Abierta la herida por los asesinatos de jóvenes estudiantes de la UAEM
La detención de Francisco Javier “N”, señalado por la Fiscalía de Morelos como probable responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, representa un avance importante en ese expediente, pero no cierra la crisis que sacude a la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por el contrario, las movilizaciones de los últimos días reabrieron heridas que ya estaban presentes antes del asesinato de la estudiante española y que habían dado origen a Resistencia Estudiantil UAEM, movimiento surgido en medio de reclamos por seguridad, violencia de género y otras demandas que mantuvieron paralizadas actividades universitarias durante semanas.
El propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, colocó nuevamente los otros casos sobre la mesa este viernes. Durante la conferencia presidencial expresó condolencias por los feminicidios de las estudiantes Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera, y sostuvo que la responsabilidad gubernamental es actuar para esclarecer los hechos, detener a los responsables y “combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”.
La declaración adquiere especial relevancia porque la captura relacionada con el caso Claudia demuestra lo que puede ocurrir cuando se concentran capacidades institucionales: participaron autoridades estatales y federales, hubo trabajos de inteligencia, revisión de videograbaciones, colaboración ciudadana y finalmente un operativo que permitió ejecutar la orden de aprehensión cinco días después del crimen. Esa capacidad de respuesta es precisamente la que ahora reclaman sectores universitarios para los demás asesinatos que siguen pesando sobre la comunidad de la UAEM.
El conflicto universitario, por lo tanto, no comenzó con Claudia. Meses antes de su asesinato ya existía una inconformidad que desembocó en protestas y en la aparición de Resistencia Estudiantil UAEM. El feminicidio de la joven española funcionó como detonador de una nueva movilización y devolvió al primer plano demandas relacionadas con seguridad, atención a la violencia contra las mujeres y resultados institucionales. Incluso este viernes integrantes del movimiento sostuvieron públicamente que no habían tenido acercamiento con autoridades universitarias ni estatales.
En este escenario existen responsabilidades distintas que no deben confundirse. A la rectora Viridiana León Hernández corresponde responder desde el ámbito universitario a las demandas de seguridad, prevención, acompañamiento y protocolos que reclaman los estudiantes. Al fiscal general Fernando Blumenkron Escobar corresponde otra tarea igualmente concreta: avanzar en las investigaciones penales, determinar responsabilidades y llevar ante los tribunales a quienes hayan participado en los crímenes. La Universidad no sustituye a la Fiscalía y la Fiscalía tampoco puede resolver los problemas internos de la Universidad.
La captura de Francisco Javier “N” podría convertirse así en un punto de comparación inevitable. Si el Estado pudo movilizar rápidamente recursos y coordinación para investigar el feminicidio de Claudia, las familias de las otras estudiantes tienen razones para preguntar qué resultados existen en sus expedientes. García Harfuch volvió a pronunciar públicamente sus nombres este viernes y, con ello, los colocó nuevamente en la conversación nacional.
El desafío para la UAEM y para las autoridades de procuración de justicia será evitar que la detención relacionada con Claudia produzca solamente un cierre momentáneo de la presión pública. Las movilizaciones recientes no crearon la inconformidad universitaria: la hicieron visible nuevamente. Mientras permanezcan asesinatos de estudiantes sin pleno esclarecimiento y demandas universitarias pendientes, la herida que dio origen a Resistencia Estudiantil seguirá abierta.
