ALCALDES QUE SE LAVAN LAS MANOS ANTE EL CRIMEN

CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Jueves 15 de octubre de 2026

Los acontecimientos de los últimos días en Totolapan, Cuautla y otros municipios de la región oriente de Morelos han vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda, pero indispensable: ¿qué están haciendo realmente los presidentes municipales para garantizar la seguridad de sus gobernados? Los bloqueos carreteros, la retención de agentes de investigación, la movilización de grupos que presionaron para conseguir la liberación de un presunto delincuente y los ataques contra unidades del transporte público exhiben algo más profundo que una crisis de violencia. Revelan territorios donde las organizaciones criminales parecen haber desarrollado capacidades de movilización, intimidación y control que difícilmente se construyen de la noche a la mañana. Y mientras las fuerzas federales y estatales intervienen para contener las emergencias, resulta obligado preguntar qué hicieron, qué dejaron de hacer y qué saben las autoridades municipales de esas estructuras que operan prácticamente frente a sus ojos.

La Constitución es suficientemente clara. El artículo 115, fracción III, inciso h), establece entre las funciones municipales la seguridad pública, la policía preventiva municipal y el tránsito, en los términos del artículo 21 constitucional. Más todavía: la fracción VII del propio artículo 115 dispone que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal, conforme a la legislación estatal, sin perjuicio de los supuestos excepcionales previstos por la misma Constitución. A su vez, el artículo 21 señala que la seguridad pública es una función compartida por la Federación, los estados y los municipios. En Morelos, el artículo 114 bis de la Constitución local desarrolla las atribuciones municipales en esta materia. Por tanto, ningún alcalde puede sostener seriamente que la seguridad pública dejó de ser asunto de su gobierno por el simple hecho de participar en un esquema de coordinación policial. La responsabilidad concreta debe examinarse conforme a los convenios suscritos, pero el deber de responder ante la ciudadanía no desaparece.

El problema comenzó a profundizarse cuando diversos ayuntamientos encontraron en los esquemas de mando policial una magnífica oportunidad para desentenderse políticamente de la inseguridad. Primero llegó el Mando Único Coordinado Policía Morelos y después se desarrollaron fórmulas de coordinación mediante la Policía Estatal Morelos, con convenios que permitieron al gobierno estatal asumir distintas funciones de dirección y operación. Su fundamento se encuentra, entre otras disposiciones, en la Ley Estatal para la Asunción del Gobierno de la Función de Seguridad Pública de los Municipios y Policías Preventivas y de Tránsito Municipal, que contempla convenios de asunción total, parcial o de coordinación. Sin embargo, lo que jurídicamente debía servir para sumar capacidades terminó siendo utilizado, en no pocos casos, como argumento político para repartir culpas. Si aumenta la delincuencia, algunos alcaldes señalan al estado; si fracasa un operativo, cada autoridad busca deslindarse. Así, entre convenios, discursos y reuniones de seguridad, el ciudadano termina sin saber quién responde por su tranquilidad.

Pero existe un problema todavía más delicado: la simulación, la indiferencia y las posibles complicidades que se desarrollan en el ámbito municipal. Morelos tiene antecedentes suficientes para saber que las organizaciones criminales no solamente buscan dominar territorios mediante las armas. También procuran establecer relaciones con servidores públicos, influir sobre decisiones administrativas, obtener información privilegiada y penetrar las corporaciones encargadas de combatirlas. En determinados episodios de nuestra historia reciente han surgido señalamientos sobre jefes policiacos que llegaron a sus cargos por recomendaciones o presiones de personajes vinculados con la delincuencia. No puede afirmarse que todos los gobiernos municipales participen de esas prácticas, pero sería ingenuo negar que ese riesgo existe. Cuando un mando policiaco responde a intereses ajenos a la ley, la corporación deja de ser un instrumento de protección ciudadana y puede convertirse en una estructura al servicio de quienes debería perseguir.

Por eso resulta indispensable revisar lo que ocurre en Totolapan y los municipios circunvecinos, sin limitar la investigación a quienes encabezaron bloqueos o participaron directamente en actos violentos. ¿Cómo consiguió un grupo presuntamente criminal semejante capacidad de convocatoria? ¿Quiénes organizaron las movilizaciones? ¿Qué papel desempeñaron los operadores del transporte público que participaron en los cierres carreteros? ¿Existieron servidores públicos que conocieron anticipadamente esas acciones o facilitaron su ejecución? ¿Qué información tenían los gobiernos municipales acerca de las actividades de los personajes investigados? Son preguntas legítimas que deben responderse con investigaciones serias, no mediante acusaciones indiscriminadas contra comunidades enteras. El fenómeno también obliga a examinar la situación de Cuautla, donde los ataques contra transportistas han puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de un sector que necesita protección permanente y no solamente operativos después de cada agresión.

Resulta igualmente necesario que el Congreso de Morelos ejerza sus facultades de vigilancia y fiscalización. Habría que revisar cuánto destinan los ayuntamientos a seguridad pública, cuántos policías tienen realmente disponibles, cuántos cuentan con evaluaciones y certificaciones vigentes, cuáles son las condiciones de sus patrullas y armamento, cómo se selecciona a los mandos y qué mecanismos existen para detectar vínculos con la delincuencia. También corresponde revisar los convenios con el gobierno estatal y precisar las obligaciones que conserva cada municipio. No basta con que un presidente municipal aparezca en las Mesas de Paz, se tome fotografías con autoridades militares o publique comunicados anunciando coordinación institucional. La seguridad no se acredita con fotografías ni boletines, sino con instituciones confiables, prevención efectiva, capacidad operativa y resultados verificables.

La lección de Totolapan y Cuautla debería ser suficientemente contundente para romper de una vez por todas con la cultura municipal del deslinde. Nadie pretende que un alcalde, por sí solo, derrote a organizaciones criminales que exigen inteligencia federal, investigación ministerial y operaciones especializadas. Pero tampoco puede aceptarse que los presidentes municipales se comporten como simples espectadores de lo que sucede en sus territorios. Gobernar implica conocer los riesgos, fortalecer a las instituciones, denunciar las presiones criminales y asumir las responsabilidades que corresponden. Y cuando existan indicios de complicidad, investigarlos hasta sus últimas consecuencias. Porque el verdadero peligro para Morelos no radica solamente en que los delincuentes desafíen a la autoridad, sino en que algunas autoridades hayan aprendido a convivir con ellos. Esa es la película que ya hemos visto demasiadas veces. Y sus consecuencias siguen costando vidas.