Morelos: ¿hay suficientes policías para casi dos millones de habitantes?
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de intervenir nuevamente en el fortalecimiento de la seguridad pública de Morelos abre una oportunidad para enfrentar uno de los problemas estructurales que, durante décadas, han limitado la capacidad de respuesta de las autoridades: el déficit de policías estatales y municipales frente a una población que ronda los dos millones de habitantes. Se trata de una insuficiencia que no puede corregirse exclusivamente mediante operativos extraordinarios, despliegues de la Guardia Nacional o cambios en los mandos de las corporaciones.
Los acontecimientos recientes en Totolapan, Cuautla y otros municipios de la región oriente volvieron a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan las instituciones de seguridad para contener a organizaciones criminales con capacidad de movilización, armamento y recursos económicos. Sin embargo, sería un error reducir el problema a los enfrentamientos con esos grupos. La insuficiencia de policías también afecta la vigilancia cotidiana de colonias, comunidades rurales, zonas comerciales, carreteras y espacios públicos donde los ciudadanos requieren una presencia preventiva permanente.
Veamos algunos números. De acuerdo con registros oficiales correspondientes a noviembre de 2024, Morelos contaba con aproximadamente 3 mil 088 policías preventivos estatales y municipales: mil 063 pertenecientes a la corporación estatal y 2 mil 025 a los municipios. Esto representaba alrededor de 1.5 policías preventivos por cada mil habitantes. Aunque existen estimaciones posteriores que apuntan a una cantidad mayor, las diferencias metodológicas impiden establecer todavía un estado de fuerza exacto y actualizado. Lo indiscutible es la necesidad de conocer cuántos elementos están realmente disponibles para desempeñar tareas operativas.
El problema adquiere otra dimensión cuando observamos las condiciones particulares de algunos ayuntamientos. Esta misma semana, el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, reconoció que su municipio dispone de apenas 42 policías preventivos para atender a una población cercana a los 50 mil habitantes. Eso significa menos de un elemento por cada mil personas, sin considerar que los agentes deben distribuirse en distintos turnos, disfrutar descansos, recibir capacitación y cumplir otras responsabilidades. ¿Cuántos policías quedan efectivamente patrullando las calles en un momento determinado? Esa es la pregunta que debería responder cada presidente municipal de Morelos.
La situación resulta todavía más preocupante cuando recordamos que el artículo 115 constitucional establece la responsabilidad municipal en materia de policía preventiva y tránsito. Durante años, diversos mecanismos de coordinación con el gobierno estatal han permitido concentrar decisiones operativas, pero eso no elimina la obligación de los ayuntamientos de fortalecer sus corporaciones. Los municipios no pueden limitarse a solicitar patrullas, armamento o presencia federal mientras mantienen plantillas insuficientes, salarios poco competitivos y esquemas de reclutamiento incapaces de cubrir sus necesidades.
Además, contratar policías no es tan sencillo como anunciar una convocatoria. Los aspirantes deben cumplir requisitos de escolaridad, controles de confianza, evaluaciones médicas y psicológicas, formación inicial y procesos de certificación. A ello se suma un obstáculo que pocas veces recibe suficiente atención: el riesgo que representa ejercer esta profesión en territorios donde operan organizaciones criminales. No basta con ofrecer una plaza cuando las condiciones laborales, la protección institucional y las posibilidades de desarrollo profesional resultan poco atractivas para los jóvenes.
Existe otro aspecto que tampoco debemos ignorar. Un policía mal pagado, deficientemente capacitado y sujeto a presiones externas puede convertirse en un eslabón vulnerable de la estrategia de seguridad. Por ello, aumentar el número de elementos sin fortalecer los mecanismos de supervisión, inteligencia, control interno y evaluación de desempeño podría reproducir problemas conocidos. Morelos necesita más policías, ciertamente, pero también corporaciones profesionales, confiables y suficientemente equipadas para cumplir sus funciones.
En ese contexto, adquiere particular relevancia lo anunciado por Claudia Sheinbaum después de reunirse con la gobernadora Margarita González Saravia y los integrantes del Gabinete de Seguridad federal. La presidenta ordenó elaborar un plan que contempla el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, una mayor presencia de la Guardia Nacional y la integración de un equipo especial para identificar a los principales generadores de violencia. También solicitó que, dentro de un mes, se presente una propuesta sobre necesidades de personal, recursos y aportaciones de los gobiernos federal y estatal.
Ese plazo debería aprovecharse para realizar un diagnóstico preciso, municipio por municipio. ¿Cuántos policías existen? ¿Cuántos están certificados? ¿Cuántos realizan actividades administrativas? ¿Cuántos pueden salir a patrullar simultáneamente? ¿Cuál es la capacidad real de reclutamiento? ¿Cuánto costaría aumentar progresivamente el estado de fuerza y garantizar salarios dignos? Sin respuestas verificables, cualquier programa de fortalecimiento corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.
La participación federal es indispensable frente a grupos delictivos cuya capacidad rebasa las posibilidades de muchas corporaciones locales. Pero también debe entenderse que los soldados y guardias nacionales enviados temporalmente a una entidad no pueden sustituir indefinidamente a las policías preventivas. Los contingentes federales responden a prioridades nacionales y pueden ser movilizados hacia otros estados cuando surgen nuevas emergencias. Morelos necesita construir una capacidad propia, estable y suficiente, que no dependa exclusivamente de refuerzos extraordinarios.
Tampoco se trata de establecer una relación automática entre cantidad de policías y disminución de delitos. Hay entidades con corporaciones numerosas que enfrentan graves problemas de inseguridad, así como municipios pequeños donde la coordinación institucional y la proximidad ciudadana producen mejores resultados. El número de agentes importa, pero también su distribución territorial, sus tiempos de respuesta, la calidad de sus mandos, la investigación criminal y la confianza de la población.
Por eso, el nuevo plan de seguridad para Morelos debería trascender la coyuntura provocada por los hechos violentos de las últimas semanas. El desafío no consiste únicamente en recuperar el control de determinadas regiones, sino en sentar las bases de un modelo policial sostenible durante los próximos años. Y esa responsabilidad corresponde tanto al gobierno estatal como a los 36 ayuntamientos, con el acompañamiento y los recursos que pueda aportar la Federación.
Morelos no puede aspirar a recuperar plenamente la tranquilidad de sus habitantes mientras desconozca con precisión cuántos policías tiene, cuántos necesita y cuánto está dispuesto a invertir en ellos. La intervención anunciada por Claudia Sheinbaum representa una oportunidad para comenzar a corregir esa deficiencia histórica. Sería lamentable que, después de nuevos operativos, reuniones y anuncios, el estado siguiera enfrentando el mismo problema de siempre: demasiados territorios por vigilar y muy pocos policías para hacerlo.
