La podredumbre del Caso Taddei salpica las contrataciones del Impepac en Morelos: aparecen Cajas Graf y un contrato millonario para Litho Formas
Por Guillermo Cinta Flores
La revisión de documentos oficiales del organismo electoral de Morelos revela que dos empresas mencionadas en las investigaciones nacionales sobre proveedores electorales participaron en el procedimiento de adquisición de materiales para las elecciones de 2024. Una presentó una precotización millonaria y la otra obtuvo un contrato por 36.77 millones de pesos.
CUERNAVACA, MORELOS.— Las investigaciones y controversias que rodean la gestión de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) podrían abrir un nuevo frente de revisión en Morelos, luego de que documentos oficiales del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) permitieran identificar la participación de dos empresas mencionadas en los reportajes nacionales sobre contrataciones electorales: Cajas Graf, S.A. de C.V., y Litho Formas, S.A. de C.V.
La revisión documental realizada por La Crónica de Morelos establece que ambas compañías aparecieron en el procedimiento de adquisición de materiales electorales correspondiente a los comicios de 2024, cuando el organismo local era presidido por Mireya Gally Jordá.
Uno de los primeros antecedentes se encuentra en el acuerdo IMPEPAC/CEE/147/2024, aprobado el 8 de marzo de 2024, mediante el cual se autorizaron las bases y la convocatoria de la licitación pública IMPEPAC/LP/002/2024, destinada a la adquisición de documentación y materiales electorales.
En el expediente aparece una precotización de Cajas Graf, presentada el 18 de septiembre de 2023 y firmada por Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresario cuyo nombre también ha aparecido en investigaciones periodísticas sobre proveedores electorales.
La propuesta económica ascendía aproximadamente a 80.68 millones de pesos, IVA incluido, e incorporaba diversos materiales utilizados durante la jornada electoral, entre ellos urnas y cajas para paquetes electorales.
Sin embargo, Cajas Graf no obtuvo la adjudicación de ese procedimiento. El contrato terminó en manos de Litho Formas, otra empresa mencionada en las investigaciones periodísticas nacionales que han examinado las contrataciones de organismos electorales.
Un contrato por 36.77 millones de pesos
La documentación oficial del Impepac permite establecer que Litho Formas obtuvo un contrato inicial por 36 millones 770 mil 154 pesos con 10 centavos, IVA incluido, para suministrar materiales y documentación utilizados durante el proceso electoral local de 2024.
El expediente revela, además, que el organismo electoral morelense realizó un primer anticipo de 18 millones 385 mil 77 pesos con cinco centavos el 5 de abril de ese año, equivalente al 50 por ciento del importe contratado.
En documentación incorporada al acta de una sesión del Consejo Estatal Electoral del 28 de junio de 2024, la propia compañía informó que había presentado, el 5 de junio, la factura correspondiente al segundo 50 por ciento del contrato.
También planteó una ampliación contractual, derivada de diferencias entre las cantidades originalmente previstas y los requerimientos definitivos del organismo electoral.
Este último punto requiere una revisión adicional, porque los documentos consultados hasta ahora no permiten establecer cuánto dinero terminó recibiendo Litho Formas, una vez consideradas las eventuales modificaciones y ampliaciones del contrato original.
Las investigaciones nacionales y sus posibles repercusiones en Morelos
La aparición de Cajas Graf y Litho Formas en los expedientes del Impepac adquiere relevancia frente a las investigaciones y señalamientos difundidos sobre contrataciones del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, cuya renuncia se produjo el lunes 26 de octubre de 2026.
En el ámbito nacional se han publicado reportajes acerca de proveedores, relaciones empresariales y procedimientos de contratación que ameritan revisión por parte de los organismos fiscalizadores. Asimismo, se han anunciado investigaciones sobre posibles irregularidades en adquisiciones electorales.
No obstante, resulta indispensable distinguir entre la existencia de contratos públicos y la acreditación de conductas irregulares. Hasta ahora, la información disponible no demuestra que las adquisiciones realizadas por el Impepac hayan constituido actos de corrupción, ni que exista una responsabilidad administrativa o penal de sus funcionarios.
Lo que sí está documentado es que empresas mencionadas dentro de la controversia nacional participaron en procedimientos de contratación del organismo electoral de Morelos y que una de ellas recibió una adjudicación millonaria.
El Impepac tiene varias preguntas por responder
Estos antecedentes colocan bajo interés público las decisiones administrativas adoptadas durante el proceso electoral de 2024 y hacen pertinente una explicación de las autoridades que intervinieron en la contratación.
Entre las interrogantes está conocer bajo qué criterios fue consultada Cajas Graf, qué otras empresas participaron en el procedimiento, cuáles fueron las ofertas técnicas y económicas presentadas y qué elementos determinaron la adjudicación a Litho Formas.
También resulta necesario establecer si el Impepac realizó verificaciones sobre posibles vínculos societarios o conflictos de interés entre sus proveedores y, especialmente, conocer el monto total efectivamente pagado, incluyendo ampliaciones, convenios modificatorios y cualquier erogación adicional.
Otra cuestión pendiente consiste en determinar si la Auditoría Superior de la Federación, los órganos estatales de fiscalización o el Órgano Interno de Control del Impepac han iniciado revisiones específicas relacionadas con estas operaciones.
La presidencia del organismo, encabezada entonces por Mireya Gally Jordá, y las áreas administrativas responsables de las adquisiciones podrían aportar información para esclarecer las condiciones en que se desarrolló la contratación. La sola existencia del procedimiento, sin embargo, no acredita una actuación indebida de la expresidenta ni de los integrantes del Consejo Estatal Electoral.
El dinero público exige explicaciones
El caso adquiere especial importancia por tratarse de recursos públicos destinados a organizar las elecciones locales de 2024, en las cuales se renovaron la gubernatura, el Congreso del Estado y los 33 ayuntamientos de Morelos.
La contratación de documentación y materiales electorales constituye una operación indispensable para garantizar el ejercicio del voto, pero precisamente por su importancia y por los montos involucrados debe sujetarse a controles de transparencia, competencia entre proveedores y rendición de cuentas.
A menos de un año de las elecciones de 2027, cuando nuevamente estarán en disputa cargos locales, la revisión de los antecedentes contractuales resulta pertinente para prevenir posibles irregularidades en futuras adquisiciones.
La conexión documental entre el Impepac y las empresas mencionadas en el llamado caso Taddei ya está establecida. Lo que falta determinar es si detrás de esas operaciones existieron irregularidades, relaciones empresariales relevantes que no fueron examinadas o decisiones administrativas susceptibles de observaciones.
Por lo pronto, los documentos oficiales abren una línea de investigación que deberá profundizarse con el expediente completo de la licitación, los contratos, los comprobantes de pago y las explicaciones de las autoridades y empresas involucradas.
Porque en una institución encargada de organizar elecciones y garantizar la confianza ciudadana, la transparencia sobre el destino de cada peso público no debería depender de que estalle un escándalo nacional.
