Dos alcaldes de Morelos, al borde de la destitución; uno también arriesga su futuro político
La permanencia de dos presidentes municipales de Morelos se encuentra bajo amenaza por el incumplimiento de obligaciones económicas derivadas de resoluciones judiciales. El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) solicitó al Congreso del Estado la destitución e inhabilitación de José Luis Maya Torres, alcalde de Zacatepec, y de Israel Andrade Zavala, presidente municipal de Jonacatepec, por la falta de pago de pensiones destinadas a familiares de dos mujeres agentes de tránsito.
El caso adquiere particular relevancia en Zacatepec, donde Maya Torres, quien gobierna por segundo periodo consecutivo, enfrenta una situación jurídica que podría poner fin anticipadamente a su administración municipal y comprometer sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, particularmente ante la posibilidad de buscar una diputación local por la vía plurinominal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La controversia tiene su origen en el incumplimiento de resoluciones relacionadas con derechos de viudez y orfandad. No se trata, por tanto, de obligaciones discrecionales ni de apoyos sujetos a la voluntad política de los ayuntamientos, sino de prestaciones reconocidas mediante procedimientos legales cuyo cumplimiento corresponde a las autoridades municipales.
La situación de José Luis Maya Torres tampoco constituye un problema reciente. En agosto de 2024, el propio alcalde reconoció públicamente que continuaba bajo riesgo de destitución debido a cinco laudos pendientes de pago, aunque aseguró que su administración había conseguido resolver otros 50 expedientes mediante negociaciones y liquidaciones. Aquella advertencia evidenciaba que, pese a los avances anunciados, el municipio permanecía expuesto a sanciones judiciales.
En Jonacatepec, el panorama resulta igualmente delicado. Israel Andrade Zavala enfrenta, según la información difundida este jueves, una segunda solicitud de destitución e inhabilitación. Su historial jurídico contiene un antecedente importante: en noviembre de 2021 el TJA determinó destituirlo e inhabilitarlo durante un año por incumplir una sentencia de pago a un elemento de seguridad pública. Posteriormente, en 2022, se informó que aquella resolución había quedado firme tras agotarse los medios de impugnación.
La reiteración de estas controversias revela un problema persistente en los gobiernos municipales de Morelos: la acumulación de obligaciones laborales y de seguridad social que, al no ser atendidas oportunamente, terminan convirtiéndose en amenazas directas contra la permanencia de los funcionarios públicos.
El nuevo procedimiento coloca ahora la responsabilidad en el Congreso de Morelos, que deberá atender las solicitudes del TJA y determinar las consecuencias legales correspondientes. Sin embargo, es importante precisar que la petición de destitución no significa, por sí sola, que ambos alcaldes hayan perdido automáticamente sus cargos. La separación efectiva y una eventual inhabilitación deberán ajustarse a los procedimientos legales aplicables.
En el caso de Zacatepec, una inhabilitación firme podría tener consecuencias que trasciendan el actual gobierno municipal. De confirmarse su intención de competir por una diputación plurinominal bajo las siglas del Partido Verde, Maya Torres tendría que enfrentar también el examen de su elegibilidad política y jurídica. Hasta ahora no se ha acreditado públicamente que exista un registro formal de esa candidatura ni una cancelación decretada por la autoridad electoral.
El caso de ambos presidentes municipales vuelve a poner sobre la mesa una interrogante de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la omisión de una autoridad antes de que deba responder personalmente por desacatar una sentencia? Las dificultades financieras de los ayuntamientos pueden explicar la acumulación de adeudos, pero no eliminan la obligación de atender las resoluciones de los tribunales ni los derechos de quienes esperan recibir sus pensiones.
Mientras se define el desenlace de estos procedimientos, José Luis Maya Torres e Israel Andrade Zavala permanecen bajo una presión jurídica creciente. Lo que comenzó como una controversia por prestaciones económicas podría terminar con consecuencias políticas de gran alcance para dos gobiernos municipales de Morelos.
