MANIFESTACIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN REGIONES
CINTARAZOS
Por Guillermo Cinta Flores
Martes 08 de octubre de 2024
El tema del control territorial por parte del crimen organizado en México es complejo y varía según la región.
Aunque no se puede afirmar que el crimen organizado gobierna oficialmente en algunas regiones del país, sí se ha reportado que en ciertas áreas ejercen una influencia considerable sobre las comunidades locales y tienen un control significativo sobre actividades económicas, sociales y políticas.
El control del crimen organizado en algunas regiones de México se manifiesta de diversas maneras, influyendo en múltiples aspectos de la vida cotidiana, económica y política.
Muchos morelenses tenemos mucha experiencia respecto a la influencia de grupos criminales, mientras la incidencia delictiva siempre presenta vaivenes, pero nunca su erradicación.
Los cuatro pilares que teóricamente sostienen un sistema integral de seguridad pública han fallado en Morelos. Me refiero a la prevención del delito y la disuasión de los hechos ilegales, en lo cual tienen especial relieve las corporaciones policíacas, presuntamente apoyadas por la Guardia Nacional y el Ejército; luego sigue la persecución de los delitos y la procuración de justicia, a cargo de la Fiscalía General de Morelos; después viene la impartición o administración de justicia, a través de los juzgados penales; y finalmente la readaptación o reinserción social que, tal como lo acabamos de ver en el CERS de Atlacholoaya, ha fallado. Falta por conocerse la verdadera situación de los demás penales de la entidad.
Las siguientes son algunas formas clave en las que se expresa el control por parte del crimen organizado sobre ciertas regiones de Morelos: cobro de derecho de piso y extorsiones; narcotráfico y economía ilegal; imposición de “normas” y “justicia”, con la violencia como método de control y la regulación forzada de actividades sociales; control político y cooptación, lo cual va desde la imposición de candidatos y la influencia en gobiernos municipales; desplazamiento forzado y migración; debilitamiento de las instituciones del estado, que implica la infiltración en las fuerzas de seguridad, así como las amenazas, atentados y hasta asesinato de comunicadores; restricciones de movilidad, verbigracia a través de toques de queda y la imposición de ciertos cultivos.
La resultante de este escenario es la normalización de la violencia y la frecuente incorporación de jóvenes a las filas del crimen organizado.
El control del crimen organizado en ciertas regiones se ha visto exacerbado por la debilidad institucional y la falta de presencia efectiva del Estado, creando un vacío que estos grupos llenan, a menudo operando en paralelo o por encima de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Durante la conferencia de prensa mañanera de este martes, ofrecida por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Auxilio Ciudadano, Omar García Harfuch, presentó una nueva estrategia nacional de seguridad, que consiste básicamente en la atención de las causas de los delitos, la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación (que deberá abarcar reformas constitucionales) y coordinación absoluta en el gabinete de seguridad. Ya veremos como se ejecutan las nuevas políticas que sustituirán a “los abrazos” del anterior presidente.
