. Quienes ayer denunciaban con vehemencia la incapacidad de las autoridades pueden convertirse mañana en defensores de una estrategia muy semejante, una vez instalados en el poder. Y quienes anteriormente justificaban los malos resultados descubren, al pasar a la oposición, que la violencia constituye una poderosa herramienta de confrontación. Este comportamiento no es exclusivo de un partido. Forma parte de una cultura política donde la seguridad pública suele evaluarse según la posición que cada actor ocupa frente al gobierno.

El problema de fondo es que, mientras los políticos discuten quién tiene la culpa, las estructuras criminales muestran una capacidad de adaptación que las instituciones no siempre consiguen igualar. Los cambios de mandos, las nuevas denominaciones de los programas y los anuncios de coordinación interinstitucional pueden ser necesarios, pero resultan insuficientes cuando no van acompañados de investigaciones sólidas, policías profesionales, fiscalías eficaces y un sistema judicial capaz de combatir la impunidad. Ningún despliegue espectacular sustituye el trabajo cotidiano de inteligencia, prevención y procuración de justicia. Y ninguna conferencia de prensa, por convincente que resulte, representa por sí misma una victoria contra la delincuencia.

La administración de Margarita González Saravia tampoco puede quedar fuera de este análisis histórico. A dos años de iniciado su gobierno, corresponde reconocer los esfuerzos institucionales que se hayan realizado, pero también exigir resultados verificables y sostenidos. Sería injusto atribuirle la totalidad de una crisis acumulada durante décadas; igualmente equivocado sería considerar que los antecedentes eximen a su administración de responsabilidad. Cada gobierno recibe problemas heredados, pero adquiere la obligación de enfrentarlos. La evaluación debe hacerse con indicadores comparables, resultados de investigación, disminución de la impunidad y, sobre todo, con la experiencia cotidiana de los ciudadanos.

Después de observar este fenómeno desde el año 2000, estoy convencido de que Morelos necesita algo más que otra confrontación entre discursos alarmistas y mensajes tranquilizadores. Necesita continuidad institucional, evaluaciones independientes y políticas de seguridad que sobrevivan a los cambios de gobierno. La violencia no debe minimizarse cuando las estadísticas mejoran ni exagerarse artificialmente cuando conviene golpear al adversario. La responsabilidad periodística también exige distinguir entre hechos, tendencias y propaganda, sin renunciar jamás a denunciar aquello que las autoridades preferirían mantener fuera de la conversación pública.

Al final, la securitización permanente puede terminar beneficiando a quienes menos deberían beneficiarse: los propios delincuentes. Mientras la emergencia se convierte en espectáculo político, las organizaciones criminales aprovechan las debilidades institucionales para conservar negocios, influencia y capacidad de intimidación. Morelos lleva más de un cuarto de siglo transitando entre promesas de pacificación, episodios de relativa tranquilidad y nuevas crisis de violencia. Los nombres cambian, las estrategias se rebautizan y las campañas electorales encuentran nuevos culpables. Pero la pregunta esencial permanece intacta: ¿cuándo dejaremos de administrar políticamente la inseguridad para comenzar a resolverla de manera duradera?