A LA 4T: NINGÚN PRESUPUESTO LE ALCANZA

CRÓNICA DE MORELOS
20 de octubre 2026
Eduardo Ángel Cinta Flores
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La carencia de dinero es el común denominador en la problemática económica de México que se deriva de la aprobación inmediata en Fast Track de los presupuestos de los gobiernos federal y estatales en sus respectivos Congresos, sin ninguna revisión analítica que los critique y los enmiende.

El presupuesto de la federación en la actualidad es aprobado por el Poder Legislativo “como viene” en “fast track” sin que se permita a los legisladores evaluarlo más allá de una visión partidista y así poder dotar de recursos reales y suficientes al Ejecutivo. En el año 2025 dos partidas del presupuesto federal, la Auditoria Fiscal de la Federación y la Suprema Corte de la Nación fueron valoradas con los mismos importes que se aprobaron en el presupuesto del 2017, ¡ocho años antes! frenando una buena y cumplida actuación en ambas dependencias al faltarles 47.05% de dinero.

Los decretos presidenciales en México emitidos de forma visceral y sin una planeación técnica, presupuestal o legal sólida suelen generar costos económicos de miles de millones de pesos, disputas legales prolongadas y desconfianza en los mercados de inversión.

Históricamente, los “decretazos” que se implementan de manera acelerada impactan las finanzas públicas, siempre han estado presionadas debido a la alta inversión en megaproyectos de infraestructura, entre muchos, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca (El Insurgente) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Está demostrado que estas obras han superado significativamente sus presupuestos originales y que su rentabilidad a largo plazo es incierta, lo que ha limitado el margen de maniobra fiscal del gobierno para atender otras áreas prioritarias como la salud, la educación y la seguridad.

Cuando un decreto interrumpe proyectos en marcha o modifica reglas operativas sin una planeación de costo-beneficio, repercute en la admisión de pérdidas directas masivas. Tal fue el caso del decreto de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México que costó oficialmente más de 113,000 millones de pesos según la Auditoría Superior de la Federación, debido al pago de bonos, liquidación de contratos y deudas de infraestructura. El principal acreedor por este tema es Grupo Carso, Carlos Slim ha confiado en AMLO desde principios de siglo, invirtió muchísimo dinero en la construcción del aeropuerto que daría un plus a la economía de México y que por el egoísmo y rechazo del Macuspano a lo realizado por sus antecesores fue cancelado dejando al país en riesgo de pérdida de grado de inversión que actualmente padece.

Existen decretos y reformas originados en la administración de AMLO para fortalecer a las quebradas empresas públicas de CFE y PEMEX, así como el que prohibió la comercialización del maíz genéticamente modificado para consumo humano, han creado distanciamiento comercial con el T-MEC poniendo en riesgo de imposición de aranceles sancionatorios a exportaciones mexicanas. Las decisiones ejecutivas para redimir sectores o subsidiar combustibles como los estímulos complementarios al IEPS, impuesto federal que se paga por la producción de tabaco, alcohol y combustibles, así como los rescates repetidos a PEMEX, llegan a costar cientos de miles de millones de pesos anuales, que junto con el huachicol merman los ingresos del país.

Estos cambios drásticos en las reglas del juego mediante decretos de última hora han originado que Inversionistas extranjeros prefieran mercados con mayor certeza jurídica.

Proyectos insignia como el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas decretados “de seguridad nacional” para evadir trámites ambientales y de planeación han caído en costos que duplicaron o triplicaron las estimaciones originales carentes de transparencia.

Un caso tangible de falta de planeación federal, es el Instituto Mexicano del Seguro Social el que ha sido rebasado de ser un organismo público descentralizado del Estado mexicano con personalidad jurídica y patrimonio propios, con una administración de forma tripartita, integrada por el Gobierno Federal, los patrones y los trabajadores. Ahora impositivamente le acumulan un adefesio público llamado IMSS-BIENESTAR que duplicaría al censo de derechohabientes sin recursos para su admisión y atención.

Las consecuencias económicas y fiscales asociadas al exceso del gasto público durante las administraciones de la Cuarta Transformación como: el incremento de la deuda pública bruta de aproximadamente 10.31 billones de pesos en 2018 a montos superiores a los 20.2 billones de pesos en 2026, en ocho años la Cuarta T duplicó la deuda que fue acumulada en 200 años por anteriores gobiernos, la presión presupuestal por proyectos insignia que han registrado incrementos excesivos en sus costos originales y no son financieramente autosuficientes en el corto plazo y requieren de continuas asignaciones de subsidios federales para mantener su operación, han limitado el espacio presupuestario disponible para inversión física y para robustecer áreas clave del desarrollo social como los sistemas públicos de salud, educación.

Cubrir el impacto económico que representa la sostenibilidad de los programas sociales de la Cuarta Transformación en México, como la Pensión para el Bienestar o Jóvenes Construyendo el Futuro que absorbe sumas históricas cercanas al billón de pesos, aproximadamente el 3% del PIB, son obligaciones financieras permanentes para el Estado que pueden comprometer la estabilidad fiscal del país en el mediano plazo.

Todo lo narrado y mucho más forma la problemática económica de México que requiere una planeación estratégica y coordinada entre el Estado, el sector privado y la sociedad, que debe tener una actuación sensata, responsable y comprometida de la Cuarta Te acatando el dogma administrativo de “No se controla lo que no se planea”

Amigos, como siempre les dejo un afectuoso saludo.