La sombra del crimen sobre el poder municipal: cae otro integrante de Los Aparicio en Morelos
La detención de Axel Arturo “N”, conocido como “El Chorejas” y señalado como presunto dirigente de la organización criminal Los Aparicio o Los Huazulco, representa un nuevo capítulo de una historia particularmente inquietante para Morelos: la posible penetración de grupos delictivos en las estructuras del poder municipal, especialmente en Temoac y otras localidades de la región oriente.
El operativo fue realizado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec. El detenido enfrenta acusaciones por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, relacionadas con un ataque armado perpetrado el 25 de julio de 2025 en la comunidad de Huazulco, donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada.
Sin embargo, la importancia de esta captura no radica únicamente en los delitos que se le atribuyen, sino en los antecedentes familiares, políticos y criminales que rodean al personaje. Axel Arturo es hijo de Arturo Romero Aparicio, identificado como fundador de la organización, actualmente recluido en un penal de Puebla, y de Andrea Angelina Zamora Castillo, alias “La Patrona”, quien ocupó la Tesorería del Ayuntamiento de Temoac y también se encuentra encarcelada.
Una familia entre el poder político y las investigaciones criminales
La historia adquiere dimensiones todavía más delicadas al recordar que el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, asesinado el pasado 22 de julio de 2026, estaba emparentado con esta familia. Su esposa, Marisol Romero Zamora, expresidenta del DIF municipal, es hija de los presuntos dirigentes de Los Aparicio y hermana del ahora detenido.
Tras el asesinato del alcalde, la propia Marisol Romero Zamora y Geovany Emmanuel “N”, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal, fueron detenidos por investigaciones relacionadas con extorsión agravada. El caso exhibió una situación extraordinariamente preocupante: familiares de personas investigadas por delincuencia organizada y funcionarios responsables de áreas sensibles del gobierno local aparecieron involucrados en expedientes criminales.
La gravedad del asunto aumentó cuando el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó públicamente que Valentín Lavín Romero era investigado por posibles vínculos con estructuras delictivas y por señalamientos relacionados con homicidios cometidos en la región, incluidos los de activistas sociales. Tales investigaciones no equivalen a una declaración judicial de culpabilidad, pero sí revelan la magnitud de las sospechas que pesaban sobre el entorno político de Temoac.
Un alcalde asesinado y una región bajo presión
El homicidio de Lavín Romero tampoco fue un acontecimiento aislado. En enero de este mismo año había sobrevivido a un atentado cuando circulaba por la carretera México-Oaxaca, a la altura de Amayuca, en Jantetelco. Meses después, dos hombres armados ingresaron a la oficina municipal donde despachaba y lo asesinaron a quemarropa. Su muerte, ocurrida mientras ejercía el cargo, constituyó una de las expresiones más graves de violencia contra una autoridad municipal en Morelos durante 2026.
El asesinato provocó una crisis institucional. La Fiscalía aseguró instalaciones municipales para realizar investigaciones y el gobierno local experimentó cambios en su conducción. La violencia dejó de ser solamente un problema de seguridad pública para convertirse en un factor de inestabilidad administrativa y política, con consecuencias directas para los habitantes de Temoac.
Los señalamientos contra Los Aparicio alcanzan, además, una zona que comprende municipios como Jantetelco, Jonacatepec y Zacualpan de Amilpas, donde las autoridades han investigado actividades relacionadas con extorsión, secuestros, homicidios y distribución de drogas. La existencia de estas investigaciones obliga a examinar el problema desde una perspectiva regional y no exclusivamente municipal.
El verdadero problema: ¿quién controla los ayuntamientos?
Lo verdaderamente alarmante es la posibilidad de que organizaciones criminales no solamente busquen obtener ganancias mediante actividades ilegales, sino también influir en decisiones gubernamentales, aprovechar posiciones administrativas, disponer de información privilegiada y ejercer presión sobre autoridades y comunidades.
Cuando integrantes de una misma familia aparecen relacionados con investigaciones por delincuencia organizada y, simultáneamente, con cargos en la administración municipal, resulta indispensable determinar si existieron mecanismos de protección institucional, beneficios económicos indebidos o interferencias en las corporaciones policiales. Esas responsabilidades deberán demostrarse mediante investigaciones y resoluciones judiciales, no a partir de simples parentescos.
Y aquí surge una pregunta incómoda para las autoridades electorales, los partidos políticos y los gobiernos: ¿qué controles existen para impedir que intereses criminales intervengan en las candidaturas, el financiamiento de campañas o la integración de los ayuntamientos? No basta con detener a presuntos delincuentes cuando éstos ya han construido relaciones con personajes del poder público. También resulta necesario establecer cómo se desarrollaron esas relaciones y por qué no fueron detectadas oportunamente.
El problema adquiere especial relevancia frente al proceso electoral de 2027. Morelos se prepara para renovar sus 33 presidencias municipales y los antecedentes de Temoac muestran la necesidad de extremar las medidas para proteger a candidatos, servidores públicos y ciudadanos frente a posibles presiones criminales. La violencia política no solamente se manifiesta mediante asesinatos y atentados: también puede expresarse a través de amenazas, extorsiones, imposición de intereses y restricciones a la libertad de participación.
Detener a un presunto jefe criminal no significa recuperar el territorio
La aprehensión de “El Chorejas” constituye un avance para las investigaciones, pero sería prematuro interpretar que con ella queda desarticulada toda la organización o desaparecen sus posibles redes de influencia. La experiencia demuestra que las estructuras criminales pueden reorganizarse, sustituir a sus operadores y mantener actividades ilícitas mientras subsistan sus fuentes de financiamiento y sus mecanismos de protección.
El desafío para la Fiscalía de Morelos, las autoridades federales y el gobierno estatal encabezado por Margarita González Saravia consiste en impedir que las capturas se reduzcan a resultados aislados. Se requiere profundizar en las investigaciones patrimoniales, identificar posibles complicidades institucionales, garantizar la seguridad de testigos y víctimas, y recuperar la confianza de las comunidades que han vivido bajo la presión de la violencia.
Porque en Temoac el problema ya rebasó hace mucho los límites de la delincuencia común. La muerte de un alcalde, las investigaciones contra familiares vinculados con la estructura municipal, la detención de un jefe policiaco y ahora la captura de otro presunto dirigente criminal plantean un asunto de enorme trascendencia: hasta dónde pudieron llegar las organizaciones delictivas en su relación con el poder político local.
La respuesta no puede quedar sepultada entre expedientes judiciales. Para los habitantes del oriente de Morelos, y para una entidad que se encamina hacia nuevas elecciones, esclarecer esa relación constituye una condición indispensable para recuperar la seguridad, la autoridad institucional y la libertad de decidir quién debe gobernar.
