LA SIMULACIÓN EN LAS FISCALÍAS: UN PASO HACIA LA TRANSPARENCIA O UN RETROCESO EN LA JUSTICIA
LA CRÓNICA DE MORELOS. Viernes 20 de junio de 2025.
EDITORIAL
La reciente propuesta de los legisladores federales de Morena para devolver a los gobernadores el control total sobre las Fiscalías Generales de Justicia en los estados ha reavivado el debate sobre la autonomía de estas instituciones. En Morelos, la historia es un reflejo de lo que ocurre en muchas entidades: la reforma de 1998, que otorgó al Congreso local la facultad de designar al fiscal a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo, prometía independencia, pero en la práctica se convirtió en una simulación.
El caso de Edgar Antonio Maldonado Ceballos, actual Fiscal General de Morelos, ilustra cómo la gobernadora Margarita González Saravia mantuvo un control decisivo sobre su nombramiento. La reforma propuesta por Morena, al eliminar esta fachada de autonomía, podría ser vista como un acto de honestidad política al reconocer que los gobernadores ya ejercen un control de facto. Sin embargo, la pregunta es si este cambio fortalece o debilita aún más la impartición de justicia.
La autonomía técnica de una fiscalía implica que sus decisiones se basen en criterios profesionales, basados en evidencia y apego a la ley, sin injerencia política. En un sistema ideal, los fiscales deben contar con recursos suficientes y personal capacitado para investigar y perseguir delitos de manera objetiva, sin presiones de los poderes ejecutivos o legislativos.
En Morelos, como en otros estados, la falta de esta autonomía se traduce en investigaciones sesgadas, retrasos en la procuración de justicia y una percepción de impunidad. La reforma de Morena, al consolidar el control del Ejecutivo estatal, podría agravar esta situación si no se acompaña de mecanismos que garanticen la profesionalización y la independencia operativa de las fiscalías. Sin un contrapeso real, el riesgo es que los gobernadores utilicen estas instituciones para proteger aliados o perseguir opositores, perpetuando un sistema donde la justicia queda subordinada al poder político.
La autonomía administrativa, por su parte, requiere que las fiscalías gestionen sus presupuestos, personal y recursos sin depender de las decisiones arbitrarias del Ejecutivo. En la práctica, en estados como Morelos, los fiscales suelen estar atados a las prioridades del gobernador en turno, lo que limita su capacidad para actuar con libertad. Una fiscalía autónoma debería tener un presupuesto garantizado, asignado de manera transparente y suficiente para cumplir con sus funciones, así como un sistema meritocrático para la selección y promoción de su personal.
La reforma propuesta no aborda estas cuestiones y, al contrario, podría reforzar la dependencia de las fiscalías al centralizar el poder en los gobernadores, eliminando incluso la simulación de un proceso de selección plural a través del Congreso.
La independencia de las fiscalías no solo se refiere a la técnica y administrativa, sino también a su capacidad para actuar sin temor a represalias políticas o económicas. Esto incluye proteger a los fiscales de destituciones arbitrarias y garantizar que sus decisiones no estén condicionadas por intereses partidistas o presiones externas. En el contexto de Morelos, el caso de Maldonado Ceballos evidencia cómo la autonomía es una quimera cuando el fiscal debe su cargo a la voluntad del Ejecutivo. Para lograr una verdadera independencia, sería necesario establecer un mecanismo de designación que involucre a la sociedad civil y organismos independientes, así como blindar a los fiscales contra injerencias políticas mediante periodos fijos y no renovables, acompañados de una supervisión ciudadana efectiva.
La reforma impulsada por Morena, aunque podría eliminar la simulación al reconocer el control real de los gobernadores, no ofrece una solución integral para fortalecer la justicia en México. Si bien la transparencia sobre quién controla las fiscalías puede ser un primer paso, el riesgo de consolidar un sistema donde el poder político domine la procuración de justicia es alto.
Para que las fiscalías sean verdaderamente autónomas, se necesita un rediseño profundo que priorice la profesionalización, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En Morelos y en todo el país, la justicia no puede seguir siendo rehén de los intereses del poder en turno. La ciudadanía merece un sistema que garantice imparcialidad, eficacia y verdadera independencia, no una simulación maquillada ni un retroceso que concentre aún más el poder.
