TRUMP VS. SHEINBAUM: LA RAÍZ DEL NARCO QUE DIVIDE A DOS VECINOS
En las recientes semanas de este aciago mes, el primero del nuevo año que se está presentando como bastante problemático, la relación bilateral entre Estados Unidos y México entró en una fase de máxima tensión. El presidente Donald Trump intensificó su retórica contra los cárteles mexicanos, declarando que “los cárteles controlan México” y que ha llegado el momento de “atacar por tierra” para erradicar el problema.
Tras el éxito de la operación quirúrgica en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, Trump ha extendido su mirada al sur: “Hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que llegan por mar, y ahora vamos a empezar a actuar contra los cárteles en tierra”. Para Washington, el fentanilo que mata a cientos de miles de estadounidenses cada año no es solo un negocio criminal: es una amenaza de seguridad nacional que justifica acciones “contundentes”.
Pero ¿qué significa exactamente “erradicar el problema en su raíz”? No se trata de capturas aisladas, decomisos récord o extradiciones de capos —acciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado con mayor énfasis que su predecesor—. Trump y su equipo ven en estas medidas un tratamiento de síntomas: cortan ramas, pero la planta sigue creciendo.
Atacar la raíz implica, en su visión, destruir por completo la estructura de los cárteles: eliminar sistemáticamente a sus líderes de alto nivel, demoler su capacidad productiva (laboratorios, campos de amapola, rutas de precursores químicos), cortar sus flujos financieros de lavado de dinero y, sobre todo, arrebatarles el control territorial que ejercen en amplias zonas del país. Si México no lo hace con suficiente fuerza y rapidez, Estados Unidos está dispuesto a intervenir directamente —con drones, operaciones especiales o incluso incursiones terrestres—, amparado en la designación de varios cárteles como organizaciones terroristas extranjeras desde inicios de 2025.
Capturar y procesar a funcionarios corruptos que encubren o se benefician del narco forma parte esencial de “erradicar el problema en su raíz”, aunque no sea el enfoque principal que Trump y su administración destacan en su retórica actual. Desde la perspectiva estadounidense —especialmente la de Trump—, atacar la raíz implica principalmente destruir la infraestructura operativa de los cárteles (líderes, laboratorios, rutas, control territorial) mediante acciones militares directas y contundentes, ya que ven el problema como una amenaza terrorista externa que México no ha podido (o no ha querido) neutralizar por completo.
Sin embargo, analistas y expertos en seguridad bilateral coinciden en que la corrupción de funcionarios públicos es uno de los pilares fundamentales que permiten la supervivencia y regeneración de los cárteles: protección política, filtración de información, impunidad judicial y redes de lavado que sostienen su poder económico. Sin desmantelar esa complicidad interna —es decir, sin procesar penalmente a alcaldes, policías, jueces o altos funcionarios coludidos—, cualquier golpe contra los narcos será temporal, como cortar ramas de una planta que sigue arraigada en suelo fértil.
En el gobierno de Sheinbaum se han dado pasos en esa dirección, como la “Operación Enjambre” contra funcionarios locales coludidos en el Estado de México, decomisos y detenciones que incluyen redes de corrupción, y propuestas para endurecer el marco legal contra la corrupción como violación a derechos humanos. Aun así, la presión de Washington se centra más en resultados visibles y rápidos contra los cárteles mismos, no tanto en una purga interna exhaustiva que podría desestabilizar estructuras políticas mexicanas. Por eso, para muchos observadores, erradicar verdaderamente la raíz requeriría ambos frentes: cirugía militar contra los narcos y cirugía judicial contra la narcopolítica. Sin el segundo, el primero corre el riesgo de ser insuficiente y de agravar tensiones soberanas sin resolver el problema de fondo.
Desde el lado mexicano, la respuesta ha sido clara y unánime: soberanía no se negocia. Sheinbaum ha rechazado cualquier intervención militar extranjera, recordando que “la historia de América Latina es clara y contundente: la intervención nunca ha traído democracia, ni bienestar ni estabilidad duradera”. En conferencias matutinas recientes, la presidenta ha defendido las acciones de su gobierno —aumento en detenciones, decomisos históricos y traslados de líderes criminales a Estados Unidos— y ha enfatizado que la cooperación bilateral debe ser de coordinación, no de subordinación.
Tras las declaraciones más agresivas de Trump, Sheinbaum incluso sostuvo una llamada con él este 12 de enero para abordar “la seguridad con respeto a nuestras soberanías”, el comercio y la disminución del tráfico de drogas.
El choque es profundo y asimétrico. Trump ve a México como un “narcoestado” donde los cárteles superan al gobierno en poder real; Sheinbaum defiende que su administración está combatiendo activamente, pero sin ceder a presiones externas que violen la Constitución y la doctrina Estrada. La escalada incluye amenazas de aranceles, designaciones terroristas que facilitan acciones unilaterales y un contexto pos-Venezuela que hace creíbles los escenarios más duros.
En el fondo, la disputa revela dos visiones opuestas del problema: para Washington, la raíz está en el territorio mexicano y requiere cirugía inmediata, incluso si implica violar fronteras; para México, la raíz es multifactorial —demanda estadounidense, precursores chinos, corrupción interna— y solo se ataca con inteligencia, justicia y soberanía intacta. Mientras tanto, el fentanilo sigue fluyendo y las víctimas se acumulan en ambos lados de la frontera.
La pregunta que queda flotando en el aire es si la presión de Trump logrará resultados reales o solo profundizará una crisis diplomática que nadie —ni en la Casa Blanca ni en Palacio Nacional— puede permitirse. La raíz del narco no se arranca con bravatas ni con negativas absolutas: requiere voluntad compartida. Por ahora, esa voluntad parece más lejana que nunca.
