EL HUACHICOL FISCAL EN MÉXICO: UN ROBO SOFISTICADO CON RAÍCES PROFUNDAS
LA CRÓNICA DE MORELOS
Viernes 12 de septiembre de 2025
E D I T O R I A L
El término “huachicol” evoca imágenes de ductos perforados y bidones de gasolina robada, pero el huachicol fiscal es una forma más sofisticada de fraude que ha sangrado al erario mexicano por décadas. A diferencia del robo físico de combustible, este esquema implica el contrabando de hidrocarburos importados, principalmente desde Estados Unidos, utilizando documentos falsos para evadir impuestos como el IEPS y el IVA. Se declaran como “lubricantes” o “aditivos” para evitar aranceles, y luego se venden como gasolina o diésel en el mercado interno a precios competitivos. Las pérdidas actuales se estiman en 170-177 mil millones de pesos anuales, un golpe brutal a las finanzas públicas.
Aunque el término “huachicol fiscal” se popularizó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), sus orígenes son más antiguos. Expertos, como los de PETROIntelligence, lo rastrean hasta finales de los años 90, cuando las importaciones de combustibles comenzaron a crecer. En esa época, México aún dependía en gran medida de Pemex, pero el contrabando ya aprovechaba vacíos legales en aduanas. No fue hasta la liberalización del mercado energético, iniciada tímidamente con Felipe Calderón (2006-2012), que el problema tomó forma moderna.
La reforma energética de Enrique Peña Nieto (2012-2018) marcó un punto de inflexión. Al abrir el mercado a empresas privadas en 2016, las importaciones de combustibles se dispararon. Esto creó un “diferencial de precios” con EE.UU., donde la gasolina era más barata, incentivando el contrabando. Los traficantes importaban combustible, lo declaraban como productos no gravados y lo vendían en México con márgenes de ganancia enormes. En este periodo, el huachicol fiscal llegó a representar hasta el 30 por ciento del mercado de combustibles, según estimaciones de la industria. Imaginen ustedes la cantidad de nuevos ricos que se generó durante aquellos años.
En el sexenio de López Obrador, el huachicol fiscal saltó al centro del debate. El gobierno militarizó las aduanas en 2020 y creó una unidad especial para combatirlo, decomisando millones de litros de combustible ilegal. Sin embargo, las pérdidas acumuladas entre 2018 y 2024 superaron los 800 mil millones de pesos, según datos oficiales. Casos como el del buque Challenge Procyon este año, con 10 millones de litros decomisados en Tampico bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, muestran que el problema persiste.
¿Y qué hay de épocas más lejanas, como la de Jorge Díaz Serrano (director de Pemex de 1976 a 1981)? En ese tiempo, el “huachicol tradicional” —robo directo de ductos— ya existía. Durante el boom petrolero del sexenio de López Portillo, se documentaron extracciones ilegales para beneficiar a empresarios y gobiernos locales ligados al PRI. Sin embargo, el huachicol fiscal, tal como lo conocemos, no era viable entonces: las importaciones eran mínimas y Pemex controlaba el mercado. El fraude fiscal en combustibles era más rudimentario, sin la escala ni la sofisticación actual.
¿El huachicol fiscal “nació” con AMLO? Esto tiene una respuesta clara: no. Es un problema heredado, potenciado por la apertura del mercado energético y la falta de controles estrictos en aduanas. Aunque el gobierno de la 4T lo visibilizó y combatió con fuerza, los resultados han sido mixtos. Las redes de contrabando, que involucran a empresas fantasma y funcionarios corruptos, son resilientes y se adaptan rápidamente.
Hoy, en 2025, el huachicol fiscal sigue siendo un desafío para el gobierno de Sheinbaum. Las medidas actuales, como el reforzamiento de aduanas y la colaboración con la Marina, buscan cerrar las brechas, pero el volumen del contrabando no cede. La digitalización de los procesos aduaneros y el uso de inteligencia artificial para detectar fraudes son propuestas en la mesa, pero requieren tiempo y coordinación. Mientras tanto, cada litro de combustible ilegal que entra al país es un recordatorio de la fragilidad del sistema.
Así las cosas, el huachicol fiscal no es un invento reciente, sino un monstruo que creció en las sombras de la liberalización energética. Desde los 90 hasta hoy, ha evolucionado, aprovechando la globalización y la corrupción. Combatirlo exige no solo fuerza, sino estrategia: cerrar aduanas al fraude sin ahogar el comercio legítimo. México sigue pagando el costo de no haber actuado a tiempo, y la factura, por ahora, sigue creciendo.
