BLOQUEAR CARRETERAS SALE GRATIS: LA LEY EXISTE, PERO NADIE SE ATREVE A APLICARLA
Durante décadas, en México hemos terminado por aceptar como normal algo que no debería serlo: que un grupo, una organización, un sindicato o un partido político pueda cerrar una carretera, paralizar una ciudad y convertir en rehenes a miles de ciudadanos para presionar por la solución de sus demandas. La premisa parece sencilla: causar el mayor daño posible para obligar a la autoridad a ceder. Y casi siempre funciona, entre otras razones, porque quienes recurren a estos métodos parten de una certeza construida durante años: difícilmente habrá consecuencias.
Lo ocurrido este miércoles en Cuernavaca volvió a poner el problema sobre la mesa. Los bloqueos alcanzaron distintos puntos de la ciudad y uno de los episodios más graves ocurrió sobre la Autopista del Sol, a la altura del denominado Puente sin Fin, donde fue interrumpida una vía federal. Automovilistas, transportistas, trabajadores, estudiantes, pacientes y familias quedaron atrapados en un conflicto que no era suyo. Otra vez los ciudadanos terminaron pagando la factura de una disputa ajena.
El Gobierno de Morelos señaló públicamente a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez y a personas identificadas con el Partido del Trabajo por su participación en las movilizaciones. La legisladora negó que el PT hubiera organizado los bloqueos, aunque reconoció su respaldo a las protestas. Esa diferencia es importante: una cosa es la responsabilidad política que cada quien quiera asumir y otra la responsabilidad penal, que solamente puede determinar una autoridad mediante una investigación y con pruebas sobre la participación concreta de cada persona.
Pero aquí aparece la pregunta incómoda: ¿se investigará realmente lo ocurrido?
Porque la ley existe. La Ley de Vías Generales de Comunicación contiene disposiciones para sancionar determinadas conductas que dañen o interrumpan vías y servicios federales, con penas que pueden alcanzar hasta siete años de prisión. Su aplicación depende de la conducta específica y de que se acrediten los elementos previstos en la legislación; no todo bloqueo puede colocarse automáticamente bajo la misma hipótesis penal. Además, la protesta pacífica, la libertad de expresión y el derecho de reunión cuentan con protección constitucional.
Una cosa, sin embargo, no debería anular la otra. El derecho a protestar no puede interpretarse como un derecho ilimitado para perjudicar a terceros. Mucho menos debería convertirse en patente de corso para cerrar durante horas una autopista, impedir el libre tránsito y utilizar a miles de personas como instrumento de presión. Los derechos de quienes protestan importan; también importan los de quienes necesitan llegar a su trabajo, trasladar a un enfermo, entregar mercancías, acudir a una cita o simplemente circular por una carretera.
El verdadero problema mexicano está en otro lado: durante demasiado tiempo los bloqueos han sido políticamente tolerados. Gobiernos de distintos partidos han preferido negociar antes que asumir el costo de aplicar la ley. Se instala entonces un círculo perverso: quien protesta descubre que cerrar una calle produce más resultados que manifestarse sin afectar a terceros; después descubre que cerrar una avenida resulta todavía más eficaz; finalmente aprende que paralizar una carretera federal multiplica la presión. Y si no existe consecuencia alguna, el método se reproduce.
No sería correcto sostener que jamás se ha procedido penalmente por la interrupción de carreteras federales. Existen antecedentes recientes de investigaciones y procesos de la Fiscalía General de la República relacionados con bloqueos. Precisamente por ello la pregunta adquiere mayor relevancia: ¿con qué criterio se decide investigar unos casos y dejar pasar otros? La aplicación de la ley no puede depender del membrete, del partido, de la organización ni del poder político de quienes encabezan una movilización.
En el caso de Morelos, corresponde deslindar responsabilidades. Si existen elementos que indiquen que determinadas personas organizaron, promovieron o participaron materialmente en conductas previstas por la legislación federal, que la autoridad investigue y determine lo conducente. Y si no existen esos elementos, que también quede establecido. Lo que resulta inadmisible es que ni siquiera se investigue porque políticamente sea más cómodo esperar a que pase el escándalo.
Ese ha sido precisamente nuestro problema durante décadas. Cada bloqueo termina cuando se firma una minuta, se instala una mesa de negociación o los manifestantes deciden retirarse. Después se liberan las calles, vuelven a circular los automóviles y todos nos vamos a casa. Los miles de ciudadanos afectados no reciben explicación, reparación ni siquiera una disculpa. Y quienes organizaron la presión se quedan con una enseñanza peligrosísima: funcionó.
Aplicar la ley no significa criminalizar la protesta social. Significa establecer una frontera clara entre ejercer un derecho y afectar deliberadamente los derechos de los demás. Un Estado democrático tiene la obligación de garantizar ambos: permitir que alguien se manifieste contra el gobierno y garantizar que quien nada tiene que ver con esa protesta pueda transitar libremente.
Por eso lo sucedido el miércoles representa una prueba que va mucho más allá del Partido del Trabajo y del Gobierno de Morelos. Es una prueba para el Estado mexicano. La pregunta no es si tiene leyes suficientes. Las tiene. Tampoco si cuenta con instituciones capaces de investigar. Las tiene. La verdadera pregunta es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más difícil de responder:
¿tendrá finalmente la determinación política para aplicarlas?
Porque mientras la respuesta siga siendo el silencio, en México continuará prevaleciendo una regla no escrita que todos conocen: bloquear calles, carreteras y autopistas puede causar enormes daños a miles de inocentes, pero para quienes lo hacen, demasiadas veces, sale gratis.
