MORELOS Y LA TRANQUILIDAD PRESTADA
OPINIÓN
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 15 de octubre de 2026
La reunión de este jueves entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Margarita González Saravia, acompañada por los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, Edgar Maldonado y José Luis Bucio Quiroz, respectivamente, abre una oportunidad para revisar un problema que lleva años sin resolverse en Morelos: la insuficiencia de nuestras corporaciones policiales y la dependencia de las fuerzas federales para contener a la delincuencia organizada. El encuentro en Palacio Nacional dejó compromisos importantes, entre ellos el fortalecimiento de las policías estatal y municipales, pero también una interrogante: ¿cuántos elementos necesita realmente Morelos para garantizar la seguridad de sus habitantes, sin depender permanentemente de refuerzos extraordinarios?
La experiencia demuestra que, cuando las autoridades concentran suficientes efectivos en determinadas regiones, los grupos criminales pueden ser contenidos, desplazados o temporalmente neutralizados. El problema comienza después. Una vez que disminuyen los índices delictivos, frecuentemente se relajan los operativos, se reducen los patrullajes y las corporaciones bajan la guardia. Entonces los delincuentes reorganizan sus estructuras, recuperan territorios y regresan los asesinatos, las extorsiones y los ataques contra la población. La seguridad no puede funcionar como una campaña temporal que concluye cuando mejoran las estadísticas.
Existe, además, una circunstancia pocas veces analizada. Las fuerzas federales son recursos nacionales sujetos a las prioridades del Gobierno de México. Cuando estalla una crisis en Sinaloa, Michoacán o cualquier otra entidad, la Federación moviliza elementos desde distintas regiones para reforzar sus operativos. En septiembre pasado, por ejemplo, el Gobierno federal informó que el despliegue en Sinaloa alcanzaría cerca de 20 mil efectivos. Tan sólo para Mazatlán, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el traslado de mil 600 militares desde diferentes puntos de la República. Es una decisión comprensible frente a la violencia, pero plantea una preocupación legítima para Morelos: ¿qué sucede con la capacidad operativa de las entidades que eventualmente aportan esos contingentes?
No afirmamos que determinada cantidad de guardias nacionales o militares haya sido retirada de Morelos para trasladarla a otras entidades, porque eso requiere información oficial específica. Sin embargo, resulta evidente que la movilidad nacional de efectivos obliga a revisar cuántos permanecen realmente disponibles en nuestro territorio. Los despliegues que se anuncian para Cuernavaca, su zona metropolitana o Cuautla no necesariamente equivalen a una presencia permanente en todas las colonias y comunidades. De ahí que también resulte indispensable transparentar las cifras del denominado Plan Cuautla. El Gobierno estatal ha difundido una fuerza interinstitucional de alrededor de mil 700 elementos, pero hace falta conocer cuántos están efectivamente desplegados, cuántos corresponden a las diferentes corporaciones, cuáles son sus turnos y qué proporción realiza vigilancia cotidiana.
Hay otro componente que tampoco debería permanecer fuera del debate: el dinero. Mantener contingentes numerosos durante periodos prolongados implica gastos de alojamiento, alimentación, combustible, transporte, instalaciones y mantenimiento. Aunque buena parte de estas erogaciones corresponde a presupuestos federales, pueden existir aportaciones estatales o municipales derivadas de convenios y necesidades operativas. Por ello, cualquier acuerdo de reforzamiento debería acompañarse de claridad presupuestal. No basta con solicitar más efectivos; es necesario establecer quién cubre sus necesidades, durante cuánto tiempo permanecerán y qué ocurrirá cuando sean requeridos en otra entidad.
La presidenta Sheinbaum anunció que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública acompañará la elaboración de un plan para determinar las necesidades de personal y recursos de Morelos, cuya propuesta será revisada dentro de un mes. Es una decisión pertinente. Pero el diagnóstico tendrá que traducirse en reclutamiento, capacitación, mejores salarios, equipamiento, controles de confianza y fortalecimiento de las policías municipales. Porque justamente ahí está una de las mayores debilidades: durante años, numerosos ayuntamientos han descansado en los esquemas de coordinación estatal y en la presencia de fuerzas federales, sin construir corporaciones propias capaces de responder eficazmente a sus responsabilidades constitucionales.
Los acontecimientos recientes de Totolapan, Cuautla y otros municipios del oriente morelense confirman que las organizaciones criminales no desaparecen simplemente porque aumente el número de patrullas durante algunas semanas. Sus redes de protección, sus fuentes de financiamiento, sus operadores y sus vínculos territoriales pueden permanecer intactos. Por eso, el combate necesita inteligencia permanente, investigaciones ministeriales sólidas y acciones judiciales efectivas. De poco sirve ocupar temporalmente una región si después se permite que las mismas estructuras delincuenciales recuperen su capacidad de intimidación.
La gobernadora hizo bien en acudir a Palacio Nacional para plantear el problema y buscar respaldo federal. También es positivo que se pretenda extender a otros municipios la estrategia contra la extorsión aplicada en Cuautla. Pero la verdadera prueba estará en los resultados y, sobre todo, en su permanencia. Morelos necesita una capacidad policial propia que no se debilite cada vez que la Federación deba atender otra emergencia nacional. Porque mientras nuestra tranquilidad dependa de contingentes que hoy llegan y mañana pueden marcharse, el riesgo seguirá siendo el mismo: que, cuando las autoridades bajen la guardia, los criminales vuelvan a levantar la cabeza.
