MORELOS: ENTRE LA VIOLENCIA REAL Y EL ALARMISMO MEDIÁTICO
LA CRÓNICA DE MORELOS
Sábado 17 de octubre de 2026
E D I T O R I A L
En los últimos días, algunos medios informativos de la Ciudad de México, varios de ellos con alcance nacional, han difundido una narrativa particularmente alarmante sobre la situación que atraviesa Morelos. Expresiones como “Morelos en llamas” o encabezados que sugieren una pérdida generalizada del control territorial han contribuido a proyectar la imagen de una entidad prácticamente sometida por la delincuencia organizada. Los acontecimientos violentos registrados el pasado lunes 12 de octubre en Totolapan y municipios de la región oriente fueron, indiscutiblemente, graves. Sin embargo, una cosa es reconocer la dimensión de esos hechos y otra muy distinta convertirlos en prueba de que TODO EL ESTADO se encuentra sumido en la ingobernabilidad.
Conviene recordar que la gobernabilidad no se reduce exclusivamente a la seguridad pública. Desde la ciencia política, el concepto comprende la capacidad de las instituciones para ejercer sus atribuciones, mantener la estabilidad política, garantizar el Estado de derecho, administrar los recursos públicos, atender las demandas sociales, sostener la actividad económica y conservar niveles razonables de legitimidad ciudadana. La seguridad constituye uno de sus pilares fundamentales, pero no es el único. Por ello, asegurar que Morelos atraviesa una crisis generalizada de gobernabilidad exigiría demostrar que todos esos componentes, o una parte sustancial de ellos, han sufrido un deterioro capaz de comprometer seriamente el funcionamiento del Estado.
¿Estamos realmente ante semejante escenario? Los hechos disponibles no permiten sostenerlo. El Poder Ejecutivo continúa ejerciendo sus funciones; el Congreso mantiene su actividad legislativa; el Poder Judicial sigue operando; los ayuntamientos conservan sus atribuciones constitucionales y las instituciones electorales preparan el proceso de 2027. Persisten conflictos políticos, administrativos y sociales, algunos de considerable importancia, pero no existe una parálisis institucional generalizada. Tampoco se ha interrumpido la actividad económica en todo el territorio ni han dejado de prestarse masivamente los servicios públicos esenciales. Reconocerlo no significa respaldar al gobierno de Margarita González Saravia, al cual corresponde responder por sus decisiones, omisiones y resultados. Significa, simplemente, distinguir entre una crisis sectorial grave y el eventual colapso de la gobernabilidad.
Donde resulta imposible matizar la gravedad del panorama es en materia de seguridad pública. Los bloqueos carreteros, la quema de vehículos y la retención de tres agentes de investigación durante los acontecimientos de Totolapan constituyeron un desafío directo a la autoridad del Estado. Particularmente delicada fue la liberación de los servidores públicos mediante la entrega del individuo conocido como “El Güero del Gym”, episodio que obliga a revisar la capacidad de respuesta institucional frente a organizaciones criminales. A ello debemos agregar los ataques contra transportistas en Cuautla, las extorsiones, los homicidios y las denuncias de posible infiltración delincuencial en corporaciones municipales. Son expresiones de un problema profundo, cuya solución no llegará mediante discursos tranquilizadores ni campañas de comunicación gubernamental.
Pero también es indispensable establecer diferencias territoriales. Los acontecimientos del 12 de octubre se concentraron en Totolapan y otros municipios del oriente morelense. No fueron una conflagración simultánea en los 36 municipios de la entidad. La confusión adquiere dimensiones preocupantes cuando personas que siguen las noticias desde otras entidades llegan a suponer que los vehículos incendiados y los bloqueos ocurrieron en Cuernavaca, cuando los acontecimientos difundidos correspondían a localidades distintas. Es una muestra de cómo determinados encuadres televisivos y encabezados nacionales pueden trasladar, en la percepción del público, una crisis regional a la totalidad del territorio estatal.
Desde luego, tampoco sería responsable afirmar que el problema quedó resuelto simplemente porque terminaron los bloqueos y se restableció la circulación. Recuperar temporalmente el orden público no equivale a desarticular las organizaciones criminales que hicieron posibles aquellos acontecimientos. El verdadero desafío consiste en impedir su repetición, recuperar espacios de autoridad, fortalecer las investigaciones y evitar que la violencia siga extendiendo sus consecuencias a la economía, el transporte, el turismo y la vida cotidiana de las comunidades afectadas. En municipios como Cuautla y Yautepec existen motivos suficientes para exigir respuestas mucho más contundentes.
En este contexto también debe analizarse la reunión celebrada el jueves 15 de octubre entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Margarita González Saravia. Algunas interpretaciones periodísticas han destacado que se estableció un plazo aproximado de un mes para revisar una propuesta de fortalecimiento de las corporaciones policiales. Es legítimo cuestionar si semejante periodo resulta adecuado frente a la urgencia de la situación. Sin embargo, no sería correcto presentar ese acuerdo como si el Gobierno Federal hubiera decidido esperar treinta días antes de combatir a los grupos criminales. Una cosa es el plazo para estructurar medidas adicionales y otra la continuidad de las operaciones de seguridad. La precisión también resulta indispensable cuando se examinan las decisiones presidenciales.
Hay otro componente de la gobernabilidad que merece especial atención: la capacidad de las autoridades municipales para cumplir sus responsabilidades constitucionales. Durante años, diversos ayuntamientos morelenses han mostrado debilidades en el reclutamiento, profesionalización, equipamiento y supervisión de sus policías preventivas. A ello se suman señalamientos sobre posibles vínculos entre delincuentes y servidores públicos. Si esas deficiencias permanecen sin corregirse, los problemas de seguridad pueden terminar afectando otros ámbitos institucionales. La infiltración criminal, cuando existe, no solamente compromete a una corporación policial: erosiona la confianza ciudadana, debilita el Estado de derecho y puede comprometer la autonomía de las decisiones gubernamentales.
Por eso, más que preguntarnos si todo Morelos está en llamas, deberíamos preguntarnos cuánto tiempo podrán mantenerse relativamente estables los demás componentes de la gobernabilidad si no se contiene eficazmente la violencia. La inseguridad persistente puede provocar cierre de negocios, pérdida de empleos, disminución de inversiones, desplazamiento de familias, debilitamiento de las finanzas municipales y creciente desconfianza hacia las autoridades. Se trata de una cadena de consecuencias que, eventualmente, sí podría desembocar en una crisis mucho más amplia. Ahí radica el verdadero peligro que debe ocupar a los gobiernos estatal, municipales y federal.
El periodismo tiene una responsabilidad insoslayable frente a esta realidad. Su función no consiste en proteger la imagen del gobierno, pero tampoco en transformar cada acontecimiento violento en una descripción apocalíptica de toda la entidad. Las palabras importan, particularmente cuando los medios poseen capacidad para influir en la percepción nacional sobre un territorio, sus habitantes, sus actividades económicas y sus posibilidades de desarrollo. La expresión “Morelos en llamas” puede resultar atractiva para un encabezado, pero debe sostenerse en hechos que justifiquen semejante generalización. De lo contrario, el impacto del titular termina imponiéndose sobre la precisión informativa.
Morelos enfrenta problemas severos de seguridad pública, particularmente en algunas regiones donde la delincuencia organizada ha exhibido una capacidad de intimidación verdaderamente preocupante. También existen deficiencias institucionales, riesgos de corrupción y afectaciones económicas que demandan respuestas inmediatas. Nada de eso debe ocultarse. Pero tampoco hay elementos suficientes para afirmar que todos los componentes de la gobernabilidad estén alterados al grado de colocar a la entidad ante un colapso generalizado. Ni la propaganda gubernamental puede borrar la violencia, ni el alarmismo mediático debe convertir una crisis regional en una supuesta catástrofe estatal.
La gobernadora y los demás responsables de la seguridad tendrán que demostrar con hechos su capacidad para contener y reducir la delincuencia. Los medios, por nuestra parte, debemos conservar la proporcionalidad, el contexto y el rigor que exige el ejercicio periodístico. Porque la violencia que padece Morelos es suficientemente grave como para investigarla, denunciarla y exigir soluciones, sin necesidad de exagerarla. El verdadero riesgo no es solamente que existan regiones donde la autoridad esté siendo desafiada, sino que permitamos que esos focos de violencia se extiendan hasta comprometer la gobernabilidad del conjunto del estado.
