¡Ay Alfredo cómo eres! Elecciones de 2027 disparan exigencias presupuestales: Impepac y Tribunal Electoral piden casi 615 millones de pesos
Los organismos electorales de Morelos pretenden incrementos de hasta 117 por ciento en sus presupuestos para el próximo año. El Congreso deberá determinar si los recursos solicitados están justificados, en medio de una discusión sobre posibles aumentos de impuestos y nuevas fuentes de financiamiento.
CUERNAVACA, Mor., 15 de noviembre de 2026.— La organización de las elecciones de 2027 en Morelos comienza a representar una considerable presión sobre las finanzas estatales. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) solicitaron conjuntamente 614 millones 841 mil 96 pesos para desarrollar sus actividades durante el próximo ejercicio fiscal.
De acuerdo con el Paquete Económico entregado al Congreso por la administración de Margarita González Saravia, el Impepac pretende obtener 531 millones 397 mil 886 pesos, mientras que el Tribunal Electoral solicitó 83 millones 443 mil 209 pesos. Ambas cantidades forman parte de las propuestas presupuestales que deberán ser analizadas por los diputados antes de su aprobación definitiva.
Uno de los aspectos más relevantes es que, de los recursos requeridos por el Impepac, aproximadamente 171 millones 448 mil pesos corresponden al financiamiento público de los partidos políticos. Esta cantidad representa alrededor del 32 por ciento de su solicitud total, mientras que los restantes 359.9 millones de pesos se destinarían a las actividades institucionales y a la preparación y desarrollo del proceso electoral.
El Gobierno estatal informó que la solicitud del Impepac representa un incremento de 117 por ciento respecto de su presupuesto autorizado para 2026. En el caso del Tribunal Electoral, el aumento pretendido alcanza 86 por ciento, lo que coloca a ambas instituciones entre las que demandan mayores incrementos porcentuales para el próximo año.
El Impepac deberá organizar la renovación de los 36 ayuntamientos y del Congreso del Estado, además de cumplir con las actividades de capacitación, instalación de órganos electorales, contratación de personal, adquisición de materiales y operación de los sistemas necesarios para el desarrollo de los comicios.
Por su parte, el Tribunal Electoral tendrá la responsabilidad de resolver los medios de impugnación y controversias que se presenten durante las distintas etapas del proceso, desde los procedimientos internos de selección de candidaturas hasta las inconformidades relacionadas con los resultados electorales.
La discusión presupuestal adquiere mayor importancia porque el Impepac ya había advertido, durante octubre, que las restricciones sobre una ampliación de recursos para 2026 comprometían la preparación anticipada de las elecciones. El organismo señaló dificultades para contratar inmuebles, adquirir equipo y avanzar en los trabajos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), así como en la instalación de 48 consejos distritales y municipales.
Aquella controversia surgió después de que el Congreso autorizó una ampliación de 26 millones 446 mil pesos, de los cuales 15.9 millones fueron destinados específicamente a actividades electorales. Las condiciones impuestas para utilizar esos recursos provocaron inconformidad entre las consejerías, que argumentaron la necesidad de realizar contrataciones con suficiente anticipación.
El debate sobre el financiamiento electoral se desarrolla dentro de un escenario presupuestal más amplio. El Ejecutivo presentó una propuesta de gasto estatal por 44 mil 476 millones 636 mil pesos para 2027, equivalente a un incremento nominal de 11.59 por ciento respecto del presupuesto autorizado para el presente año.
Sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas advirtió que las solicitudes adicionales de poderes y organismos autónomos obligarán al Congreso a revisar las fuentes de financiamiento. Entre las alternativas planteadas dentro del paquete económico aparecen modificaciones a diversas contribuciones estatales y previsiones de financiamiento, cuya aprobación todavía no está definida.
De esta manera, los diputados deberán resolver no solamente cuánto dinero recibirán las autoridades electorales, sino también si los incrementos solicitados corresponden a necesidades operativas comprobables y si resultan compatibles con las prioridades de seguridad, salud, educación y servicios públicos.
La revisión adquiere especial relevancia por los 171.4 millones de pesos previstos para las prerrogativas partidistas, recursos que forman parte del financiamiento público establecido por la legislación electoral y cuyo cálculo debe sujetarse a las fórmulas legales correspondientes.
El Congreso tiene como fecha límite el 15 de diciembre para aprobar el presupuesto estatal de 2027. Hasta entonces, las cantidades solicitadas por el Impepac y el Tribunal Electoral permanecerán sujetas a posibles modificaciones.
La próxima contienda electoral todavía no comienza formalmente en las urnas, pero su primera gran discusión ya se encuentra en el Congreso: cuánto costará organizarla, cuánto recibirán los partidos y de dónde saldrá el dinero para financiarla.
