MORELOS: LOS POLICÍAS SE REBELAN Y LOS ALCALDES SACAN LA CALCULADORA
LA CRÓNICA DE MORELOS.
Jueves 22 de octubre de 2026
E D I T O R I A L
La inconformidad de los policías municipales de Morelos comienza a parecerse a un efecto dominó que amenaza con exhibir, una por una, las debilidades financieras de los ayuntamientos. Primero fue Cuernavaca, después Xochitepec, Jiutepec y Totolapan, y este jueves 22 de octubre se sumó Temixco. El reclamo es esencialmente el mismo: mejores salarios, homologación de percepciones, servicios médicos y condiciones dignas de trabajo. Resulta particularmente preocupante que estas protestas ocurran cuando la delincuencia mantiene bajo presión a distintas regiones del estado y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de anunciar un nuevo plan para fortalecer las corporaciones policiales. **Mientras las autoridades buscan más uniformados para enfrentar la inseguridad, los que ya tienen comienzan a rebelarse porque consideran insuficiente lo que reciben por arriesgar la vida.
Las diferencias salariales ayudan a comprender el malestar. En Xochitepec, los agentes denunciaron percepciones aproximadas de nueve mil 400 pesos mensuales, mientras que en Temixco se reportan ingresos cercanos a los 12 mil 800 pesos. En Cuernavaca, el Cabildo aprobó un tabulador que contempla 17 mil 701 pesos netos mensuales para los policías que cumplan determinados requisitos de certificación y carrera policial. Jiutepec, por su parte, anunció que aplicará la homologación a partir de enero de 2027, mientras Totolapan alcanzó un acuerdo que permitió reanudar los patrullajes. Son respuestas diferentes ante una exigencia compartida. Conviene aclarar que las cifras no siempre incluyen las mismas prestaciones ni corresponden a grados equivalentes, pero revelan la ausencia de condiciones salariales uniformes. El riesgo de enfrentar a un delincuente armado no cambia de municipio en municipio; lo que cambia, y mucho, es la capacidad de cada tesorería para remunerar a sus policías.
Aquí aparece la primera responsabilidad, que corresponde directamente a los presidentes municipales y sus cabildos. La seguridad preventiva es una función esencial de los ayuntamientos, que deben presupuestar salarios, prestaciones, combustible, mantenimiento de patrullas y equipamiento. Es verdad que numerosos municipios enfrentan restricciones financieras y dependen considerablemente de las participaciones y aportaciones federales. Pero también es cierto que la planeación presupuestal, la recaudación propia y las prioridades del gasto son decisiones de sus autoridades. No basta con argumentar que el dinero no alcanza cuando durante años se han postergado las necesidades de las corporaciones. Los alcaldes deben explicar cuánto destinan realmente a seguridad, cuánto cuesta homologar las percepciones y qué partidas pueden reorganizarse sin comprometer otros servicios indispensables. La insuficiencia presupuestal puede explicar una dificultad, pero no debería convertirse en una excusa permanente para eludir responsabilidades.
La segunda responsabilidad corresponde al Congreso y al Gobierno de Morelos. Hasta este 22 de octubre, legisladores reportan que solamente 16 de los 36 ayuntamientos han respaldado la reforma constitucional relacionada con la homologación salarial policial, cuando se requieren 24 votos municipales para completar esa etapa del procedimiento. Pero incluso si mañana se alcanzara la mayoría necesaria, la reforma no produciría automáticamente los recursos para pagar los incrementos. Ahí comienza el verdadero desafío: diseñar un esquema de financiamiento sostenible, con criterios transparentes y apoyos diferenciados para los municipios de menor capacidad económica. El Ejecutivo estatal debe participar mediante la coordinación de seguridad, la profesionalización y la evaluación de las corporaciones; el Congreso, mediante el marco jurídico y las decisiones presupuestales que le correspondan. Ninguno puede sustituir las obligaciones de los ayuntamientos, pero tampoco resulta razonable dejar que cada municipio resuelva por separado un problema que ya adquirió dimensiones estatales.
La tercera responsabilidad es federal. El pasado 15 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que Morelos dispone de aproximadamente mil policías estatales para sus 36 municipios y anunció la elaboración de un programa de fortalecimiento policial, en coordinación con la gobernadora Margarita González Saravia. La mandataria federal planteó revisar las necesidades de personal, equipamiento y recursos, además de mantener el respaldo de la Guardia Nacional y las instituciones federales de seguridad. También estableció un plazo aproximado de un mes para conocer el diagnóstico y determinar posibles aportaciones de la Federación y del estado. El anuncio es relevante, pero conviene entender sus alcances: la Federación puede proporcionar recursos, inteligencia, coordinación y presencia operativa, pero no administra directamente las nóminas de las policías municipales. Por eso, un plan nacional que no considere la realidad financiera de los ayuntamientos corre el riesgo de quedarse en una estrategia bien presentada, pero difícil de ejecutar sobre el terreno.
Hay, además, un aspecto que merece especial atención. Mejorar los salarios no significa renunciar a los controles de confianza, la capacitación, la disciplina y la supervisión del desempeño policial. Cuernavaca, por ejemplo, enfrenta dificultades para incorporar nuevos elementos que cumplan los perfiles requeridos, al tiempo que decenas de integrantes de su corporación deben regularizar sus evaluaciones. El fortalecimiento institucional exige atender simultáneamente esas condiciones. Tampoco debe ignorarse que una suspensión de patrullajes, aunque responda a demandas laborales legítimas, puede reducir temporalmente la vigilancia y afectar a los ciudadanos. De ahí la necesidad de establecer mecanismos de negociación oportunos, servicios esenciales garantizados y calendarios verificables para cumplir los acuerdos. La dignificación de los policías debe ir acompañada de profesionalización y rendición de cuentas, porque el objetivo final no consiste solamente en mejorar una nómina, sino en ofrecer mayor seguridad a la población.
Lo que estamos presenciando en Morelos no es únicamente una cadena de protestas salariales. Es la manifestación de un problema estructural que durante años ha sido administrado con soluciones parciales y compromisos aplazados. Los municipios tienen que ordenar sus finanzas y asumir el costo de mantener corporaciones dignamente remuneradas; el Gobierno estatal debe coordinar el fortalecimiento institucional y apoyar donde existan mayores carencias; el Congreso tiene que proporcionar certidumbre jurídica y presupuestal; y la Federación debe traducir su nuevo plan en compromisos concretos, con recursos y resultados verificables. El cierre del ejercicio fiscal 2026 complica las decisiones inmediatas, pero también obliga a que el presupuesto de 2027 contemple soluciones de fondo. Porque Morelos no puede seguir anunciando grandes estrategias contra la delincuencia mientras sus policías discuten si les alcanza el sueldo, si recibirán atención médica o si sus patrullas tendrán gasolina. La seguridad pública no se construye solamente desde las conferencias de prensa: comienza por garantizar que quienes deben protegernos tengan las condiciones necesarias para hacerlo.
