EL DERECHO A PROTESTAR NO INCLUYE EL DERECHO A PARALIZAR UNA CIUDAD
LA CRÓNICA DE MORELOS
Martes 27 de octubre de 2026
E D I T O R I A L
Los bloqueos que este lunes 26 de octubre protagonizaron transportistas en Cuernavaca volvieron a exhibir una de las contradicciones más dolorosas de nuestra vida pública: para conseguir que las autoridades escuchen una demanda, parece indispensable perjudicar primero a miles de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto. Sea cual fuere el desenlace de esta jornada, el daño ya está hecho. La avenida Plan de Ayala, el Paso Exprés y la zona de la Paloma de la Paz quedaron convertidos en escenarios de una protesta cuyas consecuencias rebasaron ampliamente a sus protagonistas.
Las organizaciones de transportistas tienen reclamos que merecen atención. Denuncian inseguridad en las carreteras, asaltos, extorsiones, cobros excesivos de grúas y corralones, así como presuntos abusos de autoridad. Son problemas serios que afectan una actividad indispensable para la economía nacional. Nadie debería arriesgar la vida para transportar mercancías ni quedar a merced de negocios que eventualmente operen al margen de la legalidad. Sus exigencias pueden ser legítimas, pero la legitimidad de una causa no convierte automáticamente en legítimos todos los procedimientos empleados para defenderla.
Porque detrás de cada bloqueo hay historias que difícilmente aparecen en las negociaciones. Está el trabajador que pierde parte de su salario por llegar tarde; la madre que no alcanza a recoger a sus hijos en la escuela; el enfermo que necesita llegar a una consulta médica; la ambulancia cuya circulación puede verse comprometida; el comerciante que pierde ventas; el estudiante que no llega a clases; el repartidor que deja de cumplir sus entregas y el pequeño empresario que debe pagar salarios aun cuando su negocio prácticamente se paralizó. Son personas inocentes que terminan pagando las consecuencias de conflictos que no provocaron y cuya solución tampoco está en sus manos.
En Cuernavaca, además, existe un agravante que todos conocemos: las famosas vías alternas son, en buena medida, una ficción. Cada vez que se bloquean los principales accesos, alguien recomienda utilizar otras rutas. ¿Cuáles? La capital morelense, conectada funcionalmente con Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata y otros municipios, padece desde hace años una infraestructura vial insuficiente. Basta cerrar un punto estratégico para desencadenar congestionamientos que se multiplican por kilómetros. Cuando se interrumpen varios simultáneamente, la movilidad metropolitana queda prácticamente secuestrada.
Aquí aparece el aspecto más cuestionable de estos mecanismos de presión. No se trata solamente de hacerse visibles ni de expresar inconformidad. La lógica del bloqueo consiste en provocar afectaciones suficientemente grandes para obligar a las autoridades a intervenir. Mientras mayores sean las molestias, más intensa será la presión política. El ciudadano se convierte así en instrumento involuntario de una negociación entre particulares, organizaciones y gobierno. Su tiempo, su tranquilidad, su trabajo y hasta sus necesidades médicas quedan subordinados a una estrategia que busca resultados mediante la interrupción de la vida cotidiana.
Pero sería injusto atribuir toda la responsabilidad a quienes bloquean. Las autoridades federales, estatales y municipales también deben responder por la forma en que se atienden —o se dejan crecer— los conflictos. Demasiadas veces, las organizaciones denuncian que sus peticiones no reciben respuestas satisfactorias hasta que anuncian movilizaciones de alto impacto. El problema es que termina consolidándose una peligrosa enseñanza: quien solicita atención por las vías institucionales puede esperar indefinidamente; quien paraliza una carretera consigue una mesa de negociación. Esa dinámica deteriora la confianza ciudadana y convierte la protesta extrema en un recurso cada vez más frecuente.
Por supuesto, el derecho a manifestarse está reconocido constitucionalmente y debe respetarse. Sin embargo, también existen derechos fundamentales de terceros: al libre tránsito, al trabajo, a la salud y a la seguridad. Ninguno debería desaparecer frente al ejercicio del otro. Las autoridades tienen la obligación de facilitar la protesta pacífica, prevenir riesgos, garantizar corredores para emergencias y buscar soluciones mediante el diálogo, sin criminalizar la inconformidad ni permanecer pasivas frente a las afectaciones de la población.
Lo sucedido este lunes también obliga a reflexionar sobre la enorme vulnerabilidad de Cuernavaca. Una ciudad que puede quedar inmovilizada por unas cuantas unidades colocadas en puntos estratégicos necesita mucho más que operativos de tránsito improvisados. Requiere planeación metropolitana, protocolos eficaces para contingencias, coordinación entre municipios y mecanismos oportunos de atención a los conflictos sociales. No basta recomendar paciencia a quienes permanecen atrapados durante horas en sus vehículos.
Al final, los transportistas podrán obtener compromisos, fechas, reuniones o incluso soluciones concretas a sus demandas. Las autoridades podrán anunciar acuerdos y presumir que el conflicto fue superado. Pero ¿quién responderá por las horas de trabajo perdidas, las citas médicas frustradas, las ventas que nunca se realizaron y la angustia de miles de familias? Esos daños rara vez aparecen en las minutas oficiales. Tampoco forman parte de las fotografías donde dirigentes y funcionarios se estrechan las manos después de negociar.
Cuernavaca no puede seguir siendo rehén de los conflictos entre organizaciones y autoridades. Una democracia debe ofrecer caminos para escuchar las demandas sin convertir a la población en víctima de los mecanismos de presión. Los transportistas tienen derecho a exigir seguridad y justicia; los ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho a transitar, trabajar y desarrollar su vida sin impedimentos arbitrarios. Y los gobiernos de los tres órdenes están obligados a atender las inconformidades antes de que estallen, no solamente cuando el caos ya se apoderó de las calles.
Porque hay una verdad que no debería perderse entre las consignas, los bloqueos y las negociaciones: ninguna causa, por justa que parezca, debería necesitar el sufrimiento de miles de inocentes para ser escuchada.
