Asesinato de Gabriel Rivas deja al descubierto rezago en videovigilancia de Cuernavaca
El asesinato del regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Ejidos de Acapantzingo, puso al descubierto una de las principales deficiencias del sistema de seguridad de Cuernavaca: la falta de cámaras de videovigilancia en zonas identificadas por su elevada incidencia delictiva. Precisamente donde ocurrió el ataque armado, el sistema C4 carece de equipos de monitoreo, según reconoció Joan Christian Carmona Barón, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
El funcionario reveló que la capital morelense dispone de aproximadamente mil 200 cámaras, cuando la meta establecida por la administración municipal era alcanzar las tres mil 500. Esto representa un cumplimiento cercano al 34 por ciento del objetivo, con un faltante de alrededor de dos mil 300 dispositivos. El rezago plantea interrogantes sobre la planeación, inversión y distribución del equipamiento destinado a prevenir delitos y facilitar las investigaciones criminales.
Carmona Barón también admitió que nueve colonias de Cuernavaca mantienen problemas recurrentes de incidencia delictiva desde hace por lo menos dos años, sin que se hayan observado cambios sustanciales. Entre ellas se encuentra Ejidos de Acapantzingo, donde fue privado de la vida el representante popular, lo que evidencia la necesidad de revisar las estrategias de vigilancia y prevención aplicadas en los sectores considerados de mayor riesgo.
Respecto al homicidio de Rivas Ríos, el funcionario planteó la posibilidad de que los agresores hubieran seguido previamente al regidor y aprovecharan un sitio con escasa presencia policial y circulación de personas para cometer el ataque. Sin embargo, esa apreciación no constituye una conclusión de las investigaciones ministeriales, cuya responsabilidad corresponde a la Fiscalía General del Estado.
El caso también coloca bajo escrutinio a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) y al gobierno municipal, encabezado por José Luis Urióstegui Salgado. Más allá del número de equipos anunciados, resulta necesario establecer cuántas cámaras funcionan realmente, qué presupuesto se ha destinado a su adquisición, cuáles fueron los criterios para seleccionar los puntos de instalación y por qué determinadas colonias con antecedentes delictivos permanecen sin cobertura del C4.
La pregunta de fondo es por qué, después de dos años de identificar zonas con problemas persistentes de inseguridad, Cuernavaca continúa sin garantizar una cobertura suficiente de videovigilancia en esos lugares. El homicidio de Gabriel Rivas Ríos vuelve especialmente urgente una explicación pública sobre los resultados de la estrategia municipal de seguridad y el cumplimiento de las metas de equipamiento anunciadas.
