IEBEM: EL PROBLEMA NO FUE SOLAMENTE EL NOMBRAMIENTO
ANÁLISIS
Por Guillermo Cinta Flores
Domingo 11 de octubre de 2026
El conflicto registrado esta semana en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), a raíz de la designación de Carlos Franco Ruiz como director general, deja una enseñanza que va mucho más allá de su salida, anunciada como una decisión personal. El nombramiento del 6 de octubre provocó una fuerte oposición de trabajadores administrativos, movilizaciones, suspensión de actividades y un desgaste institucional que pudo haberse evitado. La separación del exalcalde de Tlaquiltenango permitió superar el momento más delicado, pero permanece una pregunta que considero indispensable formular: ¿quién recomendó su designación a la gobernadora Margarita González Saravia y con qué elementos sustentó semejante propuesta?
Conozco a Margarita desde que era muy joven. Tengo de ella la impresión de una mujer de buena fe, comprometida con sus convicciones y convencida de que el servicio público debe orientarse al bienestar de la sociedad. Precisamente por eso considero que no merece quedar expuesta a conflictos originados por recomendaciones insuficientemente estudiadas. Una gobernadora no puede estar en todas partes, conocer personalmente los antecedentes de cuantos aspiran a un cargo ni revisar por sí misma los expedientes de todos los funcionarios. No es todóloga ni posee el don de la ubicuidad. Para eso cuenta con secretarios, colaboradores y asesores, cuya obligación consiste en ofrecerle información profesional, completa, contrastada y, sobre todo, confiable.
Quien recomienda a una persona para ocupar una responsabilidad pública no debería limitarse a destacar sus virtudes, preparación académica, experiencia o cercanía política. Tiene la obligación de revisar sus antecedentes, resultados en cargos anteriores, prestigio, eventuales controversias, señalamientos públicos y posibles resistencias institucionales. Debe presentar tanto los efectos positivos como los adversos de cada propuesta, sin confundir una acusación con una responsabilidad demostrada. No basta con informar que alguien reúne los requisitos legales. La ausencia de impedimentos jurídicos no equivale, necesariamente, a la idoneidad política, administrativa y ética para desempeñar una función pública. Mucho menos cuando se trata de una institución tan sensible como el IEBEM.
Recuerdo aquí al doctor Lauro Ortega Martínez, gobernador de Morelos entre 1982 y 1988. Durante su administración observé una característica de su estilo de mando: podía depositar una enorme confianza en sus colaboradores, pero también retirársela de manera fulminante cuando consideraba que habían cometido errores graves. No pocas veces separó de sus responsabilidades a funcionarios cuyas decisiones o recomendaciones habían resultado equivocadas. Podía discutirse su temperamento y su manera de ejercer el poder, pero entendía que la confianza no era una concesión perpetua. Quien gozaba de ella debía corresponderle con resultados y, principalmente, con lealtad a los intereses del gobierno y de los ciudadanos.
Esta reflexión me lleva a un libro que leí hace años, del politólogo Roderic Ai Camp, titulado La formación de un gobernante. La socialización de los líderes políticos en México posrevolucionario. Sus estudios sobre la formación y el reclutamiento de las élites políticas mexicanas permiten entender la importancia que históricamente tuvieron las relaciones personales, las redes de confianza y los vínculos construidos a lo largo de una trayectoria. Durante décadas, el personalismo influyó decisivamente en la integración de los equipos de gobierno. Se privilegiaba con frecuencia a personas conocidas, cercanas o recomendadas por alguien de absoluta confianza. El problema aparecía cuando esas relaciones sustituían una evaluación rigurosa de capacidades y antecedentes.
A mi juicio, ese personalismo ya no puede seguir siendo el criterio predominante. La confianza personal es importante, desde luego, pero debe estar respaldada por capacidad demostrada, honorabilidad, experiencia, resultados verificables, conocimiento de la función encomendada y una reputación suficientemente examinada. Incluso las objeciones aparentemente menores merecen investigarse, sin convertir rumores en sentencias ni permitir que intereses políticos o sindicales impongan vetos arbitrarios. El buen asesor no es aquel que siempre lleva noticias agradables a su superior, sino quien tiene la integridad de advertirle: esta persona posee cualidades, pero también antecedentes o circunstancias que podrían ocasionar problemas. Después, con toda la información disponible, corresponde a la gobernadora decidir.
Hay otro detalle del episodio del IEBEM que no debe pasar inadvertido. Cuando la inconformidad ya se había manifestado, no fue Margarita González Saravia quien salió públicamente a sostener que Carlos Franco Ruiz permanecería inamovible. Fue el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, quien afirmó que el nombramiento se mantenía firme y que no habría marcha atrás. Posteriormente ocurrió exactamente lo contrario. Ello amerita una evaluación de la lectura política del conflicto y de la oportunidad de aquellas declaraciones. No significa, desde luego, que quien defendió públicamente la designación haya sido necesariamente quien la recomendó. Son responsabilidades diferentes y deben examinarse por separado.
Tampoco sería correcto interpretar la salida de Franco Ruiz como una señal de que cualquier grupo de trabajadores puede imponer o retirar funcionarios a su conveniencia. La gobernadora conserva plenamente sus atribuciones y ninguna representación sindical debe sustituirlas. Pero una cosa es defender la autoridad institucional y otra mantener indefinidamente una decisión cuando aparecen elementos que aconsejan reconsiderarla. En ese sentido, la salida del funcionario y los acuerdos alcanzados para recuperar la normalidad del IEBEM constituyeron una corrección oportuna. Corregir una decisión no debilita necesariamente a un gobierno; lo debilitaría más negarse a reconocer sus consecuencias.
Ahora bien, hay un elemento que considero fundamental para cualquier futuro nombramiento. Antes que afinidades, relaciones personales o compromisos políticos, quien aspire a ocupar una responsabilidad pública debe comprender que tiene un verdadero patrón: la sociedad morelense. Los ciudadanos son quienes sostienen las instituciones mediante sus contribuciones y quienes tienen derecho a exigir servicios eficientes, honestidad y resultados. Los funcionarios no llegan para hacer favores ni para sentirse propietarios de las oficinas, de los recursos o de las decisiones. Llegan para servir.
A propósito, recuerdo una anécdota de una gran dama que recibía atención médica en el IMSS. En cierta ocasión solicitó agua repetidamente, sin obtener respuesta de las enfermeras. Cuando finalmente reclamó la falta de atención, una de ellas la increpó preguntándole cómo se atrevía a exigir tanto si el servicio era gratuito. La paciente respondió con admirable claridad: «No se confunda. Este servicio lo pagué por anticipado durante muchos años, mediante las cuotas de seguridad social. Usted tiene trabajo gracias a quienes contribuimos durante nuestra vida laboral. Aquí no me están regalando nada». Aquella respuesta contiene una lección extraordinaria sobre el servicio público: los ciudadanos no son beneficiarios de la generosidad de los funcionarios. Son titulares de derechos que las instituciones tienen la obligación de respetar.
Vuelvo al caso del IEBEM. Sería injusto cargar sobre la gobernadora toda la responsabilidad técnica y política de una propuesta que razonablemente debió pasar por distintos filtros antes de llegar a su escritorio. Pero también sería inconveniente dar por terminado el asunto simplemente porque Carlos Franco Ruiz decidió separarse del cargo. La mandataria tiene derecho a saber quién le recomendó el nombramiento, qué investigación realizó, qué antecedentes le presentó y si omitió advertencias relevantes. Y si de esa revisión resulta que hubo ligereza, deficiencias profesionales o información deliberadamente incompleta, la permanencia del responsable en una posición de confianza tendría que reconsiderarse seriamente. De lo contrario, podría volver a recomendar mañana otra designación igualmente problemática.
Si yo estuviera en el lugar de Margarita González Saravia, procedería como recuerdo que actuaba don Lauro Ortega: identificaría al responsable de la recomendación, examinaría la calidad de su trabajo y, si comprobara que el error fue producto de una evaluación negligente, lo separaría del cargo. Sin estridencias, sin ánimo de revancha y sin necesidad de convertir una decisión administrativa en un espectáculo político. La buena fe de quien gobierna merece estar acompañada por la competencia y responsabilidad de quienes la asesoran. Margarita necesita colaboradores que la ayuden a acertar, no que la coloquen ante crisis evitables. Porque al final, por encima de funcionarios, sindicatos, recomendaciones y compromisos personales, está la sociedad morelense. A ella se deben todos. Y punto.
