Mientras México alcanza una cifra histórica de 276 mil 873 personas encarceladas, Morelos aparece entre las tres entidades con mayor saturación penitenciaria del país. La crisis es particularmente grave en Jojutla y Cuautla, donde el hacinamiento, las deficiencias en los servicios básicos y la insuficiente atención médica exhiben un problema que rebasa la capacidad de las autoridades penitenciarias.
Cuernavaca, Morelos, 1 de noviembre de 2026.— El crecimiento acelerado de la población penitenciaria en México ha colocado a Morelos en una de las situaciones más delicadas del país. De acuerdo con las cifras nacionales correspondientes a septiembre de 2026, la entidad registra una sobrepoblación carcelaria de 115.3 por ciento, solamente por debajo de Nayarit, con 257.1 por ciento, y el Estado de México, con 125.2 por ciento. Esto significa que, por cada 100 espacios disponibles, los centros penitenciarios morelenses albergan aproximadamente a 215 personas.
El problema adquiere dimensiones nacionales. Una investigación publicada este domingo por el diario Reforma, sustentada en información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, establece que la población penitenciaria mexicana aumentó 39.8 por ciento entre diciembre de 2018 y septiembre de 2026. Actualmente existen 276 mil 873 personas privadas de la libertad, frente a una capacidad instalada de 231 mil 774 espacios. La diferencia representa un déficit de 45 mil 99 lugares y una sobrepoblación nacional de 19.46 por ciento.
Jojutla, uno de los penales más saturados de México
Uno de los casos más preocupantes se encuentra en Jojutla. Un análisis estadístico difundido en octubre situó a este centro penitenciario entre los de mayor hacinamiento del país, con una sobrepoblación aproximada de 425 por ciento. El Observatorio de Prisiones de la organización Documenta había registrado 689 internos para solamente 132 espacios, lo que significa que el establecimiento alojaba a más de cinco veces la población para la cual fue diseñado. De ellos, 327 se encontraban procesados y 362 ya habían recibido sentencia.
La situación tampoco resulta alentadora en Cuautla. El 19 de octubre, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Nadxelli Carranco Lechuga, advirtió que los establecimientos penitenciarios de Jojutla y Cuautla presentan condiciones críticas. Entre los principales problemas identificados figuran la saturación de dormitorios, las deficiencias en el suministro de agua potable y electricidad, así como la falta de medicamentos y las dificultades para garantizar atención médica especializada.
Estos problemas no constituyen únicamente un asunto de infraestructura. El hacinamiento complica la vigilancia, dificulta la separación adecuada de los internos, incrementa las tensiones dentro de los establecimientos y reduce las posibilidades de ofrecer educación, capacitación laboral, servicios médicos y programas efectivos de reinserción social. En consecuencia, mantener a más personas encarceladas no necesariamente se traduce en mejores resultados para la seguridad pública.
Casi la mitad de los presos mexicanos no tiene sentencia
Otro factor que explica el crecimiento penitenciario es el uso extendido de la prisión preventiva. Según el informe Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de los penales, presentado el pasado 28 de octubre por Causa en Común y Perteneces, en México existen 122 mil 549 personas encarceladas sin sentencia condenatoria. Representan el 44.3 por ciento de la población penitenciaria nacional. Además, al menos una quinta parte de quienes permanecen sin sentencia lleva dos años o más esperando una resolución judicial.
La ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, junto con las deficiencias en las investigaciones ministeriales y la lentitud de los procedimientos judiciales, ha contribuido a profundizar el problema. El resultado es un sistema en el que miles de personas permanecen encarceladas sin que exista todavía una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal. Esta circunstancia también obliga a revisar la actuación de fiscalías, jueces y autoridades encargadas de la administración penitenciaria.
En Morelos, la crisis involucra a los centros de Atlacholoaya, Cuautla, Jojutla y Jonacatepec, así como al establecimiento femenil. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las instancias responsables de los derechos humanos enfrentan el desafío de conciliar las exigencias de seguridad con la obligación constitucional de garantizar condiciones dignas de reclusión.
Un dato particularmente revelador es que, de los 689 internos registrados en Jojutla en julio de 2026, un total de 327 permanecía sin sentencia, equivalente al 47.5 por ciento de la población del establecimiento. Esta proporción supera el promedio nacional de 44.3 por ciento y plantea interrogantes sobre la duración de los procesos judiciales, el uso de la prisión preventiva y las alternativas legales para quienes todavía no han sido condenados.
El dato más inquietante es que Morelos no solamente enfrenta una crisis de violencia e inseguridad fuera de las cárceles, sino también un deterioro de las condiciones dentro de ellas. La pregunta que ahora corresponde responder a las autoridades estatales es qué medidas concretas se están aplicando para reducir la sobrepoblación, acelerar la resolución de los procesos penales y evitar que los centros penitenciarios terminen convertidos en espacios donde la reinserción social sea prácticamente imposible.
