Más de veinte ayuntamientos de Morelos, bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción
El fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, informó este lunes que las investigaciones abarcan distintas administraciones municipales y tienen su origen en denuncias relacionadas con posibles actos indebidos de servidores públicos. Entre los asuntos mencionados figuran autorizaciones de licencias, funcionamiento de establecimientos nocturnos, comercio ambulante y decisiones administrativas vinculadas con el predio La Cazahuatera, en Cuernavaca.
En el caso de la capital morelense, el funcionario reconoció la existencia de denuncias ciudadanas que involucran actuaciones de autoridades municipales. No obstante, la apertura de carpetas de investigación no implica que se hayan acreditado delitos ni responsabilidades individuales, pues corresponde al Ministerio Público reunir los elementos necesarios para determinar si existen condiciones para ejercer acción penal.
Díaz Rogel también admitió que algunos procedimientos relacionados con las administraciones estatales de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Graco Ramírez Garrido Abreu enfrentan obstáculos derivados de recursos judiciales promovidos dentro de los respectivos procesos. Estas circunstancias han dificultado el avance de determinados expedientes, sin que ello permita anticipar cuál será su desenlace jurídico.
De acuerdo con información difundida este 9 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas más de 700 carpetas de investigación por distintos asuntos. Esta cifra hace necesario conocer cuántos expedientes corresponden específicamente a administraciones municipales, cuántos han sido judicializados y cuántos han derivado en vinculaciones a proceso o sentencias condenatorias.
El panorama refleja un problema que va más allá de la recepción de denuncias: la capacidad institucional para llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. La cantidad de expedientes abiertos no constituye, por sí misma, un indicador de eficacia contra la corrupción. Por ello, el próximo informe de la Fiscalía Anticorrupción deberá permitir evaluar no solamente cuántos servidores públicos son investigados, sino también qué resultados concretos ha obtenido la institución frente a posibles irregularidades en el manejo de los recursos y las decisiones de gobierno.
