TADDEI SALE POR LA PUERTA TRASERA; EL INE NO PUEDE IRSE CON ELLA
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 27 de octubre de 2026
Guadalupe Taddei Zavala llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en abril de 2023, rodeada de elogios provenientes nada menos que de Andrés Manuel López Obrador, quien la calificó de mujer honesta, íntegra, experimentada y profesional. Tres años y medio después, aquella funcionaria que recibió semejante respaldo presidencial terminó presentando su renuncia, en medio de escándalos por presuntos actos de corrupción, conflictos de interés y relaciones cuestionables con proveedores del organismo electoral. Podrá declarar que se retira con serenidad y dignidad, pero políticamente resulta difícil encontrar una descripción más apropiada: Taddei está saliendo por la puerta trasera del INE.
Su caída no fue producto de un simple desencuentro administrativo ni de una conspiración que pueda despacharse con el acostumbrado argumento de los ataques mediáticos. Fue precedida por una sucesión de reportajes e investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa contratos multimillonarios, posibles arreglos entre empresas proveedoras, nombramientos de funcionarios vinculados con contratistas y relaciones personales que, cuando se administran recursos públicos, inevitablemente despiertan sospechas. En el centro de las revelaciones aparece José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías que han obtenido importantes contratos electorales. Los señalamientos alcanzaron una gravedad suficiente para que la Auditoría Superior de la Federación iniciara una investigación de oficio sobre posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
A ese expediente se agregaron las publicaciones sobre colaboradores cercanos a Taddei, sus salarios y funciones, así como imágenes de celebraciones con empresarios y un video difundido por Latinus en el que aparece uno de sus hijos acompañado por Hernández Casillas en un lujoso hotel de París. Desde luego, las relaciones personales no constituyen delitos por sí mismas, ni los reportajes sustituyen a una resolución judicial. Pero cuando el cúmulo de circunstancias involucra a quien encabeza la institución responsable de garantizar elecciones limpias, la exigencia de transparencia deja de ser opcional. La honradez no puede sostenerse únicamente en declaraciones, elogios presidenciales o comunicados de despedida.
Resulta imposible olvidar aquella conferencia del 31 de marzo de 2023, cuando López Obrador salió en defensa de Taddei y prácticamente puso las manos al fuego por ella. Aseguró que era honesta e íntegra, y descalificó las críticas de quienes advertían sobre sus vínculos familiares con personajes cercanos a Morena. Hoy aquellas palabras adquieren una dimensión incómoda. No porque los señalamientos actuales demuestren que el expresidente conociera las supuestas irregularidades, sino porque exhiben los riesgos de convertir la simpatía política y la confianza personal en certificados anticipados de probidad. Ninguna institución autónoma debería depender de las bendiciones del poder presidencial.
Y aquí aparece Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta tiene ante sí una oportunidad histórica que difícilmente volverá a presentarse en condiciones semejantes: contribuir a que el INE recupere su credibilidad sin pretender convertirlo en una dependencia política de Palacio Nacional. Este lunes calificó de acertada la renuncia de Taddei y pidió investigar los señalamientos. Es un posicionamiento importante, pero insuficiente si no viene acompañado de respeto absoluto a la autonomía electoral. Sanear al instituto significa permitir investigaciones hasta sus últimas consecuencias, transparentar contratos, establecer responsabilidades y garantizar que el relevo no responda a lealtades partidistas. La mejor contribución de Sheinbaum sería demostrar que la independencia del árbitro electoral también merece protección cuando incomoda al gobierno.
La Cámara de Diputados tiene ahora una responsabilidad igualmente histórica. Sus integrantes deberán intervenir en la designación de una nueva presidencia, mediante un procedimiento público que privilegie capacidad técnica, trayectoria, independencia y solvencia ética. Todavía deben existir legisladores comprometidos con la democracia, incluso entre quienes pertenecen a la mayoría gobernante. Es momento de demostrarlo. Sería lamentable que, después de un escándalo de semejantes proporciones, los partidos convirtieran la sucesión en otra negociación de cuotas, compadrazgos y conveniencias electorales. Sustituir a una presidenta cuestionada por otra persona políticamente subordinada significaría desperdiciar la crisis sin resolverla.
No olvidemos de dónde venimos. El Instituto Federal Electoral nació en 1990 y alcanzó su autonomía plena en 1996, después de décadas de luchas políticas, denuncias de fraudes, movilizaciones ciudadanas y enormes sacrificios para arrebatarle al gobierno el control de las elecciones. Aquella transformación no fue una concesión generosa del poder, sino una conquista democrática de los mexicanos. Costó esfuerzos, recursos públicos, enfrentamientos y vidas en una larga historia de luchas por elecciones auténticas. El INE, heredero de ese proceso desde 2014, no es patrimonio de Morena, del PAN, del PRI ni de ningún presidente de la República. Es una institución que pertenece a la ciudadanía.
La gravedad del momento aumenta porque el país se encamina hacia las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular, incluidas las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Morelos también participará en esa enorme jornada democrática. ¿Con qué autoridad moral podrá el INE exigir transparencia a los partidos, fiscalizar sus recursos, sancionar irregularidades y garantizar condiciones de equidad si su propia administración permanece bajo sospecha? La confianza ciudadana no se reconstruye con discursos institucionales, sino con investigaciones serias, decisiones verificables y autoridades que no tengan compromisos ocultos con nadie.
Hay otra cuestión fundamental: la renuncia de Guadalupe Taddei no debe convertirse en una especie de absolución anticipada. Salir del cargo no equivale a quedar libre de responsabilidades. Las investigaciones deben continuar, con independencia de sus resultados y respetando el debido proceso. Si hubo irregularidades, deberán identificarse responsables y aplicarse las sanciones correspondientes. Si determinadas acusaciones carecen de sustento, también tendrá que esclarecerse públicamente. Lo inadmisible sería cerrar el expediente mediante acuerdos políticos o permitir que el paso del tiempo sepulte las evidencias. Una democracia que exige rendición de cuentas a sus gobernantes debe comenzar por exigirla a sus árbitros.
La caída de Taddei puede convertirse en el punto de partida de una auténtica recuperación institucional o en el preludio de una nueva etapa de sometimiento político del INE. La diferencia dependerá de las decisiones que adopten el Congreso, los órganos fiscalizadores y quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno. Sheinbaum enfrenta una oportunidad para actuar con visión de Estado; los diputados, para demostrar que todavía existe espacio para la independencia y la dignidad democrática. Guadalupe Taddei se marcha por una puerta poco honrosa, pero lo verdaderamente preocupante sería que, detrás de ella, también terminara saliendo la credibilidad del Instituto Nacional Electoral.
Porque México puede reemplazar a una consejera presidenta; lo que no puede permitirse es perder la confianza en sus elecciones.
